La emergencia que puede esperar

La declaración de emergencia climática es el primer paso para responder a la situación de crisis por el calentamiento global del planeta. Diferentes instituciones y gobiernos la han declarado en algunos países, empujados por la comunidad científica, las organizaciones ecologistas y los movimientos juveniles en defensa de su futuro. En Cataluña, estos grupos son muy críticos con la respuesta de las administraciones.

Según el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, el Govern está respondiendo a la declaración de emergencia climática porque es “un toque de atención ante una constatación científica”. Eso sí, reconoce a este diario que “hay que acelerar las medidas de la Ley catalana de cambio climático y los planes relacionados con la transición energética, la descarbonización de la movilidad y la economía circular”.

En cuanto a la transición energética, Calvet afirma que están “acelerando la estrategia, dando un impulso a las energías renovables”. El primer paso será derogar el decreto de 2009 que ordena la implantación de las renovables, pero a la práctica es un corsé. La energía fotovoltaica y la eólica son las que tienen más proyección. Pero, a su parecer, la eólica se enfrenta con un “condicionante de las políticas de paisaje”.

Calvet lamenta que el Tribunal Constitucional haya tumbado algunos artículos de la norma de cambio climático, de 2017. “Pedimos a la ministra de Transición Ecológica que retirara el recurso”, interpuesto por el PP. Pero no lo hizo. “Habría sido un gesto importante, nos ha caído como un jarrón de agua fría”, dice. El TC niega la posibilidad a las autonomías de fijar objetivos propios de reducciones pues considera que es una competencia estatal.

Aun así, el director general del Institut Català del Energia (ICAEN), Manel Torrent, asegura que se puede seguir trabajando. “La sentencia del TC es dura y va en la línea de limitar todo lo que son los objetivos de renovables, de cierre de nucleares, de eficiencia energética, porque entiende que Europa obliga a legislar a los estados y dice que las autonomías no pueden autoexigirse”. De modo que se puede seguir trabajando pero sin fijar objetivos.

La contaminación es uno de los caballos de batalla. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE), demarcada por las Rondas y en la que no pueden entrar los coches más contaminantes, entrará en vigor en enero de 2020. Con esta medida la autoridad metropolitana espera reducir la polución para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, que ha denunciado a la capital catalana, igual que a Madrid, ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Calvet dice que existe coordinación entre administraciones y una muestra es la Taula per la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Añade que su consejería estuvo presente en la Taula de l'Emergència Climàtica que ha puesto en marcha el gobierno de Ada Colau. El Ayuntamiento ha optado por una estrategia diferente de la Generalitat. Reconoce la situación de crisis climática, pero tiene previsto hacer oficial la declaración de emergencia en enero de 2020. Aunque la primera es la ZBE, Colau no descarta implantar un peaje urbano.

El consejero no ve claro aplicar peajes. “Somos partidarios del sistema viñeta” y “las bonificaciones para los vehículos de alta ocupación”, apunta. “La entrada en vigencia de la ZBE cambiará la movilidad. Tenemos que observar qué impacto tiene. Veremos si es necesario establecer algún tipo de peaje”, añade. El conseller también recuerda que hay un proyecto de electrificación del puerto de Barcelona.

Críticas de los ecologistas

Los activistas, por su parte, son muy críticos con la Generalitat. Jaume Osete, portavoz de Rebel·lió o Extinció, afirma que “claramente no está actuando” de forma coherente. “Los mensajes son absolutamente contradictorios. Al mismo tiempo que dicen que se ha declarado una emergencia climática se continúan lanzando mensajes a favor de la ampliación del puerto, del aeropuerto y de la C32, por ejemplo”. Según este grupo, “es imposible” solucionar el problema sin más cambios en la manera de vivir y mantiene que no es solo un tema ecológico, sino de “salud de las personas”. “Tenemos que concebir la movilidad y la manera de vivir de una forma muy diferente. Y sin perjudicar a las clases más desfavorecidas”, zanja.

Sobre la estrategia del Ayuntamiento es más prudente. Aunque cree que las medidas son insuficientes, valora “el proceso participativo” que ha puesto en marcha el consistorio. “La ZBE está bien, pero hacen falta muchas más. Damos la bienvenida al mensaje de Colau sobre el puerto y el aeropuerto pero esperamos que no se quede solo en el mensaje”. Colau ha sido la primera dirigente en señalar la finitud de la ciudad en cuanto al crecimiento de estas infraestructuras.

Refuerza la idea de que los mensajes del Ayuntamiento son algo más coherentes el portavoz de Fridays For Future, Aitor Urruticoechea. “Vemos con buenos ojos las mesas de trabajo y estamos a la espera de cómo siguen”, pero recuerda que en la primera reunión presentaron un documento conjunto de grupos ecologistas y activistas que, además del peaje anticontaminación, incluye detener la expansión de las infraestructuras fósiles, incrementar las energías renovables, políticas de residuo cero, la soberanía alimentaria, asegurar que las finanzas municipales no apoyan energías fósiles e implementar una política de comunicación y sensibilización sobre la emergencia climática.