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Barcelona prohíbe nuevos pisos turísticos a la espera de la regulación del Govern

Colau suspende preventivamente las solicitudes ampliación o apertura de apartamentos y exige a la Generalitat conocer la nueva normativa

Pisos turisticos Barcelona
Protesta contra Airbnb y los pisos turísticos ilegales en Barcelona.

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiere ni un piso turístico más en la ciudad. Con este objetivo aprobó en 2018 el plan urbanístico de alojamientos turísticos (el PEUAT), que impide abrir nuevos alojamientos, y ha invertido muchos recursos humanos y económicos en cerrar los pisos turísticos que operan sin licencia y que entiende que tienen un impacto negativo en el mercado de la vivienda. Pero, en vísperas a la normativa que prepara la Generalitat para regular la figura de las habitaciones de alquiler turístico (los Bed&Breakfast) -un reglamento que asegura el Consistorio que no conoce-, el Ayuntamiento ha dictado una suspensión de comunicados de apertura y ampliación de viviendas de uso turístico, que llevan años congelados en la cifra de 9.606.

"Hemos decidido blindarnos ante el futuro reglamento de turismo de Cataluña que prepara la Generalitat y que regulará una figura que ahora no existe, como son las habitaciones", ha argumentado este viernes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. "La apertura de estas actividades tendrá una repercusión importantísima en la morfología de la ciudad y en el derecho a la vivienda y queremos controlar lo que pasa urbanísticamente en relación con las habitaciones y a los alojamientos turísticos", ha defendido la edil antes de zanjar: "Suspendemos por si acaso".

El gobierno de Colau es partidario de la regulación de la figura de las habitaciones turísticas en viviendas que son residencia habitual de sus propietarios. Pero aseguran que desconocen cómo será el reglamento y acusan a la Generalitat de "trabajar de espaldas a la ciudad". De ahí que Sanz haya reclamado a la consejera de Empresa y Turismo, Àngels Chacón, una reunión entre los responsables de turismo y de urbanismo de las dos administraciones.

"Queremos herramientas que permitan defender Barcelona de operaciones mercantilistas, que la ciudad pueda decidir cuántas habitaciones puede soportar, a ver si con todo el trabajo que hemos hecho ahora se abre una puerta de atrás que nos deje sin competencias", ha manifestado la teniente de alcalde. Y ha asegurado que el Consistorio desconoce si el reglamento "contempla abrir habitaciones turísticas sin pasar por el Ayuntamiento; no tenemos claro que nos den la competencia, se ha trabajado con poca transparencia".

El director general de Turismo de la Generalitat, Octavi Bono, ha desmontado este mismo viernes los argumentos del consistorio de la capital catalana y ha mostrado “dolido” por las acusaciones de falta de transparencia y opacidad. Desde 2016 se han producido cinco reuniones entre técnicos o políticos de la Generalitat y el Ayuntamiento, asegura. Y recuerda que la tramitación del decreto es un acto reglado y que ha sido pública, con periodos de exposición pública y alegaciones. “38 organismos y asociaciones, públicas y privadas han presentado alegaciones, entre ellos el propio Ayuntamiento de Barcelona”, ha señalado Bono y ha precisado que si el Govern lo aprobará como decreto es porque ya ha sido debatido.

Y entrando en el fondo de la cuestión, ha explicado que el decreto “no quita ni pone competencias, regula el sector turístico” como sector económico. “No será a través del decreto que pueda haber más o menos habitaciones turísticas”, “cuya autorización no está en el decreto sino en un marco normativo superior un marco normativo superior”.

Por último, el director general ha apuntado que precisamente para evitar entrar en conflicto con las administraciones locales, el decreto “prevé un año de moratoria por si los Ayuntamientos quieren adaptar su normativa urbanística o hacer ordenanzas específicas para las habitaciones de alquiler turístico”.

La patronal del sector, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), ha rechazado la nueva suspensión de licencias para viviendas de uso turístico, ha pedido debatir sobre el futuro del sector y ha recordado que hace seis años que no crece la cifra de pisos turísticos.

El plan especial, anulado pero vigente

En verano pasado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, el PEUAT, uno de los proyectos estrella del gobierno de Colau, que impide la apertura de más hoteles en el centro y cierra el grifo a los apartamentos turísticos. La sentencia respondía a un promotor que pedía tumbar la norma en su integridad porque no incluye un estudio exhaustivo sobre su impacto económico, lo que se conoce como memoria económica.

Mientras la sentencia no es firme, el plan sigue plenamente vigente. Y, como ocurre en las sentencias que afectan a cuestiones administrativas complejas, el Consistorio ha pedido varias aclaraciones para decidir si recurre.

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