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La Junta de Andalucía recurrirá el archivo del ‘caso avales’ en contra del criterio de sus letrados

El Gobierno bipartito pide que se reabra la causa contra ex altos cargos socialistas en la que el PP está personados como acusación

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. EFE

La Junta de Andalucía recurrirá el archivo del caso avales sobre presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y ayudas públicas concedidas por la agencia Idea, en contra del criterio de sus propios letrados que defendieron que se cerrara la causa por falta de pruebas contra los principales acusados, cuatro ex altos cargos socialistas. El consejero de Presidencia del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, Elías Bendodo, ha confirmado esta mañana que la Administración pedirá la reapertura del caso por entender que se ha producido un quebranto económico de las arcas públicas de 140 millones de euros. Esta causa ha sido uno de los principales cabos a los que se aferraron los populares, cuando estaban en la oposición, para denunciar la corrupción y las redes clientelares del PSOE cuando estaba en el poder.

“No nos va a temblar el pulso y vamos a ir con todas las consecuencias hasta el final”, ha advertido Bendodo. “La Junta va a abrir ventanas y levantar alfombras, porque queremos que se sepa todo y cómo los socialistas repartieron a discreción el dinero de todos los andaluces en este caso. Ni mucho menos vamos a dar carpetazo a este asunto”, ha insistido el dirigente popular.

El pasado 28 de mayo, la juez María Núñez determinó el archivo del caso avales contra cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía por supuesta malversación y prevaricación en ayudas públicas de la agencia Idea a 18 empresas por 75 millones. El PP había elevado el presunto fraude a miles de millones hasta tildarlo como “el mayor caso de corrupción de la democracia”, tercero en importancia en esta comunidad tras el caso ERE y los cursos de formación, y usarlo como ariete contra la supuesta corrupción de los Gobiernos socialistas, en el poder hasta el pasado enero.

La magistrada consideró que las irregularidades detectadas son “contables o administrativas” y determinó archivar la causa, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y el PP —personado como acusación popular—, pero con el apoyo de la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) y las defensas. Los letrados de la administración se adhirieron a los argumentos de las defensas que alegaron que no existió mala praxis política en la gestión de las empresas.

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