Regular el alquiler, la principal exigencia de Barcelona a Sánchez

El Ayuntamiento de Barcelona aguarda la toma de posesión del Gobierno del presidente Pedro Sánchez para desencallar cuestiones que afectan a la ciudad y que llevan años pendientes. La lista de prioridades que señalan la alcaldesa, Ada Colau, y su socio de gobierno, el socialista Jaume Collboni, la encabeza la regulación de las subidas del alquiler. Pero también figuran cuestiones como la financiación del transporte público, la capitalidad cultural, la mejora de la financiación local, la política de acogida de refugiados, el fomento de la competitividad económica o la creación de una “Agenda Barcelona”.

El Consistorio barcelonés tiene incluso preparadas las cartas para solicitar interlocución a los ministros en cuanto el flamante gobierno esté operativo. En el organigrama municipal, el responsable de las relaciones institucionales es Collboni, que tendrá en el Consejo de Ministros a quien fue su mano derecha en el Ayuntamiento durante el mandato pasado: Salvador Illa, ministro de Sanidad. Las que siguen son las principales peticiones.

Regular los alquileres. Ha pasado más de un año desde que Colau y Sánchez desayunaron en Barcelona el día que el Ejecutivo español celebró un Consejo de Ministros en la ciudad. Allí, el presidente se comprometió a regular los alquileres. Ahora está explícitamente escrito en el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. Colau insiste hoy en que es su prioridad: “Frenar las subidas abusivas”. “Tenemos el compromiso de regular, desde Barcelona hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, hemos estudiado qué han hecho otras ciudades, hemos impulsado el índice de precios… Está todo preparado y esperamos que en los próximos meses se produzca el cambio legislativo”, señala. La alcaldesa recuerda que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, pero confía en el voto de ERC.

Lucha contra la contaminación y el cambio climático. Es el epígrafe con el que la alcaldesa titula “un segundo capítulo” de recuperación de inversiones en el transporte público. Aquí contempla revertir recortes en la financiación del transporte metropolitano y la red de Rodalies, y que el presupuesto del gobierno incluya un “plan de infraestructuras que refuercen las más sostenibles”. La estación de la Sagrera, es el gran ejemplo. “Necesitamos inversiones en transporte público para combatir el uso del vehículo privado”, reclama Colau, que también propondrá una mesa con todos los niveles institucionales para abordar la reducción de emisiones, una actuación en la que la alcaldesa exige que participe todo el mundo: ciudadanía, empresas e infraestructuras. Y aquí entran el Puerto y el aeropuerto de Barcelona.

Capitalidad cultural. Tanto Colau como Collboni convienen que Barcelona es, de facto, capital cultural, por los equipamientos de primer nivel que hay en la ciudad y los visitantes que reciben: desde el Liceo o el Palau de la Música hasta el Museo Picasso o el Macba, pasando por el Mnac. El convenio de 15 millones de euros que aportaba el Gobierno central desde 2003 finalizó en 2013 y no se ha vuelto a firmar, lo que consideran “un agravio comparativo”. La alcaldesa subraya, además, “que la apuesta por la cultura en un momento político de recuperación de los puentes de diálogo es un doble mensaje de reconocimiento a la ciudad”.

Mejora de la financiación local. El Ayuntamiento de Barcelona es de los más saneados de España, saca buenas notas en las calificaciones de agencias internacionales y mantiene la deuda a raya. Pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), conocida como Ley Montoro, lastra su capacidad de gasto o de contratación de empleados. En este contexto, la relajación de los límites de gasto son otra de las peticiones de Barcelona al nuevo gobierno

Presupuestos para la agenda social. Colau lamenta que “el procés ha paralizado la agenda social” y reclama que “las ciudades necesitan urgentemente presupuestos” para afrontar el gasto en servicios sociales, dependencia o educación.

Acogida a refugiados. La alcaldesa recuerda que las ciudades afrontan “solas y sin competencias” la acogida a refugiados y migrantes y exige al Gobierno que descentralice la atención para que las ciudades puedan gestionar los fondos estatales.

Una “Agenda Barcelona”. Esta es una de las cuestiones que defiende Collboni desde hace años. Mantiene que “igual que el Gobierno español debe tener una agenda catalana, también debe tener una Agenda Barcelona, propia de la ciudad, para fijar un proyecto para Barcelona en materia de inversiones, competitividad o capitalidad cultural”. Y más allá de Barcelona, el primer teniente de alcalde entiende que el Gobierno debe “abordar la agenda urbana, porque las ciudades son los motores económicos y también donde se afrontan los grandes retos”, como la movilidad, el cambio climático o las desigualdades. Cuando habla de la “Agenda Barcelona”, el socialista va más allá de sus 1,6 millones de habitantes, y piensa en el Área Metropolitana, los tres millones de personas que suman las 35 ciudades de su entorno.

Competitividad. En esta agenda tienen un gran peso las acciones que pueda hacer el Ejecutivo encaminadas a fomentar la competitividad económica de Barcelona: con inversiones en infraestructuras, como los accesos ferroviarios al puerto, el corredor mediterráneo, o sistemas de transporte público como las Rodalies que cita también Colau. Otros capítulos son el aeropuerto, donde solicita la colaboración del Estado para que se implique en la mejora de la conectividad internacional; o el fomento del ecosistema digital.

Inventario de patrimonio. Otra de las cuestiones que la alcaldesa apunta que la ciudad tiene la intención de pedir al nuevo gobierno es un inventario del patrimonio que pertenece al Gobierno. Porque, argumenta, en una ciudad densa donde es complejo conseguir espacio para vivienda o equipamientos, “se podría hacer un inventario y estudiar qué salida podrían tener” determinados edificios.

Tomar el control del litoral de la Vila Olímpica. Antes de las últimas elecciones generales, Barcelona lo tenía todo a punto para tomar el control de casi 38 hectáreas de terreno en su frente litoral. Una alargada y estrecha franja entre la Vila Olímpica y el mar que el Estado cedió a la ciudad en concesión hace 30 años, cuando se comenzaron a construir los barrios de la Vila Olímpica y el Front Marítim. “Esperemos que sea solo un trámite”, dice Colau.