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La Junta andaluza pide archivar el caso de los avales y el PP, que la gobierna, reclama investigar

El criterio de los letrados del Ejecutivo autonómico es opuesto al de los populares, impulsores de la investigación

La juez María Núñez, instructora del caso de los avales de la Junta andaluza.
La juez María Núñez, instructora del caso de los avales de la Junta andaluza.

La Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) ha pedido el archivo de la causa de los avales, abierta en 2014 por la juez Mercedes Alaya por los avales concedidos a empresas que suman 71 millones, porque entiende que no hay delito. El criterio del Ejecutivo autonómico es opuesto al Partido Popular —que gobierna esta Administración— como parte acusadora en el proceso y que ha pedido proseguir la investigación, al igual que la Fiscalía Anticorrupción.

La causa, surgida de los ERE fraudulentos, se inició hace un lustro para indagar si se incumplió la ley al superar el límite presupuestario en los avales concedidos por la agencia pública Idea a empresas, que ascendieron a 71 millones. En esta causa por prevaricación y malversación con cuatro investigados, entre ellos el exconsejero de Innovación socialista Martín Soler, dos de ellos pidieron el archivo de la investigación ante la falta de indicios. La juez pidió a las partes que se pronunciaran y ahora la Junta, supuesta perjudicada en sus arcas públicas, dice que no existió mala praxis política y por eso pide el archivo tras varias periciales practicadas, según avanzó este miércoles Diario de Sevilla.

Los dirigentes del PP andaluz han tildado en repetidas ocasiones la causa de los avales como la tercera "macrocausa" en importancia tras los ERE fraudulentos y los cursos de formación, resultado de la supuesta corrupción política imperante con los sucesivos Gobiernos socialistas. Ante el fiasco de que los propios letrados de la Administración que dirigen vean la causa carente de delito global que afecte a la concesión de las ayudas, la Junta ha emitido un comunicado que destacaba el matiz de que su gabinete jurídico reclama investigar si ciertas empresas que recibieron los avales pudieron cometer un delito de fraude de subvenciones. Y ha obviado la mayor, la petición general de archivo de sus letrados.

“Lo que intentamos hacer desde la Junta y desde el PP andaluz es evitar que sigamos especulando y que sigamos en una tramitación eterna de expedientes que tienen que ver la luz de manera inmediata”, ha afirmado el portavoz popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, informó Europa Press. En 2015, el entonces candidato popular y hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, pidió explicaciones a su antecesora socialista Susana Díaz “por una macrocausa que también afecta al Consejo de Gobierno”.

Los ex altos cargos investigados Martín Soler y Jacinto Cañete reclamaron a la juez el archivo de la causa por las “innumerables diligencias probatorias” y por el criterio de cuatro informes periciales que descartan indicios de irregularidades. La Junta se ha alineado con las defensas, mientras que tanto el PP como la Fiscalía Anticorrupción arguyen que debe avanzarse en la investigación.

El PP recrudece su batalla contra la juez María Núñez

La batalla que libra en los juzgados el Partido Popular contra la juez María Núñez, instructora del caso de los ERE —no de su pieza política, ya juzgada— y de los avales, ha subido esta semana unos grados. Los populares han presentado un escrito ante el juzgado para ser elevado a la Audiencia de Sevilla en el que acusan a Núñez de violar la tutela judicial efectiva. "Desobedeció consciente y deliberadamente lo ordenado por segunda vez por esa Ilma. Audiencia Provincial mediante auto de 25 de enero de 2018", manifiesta el PP sobre la magistrada.

En un duro escrito, el PP acusa sin medias tintas a la magistrada de mantener una “conducta ilegal” y le achaca tres delitos: desobediencia, prevaricación judicial y retardo malicioso de la Administración de justicia. Los populares reclaman a la Audiencia que obligue a la instructora a entregar “los expedientes y documentos necesarios para la práctica de diligencias y elaboración de informes” encomendados en 2015 por la juez Mercedes Alaya.

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