Alaya reactiva una causa contra la Junta un año después de su apertura

La juez Mercedes Alaya ha reactivado una causa que abrió en enero de 2014 contra la Junta de Andalucía por los avales concedidos a empresas para su viabilidad. Cuando solo quedan tres semanas para las elecciones autonómicas, la instructora ha dado un impulso a esta investigación y ha imputado a cuatro ex altos cargos del Ejecutivo autónomo, entre ellos un exconsejero.

La semana pasada la juez negó expresamente que quisiera “interferir” con sus decisiones en los próximos comicios, tal y como le habían acusado altos cargos del PSOE. “Se trataría de una interpretación sesgada y alejada de la realidad”, sostuvo en un auto. Alaya matizó que si tuviera que interrumpir su actividad por las elecciones, no adoptaría resoluciones “en el transcurso de un año”. La reactivación de la causa coincide con la próxima salida de Alaya de su juzgado, que abandonará para ocupar una plaza en la Audiencia de Sevilla.

El candidato del PP a las elecciones, Juan Manuel Moreno, pidió explicaciones a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, por una “macrocausa que también afecta al Consejo de Gobierno”. La candidata socialista respondió: “Jamás hablo de los autos ni de la oportunidad de los autos. Ustedes lo pueden valorar por sí mismos”, comentó a los periodistas.

La recuperación de esta causa, surgida de los ERE y que se encuentra en su primer tomo, evidencia cómo Alaya tiene puesta la lupa sobre la inmensa mayoría de las ayudas concedidas por la Junta en la última década. Ahora la instructora cuestiona que en 2009 la Consejería de Innovación concediera avales a empresas “que superaban cuatro veces el techo presupuestario y por financiarse con transferencias de financiación”, la misma herramienta utilizada para pagar los ERE.

De este modo, Alaya ha imputado a los cuatro ex altos cargos como supuestos responsables de estas subvenciones, para así dar “el adecuado impulso procesal a las actuaciones”. A principios de mayo declararán como imputados el exconsejero de Innovación Martín Soler, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, el ex secretario general de Innovación Juan Francisco Sánchez y el ex director general de la agencia pública Idea Jacinto Cañete.

La juez investiga si se ha incumplido la ley por parte de Idea en 2009 al superar el límite presupuestario para conceder créditos o avales a empresas, ya que el límite se fijaba en ese ejercicio en 18 millones, pero los avales ascendieron a 71 millones en total.

Cañete remitió a la juez un escrito en el que defendía la legalidad de las ayudas concedidas por la agencia que dirigió: "El interventor no emitió informe de actuación, no detectó menoscabo de fondos públicos, no juzgó oportuno remitir la cuestión para alcance contable y aún menos, redactar denuncia a fiscalía, obviamente porque ninguna cuestión criminal subyace tras sus consideraciones y esto es lo relevante".

Mientras, en el caso ERE los peritos de la Intervención General del Estado afirmaron ayer que existió un “descontrol absoluto en el pago de las ayudas” concedidas por la Junta. “Un tema que trasciende del puro derecho administrativo”, matizaron.