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La juez archiva el ‘caso avales’, ariete del PP andaluz contra los Gobiernos socialistas

La Fiscalía y el PP se opusieron al carpetazo, avalado por la Junta y las defensas

La juez María Núñez, instructora del caso de los avales de la Junta andaluza.
La juez María Núñez, instructora del caso de los avales de la Junta andaluza.

La juez María Núñez ha archivado el caso avales contra cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía por supuesta malversación y prevaricación en ayudas públicas de la agencia Idea a 18 empresas por 75 millones. El PP había elevado el presunto fraude a miles de millones hasta tildarlo como “el mayor caso de corrupción de la democracia”, tercero en importancia en esta comunidad tras el caso ERE y los cursos de formación, y usarlo como ariete contra la supuesta corrupción de los Gobiernos socialistas, en el poder hasta el pasado enero.

La decisión de la juez Núñez llega tras llamativa petición de archivo por parte de la Junta de Andalucía, gobernada desde el pasado diciembre por PP y Ciudadanos. El Partido Popular ejerce como parte acusadora en el caso, y junto con la Fiscalía, abogó por continuar las pesquisas. La causa admite recurso ante la Audiencia de Sevilla, cuyos jueces tienen la última palabra para archivar definitivamente o seguir investigando.

Tras un lustro de investigación, la magistrada considera que las irregularidades detectadas son “contables o administrativas” y ha archivado la causa, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y el PP —personado como acusación popular— y con el apoyo de la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) y las defensas. “Los indicios de la comisión de hechos delictivos (…) se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas”, subraya el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, notificado este martes a las partes. Mercedes Alaya, antecesora de Núñez, abrió la causa en 2014 tras desgajarla de la macrocausa de los ERE, cuya rama política ha sido juzgada en 2018.

Despedidos ocho directivos de la agencia Idea

LOURDES LUCIO

Tras conocer el archivo provisional del caso avales, la Junta andaluza ha informado este martes del despido de los ocho directores provinciales de la agencia Idea, protagonista de esta causa judicial, y que coincide con una gran remodelación de dicho ente.

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha anunciado un vuelco en la estructura de la agencia para hacerla más operativa y sacarla de la parálisis: de la inversión prevista de 521 millones desde 2014, este ente solo ha ejecutado 243 proyectos por 33 millones (el 6,4%), según Velasco. En el último lustro, Idea arrastra 2.600 peticiones de ayuda pendientes de análisis por parte de sus técnicos y el plan de choque previsto prevé reactivar 1.260 millones sin ejecutar en ayudas al desarrollo empresarial.

La Junta investigará las irregularidades administrativas al margen de las responsabilidades penales que la justicia depure. En el ámbito penal, el Gobierno se agarra a la petición de sus abogados, que abogaron por el archivo de la causa pero en paralelo reclamaron investigar a 13 empresas por supuestamente haber cometido un fraude de subvenciones cuando recibieron avales de la agencia Idea y no informaron deliberadamente de que ya habían recibido subvenciones del fondo de los ERE.

El Gobierno autonómico ha creado la Dirección General de Cumplimiento de la Normativa para reforzar los controles y de las 35 sociedades participadas por la agencia Idea, 18 carecen de actividad y serán liquidadas. Este martes han finalizado su actividad dos de ellas, Tecnobahía y Cero Innovación 24 horas.

La tesis de la Guardia Civil, que ahora desactiva la juez Núñez, era que desde la Junta andaluza el exconsejero de Innovación Martín Soler y tres ex altos cargos de la agencia Idea favorecieron supuestamente desde 2008 a 18 empresas al desviar fondos públicos “de forma arbitraria, con falta de publicidad y sin autorización de la Comisión Europea” después de que estas mismas firmas ya resultaran beneficiadas por el fondo de los ERE.

A pesar de haber lanzado cifras con nueve ceros, la última estimación de los dirigentes del PP —desde la vicepresidencia de la Junta— sobre el caso fue duplicarlo hasta dejarlo en 140 millones. Eso sí, la cuantía representa “el posible quebranto” a las arcas públicas debido a las cantidades no devueltas aún por ciertas empresas beneficiadas por esta línea de avales, según un portavoz del Gobierno. Es decir, el dinero pendiente de recaudar por la Administración, no el dinero malversado.

El archivo llega tras la petición de las defensas, reclamada por los abogados Juan Carlos Alférez y Alfonso Martínez del Hoyo, que argumentaron que la pericial de la Intervención General de la Junta había desactivado los supuestos indicios de malversación expuestos por el Instituto Armado en su atestado. Para la juez, la pericial de la Junta establece “de forma clara, radical y sin lugar a dudas que no existe en toda la tramitación de los expedientes de concesión decisiones groseras, arbitrarias, que pueda justificar la continuación de esta investigación”. Núñez argumenta que los expedientes para conceder los avales se tramitaban desde las gerencias provinciales de Idea, y no desde la sede central donde trabajaban los directivos de la agencia pública de la Junta investigados en la causa. Tras los previsibles recursos, los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla decidirán el futuro de la causa.

La Junta y sus argumentos contrarios al PP, que la gobierna

A la inesperada petición de los abogados de la Junta para archivar el caso avales, opuesta a la opinión de sus dirigentes del PP que han visto siempre una profusión de delitos en serie, se le suma que los letrados consideran las ayudas concedidas en el caso ERE como subvenciones para los trabajadores.

Gran parte del debate jurídico que protagoniza esta macrocausa que ha enjuiciado a los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán reside en si las cuantiosas ayudas —hasta sumar 741 millones— fueron para mantener el nivel de renta de los trabajadores hasta su jubilación o para aliviar a los empresarios de su obligación de indemnizar a sus empleados en los ERE para reducir sus plantillas. Mientras que las defensas defendían la primera tesis, las acusaciones siempre apostaron por la segunda. Y la Junta, en su escrito para reclamar el archivo, se alinea a favor de la primera y en contra de los argumentos de los dirigentes del PP.

“La idea de que la Administración, al abonar las primas de las pólizas, cumple con una obligación de la empresa para con sus trabajadores, es errónea (…) El empleo de pólizas de prejubilación tiene un sentido distinto del puramente indemnizatorio; se trata de garantizar a los trabajadores despedidos que, por su edad o su falta de cualificación, encontrarán dificultades de inserción laboral, una renta hasta la edad de jubilación que les permita subsistir”, reza el escrito de siete páginas del Gobierno andaluz.

Los letrados aclaran que las ayudas para los 6.000 trabajadores beneficiados por el fondo de los ERE, que hoy día siguen cobrando muchos de ellos, es “muy superior al importe de la indemnización” que les correspondería tras la negociación empresa-sindicatos. “En definitiva, cuando la Junta de Andalucía paga pólizas de prejubilación, no está sustituyendo a la empresa en sus obligaciones sino que está complementando lo abonado por la empresa, por imperativo del Estatuto de los Trabajadores, para cumplir el fin, legítimo, de mantener el nivel de renta de los trabajadores despedidos”, concluye el escrito.

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