El Ayuntamiento de Barcelona aprueba un texto que “rechaza la sentencia” y exige “la libertad de los presos”

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición con contenido de Declaración Institucional que “rechaza la sentencia del Tribunal Supremo” sobre el procés y exige “la libertad inmediata de los presos y presas políticos condenados y el libre retorno de las personas exiliadas”. El texto, propuesto por ERC y Junts per Catalunya, ha contado con el voto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de transaccionarlo y eliminar la implicación del consistorio en las manifestaciones contra la sentencia.

La proposición también denuncia la “regresión de derechos y libertades y la judicialización de la justicia”, rechaza “cualquier forma de violencia” y reconoce “que Cataluña tiene el derecho de autodeterminación”. Por tercera vez, como otras veces en cuestiones sobre la crisis política entre Cataluña y España, el equipo de gobierno de la ciudad ha votado dividido y el PSC ha rechazado el texto, junto con Ciutadans, Barcelona pel canvi y el PP. El texto de rechazo a la sentencia ha sido aprobado en el consistorio de la capital catalana cuando el Parlament todavía no se ha pronunciado sobre el fallo del Tribunal Supremo.

Desde el gobierno de Colau, el concejal de Presidencia, Jordi Martí (Barcelona en comú), ha señalado que es “injusto condenar a nueve personas a 100 años de cárcel, por muchos errores hayan cometido, y han cometido muchos” y ha argumentado la defensa de su libertad “porque mientras haya presos es imposible un diálogo sincero entre las partes”. En cambio, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), ha defendido la separación de poderes y la necesidad de acatar las sentencias, aunque sean "opinables". Los impulsores del texto, ERC y Junts per Catalunya, han celebrado lo que han calificado de "texto de mínimos" como respuesta institucional al fallo del Tribunal Supremo.

Trámite a las ordenanzas fiscales

La sentencia del juicio del procés y la tramitación de las ordenanzas fiscales han marcado el pleno ordinario de octubre. Unas ordenanzas en las que el gobierno contempla un fuerte aumento de impuestos con el que prevé ingresar 82 millones de euros más en 2020 respecto a 2019 y en las que tienen un gran peso la fiscalidad ambiental y las tasas por ocupación del espacio público. Con los votos del gobierno y las abstenciones de ERC y Junts per Catalunya, las ordenanzas han sido aprobadas provisionalmente para que puedan entrar en periodo de exposición pública y alegaciones. Ciutadans, Barcelona pel canvi y el PP han votado en contra. La actualización de tasas deberá debatirse y para que sea vigente en enero de 2020 necesitarán apoyo en el pleno de diciembre.

Tras esta votación de trámite, y a falta de otras decisiones ejecutivas de calado, la temperatura en el salón de plenos la han elevado sucesivos debates sobre la sentencia del juicio al procés y los graves disturbios registrados durante las protestas en contra. Los grupos de la oposición han presentado textos a votación que han obligado al gobierno de coalición de la alcaldesa Ada Colau a posicionarse en materias delicadas en las que los socios no comparten la misma opinión. El presidente del grupo municipal del PP, Josep Bou, no dudó este jueves en augurar "una bronca impresionante".

El grupo municipal de ERC, lleva días reprochando a Colau que "no ha estado a la altura" del momento y este jueves no escondía su voluntad de convertir el pleno en una respuesta a la sentencia. Sobre todo después de que la alcaldesa decidiera la semana pasada anular el pleno extraordinario que ella misma había convocado para hablar de la cuestión. El ejecutivo argumentó que la tensión por las movilizaciones y los disturbios no fomentaría el debate sereno. Y los republicanos critican que 814 municipios ya han aprobado mociones contra la sentencia.

Desde las filas de Ciutadans, el grupo municipal ha presentado una propuesta, que ha sido rechazada, para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular contra los detenidos por los disturbios ocurridos tras la sentencia del procés y para que se apoye a las fuerzas de seguridad. El debate ha sido conducido por parte del gobierno por el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que ha mantenido un duro enfrentamiento la concejal Luz Guilarte, del partido naranja: "Esta es una moción trampa, no quieren apoyar a los cuerpos de seguridad sino cargar contra el gobierno de la ciudad que ha actuado de manera ejemplar, han hecho como su partido con la moción contra Torra en el Parlament", espetó y declaró que su apoyo a la policía es "sin ningún tipo de complejo". Batlle también llamó "a rebajar la tensión que algunos quieren instalar en la ciudad".

El partido naranja pidió el jueves por carta a Colau y a su socio Jaume Collboni (PSC) que el consistorio abandone la Asociación Catalana de Municipios "a raíz de la investigación a la entidad por presunto desvío de fondos públicos". Dejar de pagar la cuota supondría un ahorro para la ciudad de 150.000 euros al año, asegura Ciutadans.

Por su parte, el PP ha presentado una proposición que pide condenar los disturbios de la semana pasada, que ha sido rechazada, aunque ha contado con los votos del PSC. "No pasó nada más porque los constitucionalistas nos quedamos en casa", ha manifestado el popular Josep Bou tras calificar los altercados de "terribles". Por parte de los comunes, Jordi Martí, ha defendido que "se puedan discutir las actuaciones policiales, porque los cuerpos de seguridad tienen el monopolio del uso de la fuerza y si se les da inmunidad puede haber regresiones de derechos y libertades" y ha criticado el uso de pelotas de goma.

Bou también intervino para pedir a la alcaldesa que condene la violencia y apoye a los cuerpos de seguridad, a lo que Colau recordó que el apoyo lo dio cada día después de los incidentes y recordó que "también ha habido malas praxis" por parte de los agentes, como agresiones a periodistas o uso de pelotas de goma. En una petición de ERC a la alcaldesa para que contribuya a crear una mesa de diálogo, Colau ha respondido al jefe de filas de los republicanos, Ernest Maragall, que los partidos independentistas del Gobierno no emiten "mensajes coherentes sino contradictorios" y les reprochó que no acordaran una respuesta a la sentencia en el Parlament.