La juez archiva el ‘caso avales’, ariete del PP andaluz contra los Gobiernos socialistas

Tras conocer el archivo provisional del caso avales, la Junta andaluza ha informado este martes del despido de los ocho directores provinciales de la agencia Idea, protagonista de esta causa judicial, y que coincide con una gran remodelación de dicho ente.

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha anunciado un vuelco en la estructura de la agencia para hacerla más operativa y sacarla de la parálisis: de la inversión prevista de 521 millones desde 2014, este ente solo ha ejecutado 243 proyectos por 33 millones (el 6,4%), según Velasco. En el último lustro, Idea arrastra 2.600 peticiones de ayuda pendientes de análisis por parte de sus técnicos y el plan de choque previsto prevé reactivar 1.260 millones sin ejecutar en ayudas al desarrollo empresarial.

La Junta investigará las irregularidades administrativas al margen de las responsabilidades penales que la justicia depure. En el ámbito penal, el Gobierno se agarra a la petición de sus abogados, que abogaron por el archivo de la causa pero en paralelo reclamaron investigar a 13 empresas por supuestamente haber cometido un fraude de subvenciones cuando recibieron avales de la agencia Idea y no informaron deliberadamente de que ya habían recibido subvenciones del fondo de los ERE.

El Gobierno autonómico ha creado la Dirección General de Cumplimiento de la Normativa para reforzar los controles y de las 35 sociedades participadas por la agencia Idea, 18 carecen de actividad y serán liquidadas. Este martes han finalizado su actividad dos de ellas, Tecnobahía y Cero Innovación 24 horas.

A la inesperada petición de los abogados de la Junta para archivar el caso avales, opuesta a la opinión de sus dirigentes del PP que han visto siempre una profusión de delitos en serie, se le suma que los letrados consideran las ayudas concedidas en el caso ERE como subvenciones para los trabajadores.

Gran parte del debate jurídico que protagoniza esta macrocausa que ha enjuiciado a los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán reside en si las cuantiosas ayudas —hasta sumar 741 millones— fueron para mantener el nivel de renta de los trabajadores hasta su jubilación o para aliviar a los empresarios de su obligación de indemnizar a sus empleados en los ERE para reducir sus plantillas. Mientras que las defensas defendían la primera tesis, las acusaciones siempre apostaron por la segunda. Y la Junta, en su escrito para reclamar el archivo, se alinea a favor de la primera y en contra de los argumentos de los dirigentes del PP.

“La idea de que la Administración, al abonar las primas de las pólizas, cumple con una obligación de la empresa para con sus trabajadores, es errónea (…) El empleo de pólizas de prejubilación tiene un sentido distinto del puramente indemnizatorio; se trata de garantizar a los trabajadores despedidos que, por su edad o su falta de cualificación, encontrarán dificultades de inserción laboral, una renta hasta la edad de jubilación que les permita subsistir”, reza el escrito de siete páginas del Gobierno andaluz.

Los letrados aclaran que las ayudas para los 6.000 trabajadores beneficiados por el fondo de los ERE, que hoy día siguen cobrando muchos de ellos, es “muy superior al importe de la indemnización” que les correspondería tras la negociación empresa-sindicatos. “En definitiva, cuando la Junta de Andalucía paga pólizas de prejubilación, no está sustituyendo a la empresa en sus obligaciones sino que está complementando lo abonado por la empresa, por imperativo del Estatuto de los Trabajadores, para cumplir el fin, legítimo, de mantener el nivel de renta de los trabajadores despedidos”, concluye el escrito.