Alaya abre una nueva investigación por ayudas de la Junta a empresas

La juez Mercedes Alaya ha puesto en marcha una nueva investigación sobre la Junta de Andalucía. En un auto firmado el 22 de enero, la magistrada que instruye el caso de los ERE ha ordenado abrir diligencias previas por las ayudas concedidas a partir de 2008 por el antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) y actual agencia Idea a empresas. La juez cree que muchas de estas ayudas, reguladas por la Consejería de Innovación, se concedieron sin la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno andaluz y traspasaron el límite de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la agencia pública.

Alaya advierte además de que muchas de las empresas beneficiarias de las ayudas sociolaborales que están siendo investigadas en el caso de los ERE recibieron también las ayudas excepcionales de Idea, conocidas como “ayudas de salvamento” o de “reestructuración” y que se concedían bajo tres figuras: préstamos, ayudas en garantía sobre préstamos y avales como garantía de préstamos de entidades financieras.

La juez alude a un oficio de la Guardia Civil según el cual se han detectado casos en los que a la vez que el Consejo Rector de Idea estaba tramitando el pago de uno de estos préstamos había ya en proceso de resolución la concesión de una nueva ayuda extraordinaria a la misma empresa. Esta simultaneidad podría ser un indicio, según Alaya, de que la agencia convirtió este mecanismo en una forma de “inyección continuada y sistemática de fondos públicos” con “criterios arbitrarios de concesión”.

La magistrada apoya sus sospechas en un informe de 2009 de la Intervención general que advirtió de que los avales de préstamo concedidos por Idea superaban el límite establecido por la ley de Presupuestos. Ese año, según Alaya, la agencia pública formalizó avales por valor de 71,2 millones de euros a pesar de que las cuentas de la Junta le fijaron un importe máximo de 18 millones para ayudas extraordinarias. Idea alegó la existencia de un acuerdo del Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 por el que se autorizaba a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a ejecutar un programa “de ayuda a empresas viables con dificultades coyunturales” con una financiación de 87 millones de euros. El interventor desestimó esta explicación alegando que la ley de Presupuestos está por encima de cualquier acuerdo del Consejo de Gobierno.

La juez sostiene, además, que muchas de estas ayudas no contaron con la autorización previa del Consejo Rector de Idea (preceptiva para los préstamos superiores a 450.000 euros) ni del Consejo de Gobierno (obligatoria para las que superaran los 1,2 millones). A esta supuesta falta de control, Alaya suma otras irregularidades como que los avales se dieron saltándose el requisito previo de autorización del régimen de ayudas de la Comisión Europea y los requisitos de publicidad. “En definitiva, las irregularidades expuestas merecen un análisis pormenorizado y separado de la presenta causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelaran una actuación fraudulenta” de Idea, afirma Alaya.

El PP ya denunció en diciembre pasado la concesión de ayudas sin control por parte de Idea y cifró en 210 millones la cuantía de estos avales, aunque no especificó a qué cantidad afectan los reparos de la Intervención. Las operaciones bajo sospecha corresponden a la etapa de Jacinto Cañete como director de la agencia pública. En un escrito remitido a Alaya, Cañete defendió su potestad para conceder estas ayudas: “El interventor no emitió informe de actuación, no detectó menoscabos de fondos públicos, no juzgó oportuno remitir la cuestión para alcance contable y aún menos, redactar denuncia a fiscalía, obviamente, porque ninguna cuestión criminal subyace tras sus consideraciones”.

En otro auto conocido este jueves, la juez abre también una nueva causa por una ayuda de cinco millones de euros concedida a Astilleros de Huelva en noviembre del 2011. El PP, que ejerce la acusación en el caso de los ERE, había denunciado que para dar esa ayuda la Junta había “prescindido total y absolutamente” del procedimiento establecido en la orden de abril del 2011 por la que se aprobaron las bases de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis. Según la juez, aunque fue otorgada con cargo a la partida presupuestaria 31L, el conocido como fondo de los ERE, “no se otorgó en aplicación de la orden de abril de 2011”.