La Fiscalía pide más tiempo para investigar el ‘caso Pujol’

La Fiscalía Anticorrupción quiere más tiempo para investigar el caso Pujol. El ministerio público ha pedido al juez que prorrogue la instrucción del caso, que vence el próximo 23 de septiembre, según el escrito al que ha accedido EL PAÍS. Lo hace con dos argumentos. Uno, que todavía "están pendientes" de remitirse a la Audiencia Nacional las comisiones rogatorias enviadas este verano a Andorra y Luxemburgo sobre cuentas bancarias vinculadas a la familia. Y dos, que aún está abierta la línea de investigación que apunta al desfalco de Grand Tibidabo como origen de la fortuna que la familia Pujol mantuvo oculta en Andorra durante más de tres décadas.

La instrucción del caso Pujol arrancó a finales de 2012 con la denuncia de Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, sobre los viajes a Andorra con dinero en efectivo del hijo mayor del expresidente catalán. La investigación abarcaba al principio solamente los negocios presuntamente irregulares del primogénito. Pero tras la confesión del expresident, en 2014, de que su familia había mantenido dinero oculto a Hacienda en Andorra, y después de diversos avatares judiciales, la causa se acabó dirigiendo contra todos los miembros de la familia por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya amplió en marzo de 2018 la instrucción durante 18 meses más. Ese nuevo plazo vence el 23 de septiembre y la Fiscalía, que ha tratado de dar un impulso a la investigación en las últimas semanas, pretende ampliarlo.

En verano, y a petición de la Fiscalía, el juez De la Mata solicitó a la justicia andorrana que recabe información sobre nuevas cuentas vinculadas a los Pujol. En concreto, que pida a cuatro bancos del principado —Andbank, Credit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra— la documentación de los depósitos a nombre de Francesc Robert Ribes, considerado testaferro de Jordi Pujol Ferrusola. El primogénito utilizó cuentas de las que era titular Ribes, de lo que se desprende —según los investigadores— que manejó fondos "distintos" a los que ya se conocían.

El juez también ha pedido información a Luxemburgo para seguir el rastro de unos depósitos con 26 millones de euros que, supuestamente, el hijo mayor de Jordi Pujol tuvo en ese país después de que fueran transferidos, en 2004, desde Suiza. La fiscal recuerda que "están pendientes de que se cumplimenten las diligencias de prueba" pedidas por el juez a Andorra y Luxemburgo. Del resultado de esas comisiones rogatorias, afirma, "pudiera derivarse la necesidad de practicar nuevas diligencias".

El desfalco de 'Grand Tibidabo'

En el escrito, la Fiscalía añade que también están pendientes de practicarse otras pruebas solicitadas por la entidad Grand Tibidabo, que ejerce la acción popular en la causa. Hace un año, a petición de la Policía, el juez abrió una nueva línea de investigación para tratar de aclarar el origen de la fortuna oculta, que por ahora se ignora. Ordenó revisar la causa judicial sobre el desfalco de Grand Tibidabo, un escándalo por el que fue condenado a tres años de cárcel el financiero Javier de la Rosa, bautizado por Jordi Pujol como "empresario modelo" durante su etapa al frente de la Generalitat. Los investigadores sospechan que ese caso, que incluye operaciones de compraventa bajo sospecha, podía "justificar parte de los ímprobos ingresos" acumulados por los Pujol en Andorra.

Cuando trascendió esa hipótesis, los representantes legales de Grand Tibidabo —en fase de liquidación— pidieron estar presentes en el procedimiento de la Audiencia Nacional. Y apuntaron al expresidente y su primogénito por el supuesto cobro de una comisión vinculada a la venta, en 1991, de la sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL) al Gobierno catalán. El edificio era propiedad de De la Rosa. Los abogados solicitaron diversas diligencias; por ejemplo, la toma de declaración a diversos altos cargos del Govern en la etapa de Pujol.

La defensa de los Pujol prevé oponerse a la ampliación del plazo. Los abogados han remitido además un escrito a la Audiencia Nacional en el que piden que Hacienda remita al juez una "certificación" sobre la existencia o inexistencia de informes, por parte de terceros países, sobre cuentas de los Pujol en el extranjero. Recuerda que la OCDE ha desarrollado un sistema para que los Estados que participan en él —entre los que se incluyen Andorra y Luxemburgo— intercambien información tributaria de forma automática.

En el escrito, la defensa critica las "debilidades y gratuidades" de los informes de la Policía sobre las supuestas nuevas cuentas de los Pujol en el extranjero. Y señalan que los investigadores han intentado fijar "una foto patrimonial desorbitada y conformada a partir de singulares sumandos".