Barcelona multará con hasta 1.800 euros a los vehículos contaminantes

El Ayuntamiento de Barcelona tiene lista la ordenanza que concreta el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el perímetro de las rondas de la ciudad, 95 kilómetros cuadrados donde a partir del 1 de enero de 2020 no podrán circular los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental de la DGT. La restricción se aplicará de lunes a viernes de siete de la mañana a ocho de la tarde; no afectará a vehículos de emergencias; se concederá un año de moratoria a furgonetas, camiones y autobuses contaminantes, para darles tiempo a adaptarse; y cualquier vehículo contaminante podrá pedir diez permisos al año para circular por la ciudad. Las sanciones oscilarán entre 200 y 1.800 euros, pero no se comenzará a multar hasta abril (hasta entonces se enviarán avisos).

Los responsables de movilidad y del área de ecología del Ayuntamiento, el Área Metropolitana (AMB) y la Generalitat han comparecido este lunes para explicar el funcionamiento de la ZBE, que además de Barcelona afecta parcialmente a L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs. De ahí que la ordenanza, además de Barcelona, tendrán que aprobarla también los otros cuatro municipios.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado la ZBE de "medida histórica" y "cambio de paradigma, una voluntad política que no tiene marcha atrás porque está en juego la salud". El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado que la restricción "és acción climática, un tema en el que el interés colectivo está por encima del personal". Y el vicepresidente de Movilidad del AMB, Antoni Poveda ha recordado que 250 ciudades europeas han aplicado restricciones de tráfico. De hecho, las entidades ecologistas y los expertos llevan meses alertando de que la ZBE de Barcelona llega tarde e incluso consideran tibia la medida.

El hecho de que la futura ordenanza sea específica para la ZBE permite incrementar las multas: hasta ahora se había hablado de 100 euros, pero la sanción mínima se dobla y su cuantía (hasta 1.800 euros) dependerá del tamaño del vehículo que incumpla la ordenanza y de lo contaminante que sea, hasta alcanzar el máximo si la infracción se comete cuando se declare un episodio de contaminación. Estas cuantías están muy por encima de las del Madrid Central, donde solo existe una cantidad: 95 euros (la mitad si se paga al momento). El área de restricción a vehículos contaminantes en Madrid es además muy inferior: 4,7 kilómetros frente a los 95 de Barcelona, 20 veces más.

La restricción de vehículos contaminantes afectará a un 23% de los vehículos que actualmente circulan por Barcelona. El consistorio calcula que en un primer momento la reducción de vehículos será de 50.000, “con el objetivo de que en cuatro años alcance 125.000”. En reducción de emisiones, las estimaciones apuntan a que las de óxidos de nitrógeno bajarán un 15% y las de CO2 un 6%. El impacto de las restricciones también está previsto que afecte en el transporte público, que cuando en abril se comience a multar podría recibir un 20% más de pasajeros (140.000 más al día), ha estimado la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, ha subrayado que la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona es “pionera en España” y ha recordado que su superficie, 95 kilómetros cuadrados, es 20 veces la del controvertido Madrid Central. Sanz ha defendido las restricciones por una cuestión de salud y ha señalado el reciente estudio que indica que en Barcelona hay 350 muertes prematuras al año debidas a la contaminación.

“Tenemos que hacernos a la idea de un cambio de paradigma, por la salud y por la democratización del espacio público, que ahora está destinado en un 60% o 70% al coche”, ha manifestado para acabar resumiendo: “Hay que hacerse a la idea de que cada vez será más difícil circular por Barcelona”, ha resumido. Sobre la moratoria para las furgonetas, camiones y autocares que no tienen etiqueta, Sanz ha dejado claro que se les da un año para que actualicen sus vehículos “por sensibilidad con un colectivo muy precarizado de trabajadores autónomos”. En cuanto a los taxis, el Ayuntamiento estima que la práctica totalidad de los que cirulan ya tienen etiqueta ambiental, por lo que no les afectará.

En paralelo a la entrada en vigor de la ZBE, el área metropolitana reforzará el transporte público y ofrece una tarjeta de transporte público ilimitado a los propietarios de den de baja vehículos contaminantes: hasta ahora lo han hecho 4.800 personas.

Desde la oposición en el Ayuntamiento, ERC ha expresado reservas por la posibilidad de que a la larga la ZBE incentive una renovación del parque y no dejar de utilizar el coche. Junts per Catalunya ha pedido un seguimiento “riguroso, científico y no ideológico” del impacto sobre la contaminación de la Zona de Bajas Emisiones. Desde Ciutadans se han mostrado reacios a las prohibiciones y han apostado por incentivar la modernización del parque con ayudas directas. Por su parte, el PP insta a aplazar las multas.