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El Parlament avala a Torra y califica de “golpe de Estado” su inhabilitación

Los grupos independentistas suman su mayoría y censuran la resolución de la Junta Electoral Central

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto con el consejero Jordi Puigneró. En vídeo, imágenes de la votación.

El Parlament aprobó este sábado una resolución que desafía a la Junta Electoral Central (JEC) y ratifica en el cargo de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a pesar de la inhabilitación dictada por ese organismo. Junts per Catalunya, ERC y la CUP acordaron un texto, que prosperó por 67 votos a favor, 21 en contra y siete abstenciones, que califica esa decisión administrativa de “golpe de Estado”. PSC y En Comú Podem hicieron una defensa de la institución, pero criticaron la gestión de Torra. El socialista Miquel Iceta defendió que la Junta Electoral debería haberse inhibido ante el Tribunal Supremo.

Los comunes votaron a favor del primero de los puntos de la resolución independentista que rechaza la inhabilitación de Torra —prosperó por 74 votos a favor y 21 en contra— y en el resto se abstuvieron. El debate incorporó también la votación de otras dos propuestas: una del PSC y otra de los comunes. La dinámica de los bloques se impuso y ERC y PSC tuvieron un debate agrio. Los republicanos reprocharon a los socialistas que no incluyeran en su texto una defensa más firme de las instituciones catalanas como sí lo verbalizó Iceta. Independentistas, comunes y socialistas solo votaron juntos que cualquier decisión sobre la presidencia de la Generalitat se debe de hacer “con un respeto escrupuloso del Estatuto y del Parlament”.

La JEC decidió el pasado viernes, por siete votos contra seis, que Torra debe ser despojado de su acta de diputado —lo cual conllevaría la pérdida del cargo de president— tras ser condenado por el Tribunal Superior de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. La resolución aprobada dice que la Junta Electoral Central es un órgano administrativo que pretende “inhabilitar” a Torra en un intento de “golpe de Estado, contraviniendo la voluntad de los catalanes”. En la exposición de motivos se considera que esa decisión es una suerte de “nuevo 155 sin pasar por el Senado”. A continuación, refrenda la condición de diputado de Torra y sostiene que el único marco legal aplicable es la Ley de la Presidencia de la Generalitat y el Reglamento del Parlament, y que esta Cámara es la única institución que puede alterar su composición.

El president pide consenso para negociar con el Gobierno

La mesa de negociación pactada por el PSOE y ERC planeó también sobre la sesión del Parlament. El president Quim Torra aprovechó su intervención para emplazar a “todos los actores del independentismo” a crear un espacio para debatir “qué y en qué condiciones” se puede negociar con el Gobierno central.

Desde que se conoció el acuerdo, el pasado lunes, tanto Torra como varios diputados de Junts per Catalunya han asegurado que no se sienten interpelados por el foro de diálogo pactado por los republicanos. El propio president incluso dijo que él pensaba abrir su propio contacto una vez haya un nuevo presidente en La Moncloa. “Una reunión entre presidentes no impide una estrategia conjunta para marcar condiciones y garantías”, matizan desde la oficina de Torra.

Junts per Catalunya intenta ahora encontrar alguna grieta para no quedar como una formación que rehúye el diálogo mientras ERC capitaliza su acuerdo. Con todo, Torra utilizó ayer las palabras de Pedro Sánchez invitando a la negociación, durante el pleno de investidura, para pedir al PSC que apoyara la resolución en contra de la decisión de la Junta Electoral Central. “Es la prueba del algodón”, dijo.

Iceta defendió que la Junta Electoral debería haberse inhibido en favor del Tribunal Supremo

El documento muestra su solidaridad también con “los eurodiputados Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín”, y exige la libertad del primero, además de la retirada de las órdenes de prisión contra el expresident y el exconsejero, fugados en Bélgica. La resolución denuncia la “existencia de una causa general contra el independentismo” y pide poner “fin a la represión” y “reconocer el derecho a la autodeterminación, la amnistía y el libre retorno de los exiliados”.

La decisión de la JEC cohesionó al independentismo justo cuando el pasado jueves había vuelto a estallar su división después de que ERC decidiera abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Pese a sus enormes discrepancias, los republicanos se alinearon en bloque con Torra. “No avalaremos ningún golpe de Estado de la derecha”, afirmó la diputada de ERC Marta Vilalta.

Bajo la alargada sombra del debate de investidura, la maratoniana sesión de casi seis horas se celebró después de que Torra anunciara un recurso a la Junta Provincial para que se abstenga de retirarle su credencial porque recurrirá ante el Supremo y pedirá una medida “cautelarísima”. En la sesión, a la que acudieron decenas de alcaldes con la vara de mando en la mano y varios expresidentes del Parlament, Torra defendió que ha llegado el momento de “plantarse” ante lo que considera injerencias judiciales. Evitó reprochar a sus socios la decisión de allanar la investidura y preguntó al PSC si es compatible abrir el camino del diálogo y a la vez inhabilitar al interlocutor.

La sesión arrancó con las dudas de Ciudadanos y de PP sobre si se podían votar resoluciones en una sesión de una comparecencia de un presidente y fuera del periodo ordinario de sesiones. En ese momento, es la Diputación Permanente quien tiene capacidad decisoria sobre los trámites parlamentarios. Pese a ello, el PSC presentó su propio texto en el que insinuaba las dudas de que la JEC pueda inhabilitar al president. Iceta consideró que ese organismo debería haberse inhibido al estar el asunto pendiente de un recurso ante el Supremo. La republicana consideró la propuesta de los socialistas de "insuficiente". "Parece imaginada por un notario. Se ha limitado a constatar un marco normativo. No han pasado la prueba de algodón pero merece la pena intentarlo", dijo en alusión al diálogo.

Ciudadanos y el PP se quedaron solos pidiendo a Torra que abandone el cargo. Ambos partidos vieron en la sesión de ayer similitudes con las del 6 y el 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión. Lorena Roldán, líder de Cs, calificó a Torra de expresident y exdiputado. “Venía con cierta esperanza de que convocara elecciones”, dijo, acusándole de permitir el viernes a la ANC arriar la bandera española del Palau de la Generalitat. “¿Acaso puedo ir yo al Palau sin que nadie me diga nada?”, se preguntó. Cientos de personas se reunieron ante el Parlament para mostrar su apoyo a Torra, que bajó a saludarles. Los manifestantes cortaron las cadenas que aseguraban las puertas del parque de la Ciutadella.

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