El juicio del ‘caso ERE’, visto para sentencia tras un año y 152 sesiones

El juicio de la pieza política del caso ERE ha finalizado este lunes al quedar visto para sentencia tras un año y 152 sesiones. Con los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán como protagonistas del banquillo de los acusados, el proceso ha enjuiciado su política de ayudas públicas con 741 millones para empresas en crisis durante una década (2001-2010), por la que fueron procesados junto a seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus Gobiernos.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes y líderes históricos del socialismo andaluz, se juegan una condena de inhabilitación, pero sobre Griñán pende también la petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel por malversación continuada. El tribunal no dictará sentencia hasta el próximo verano, según fuentes jurídicas, un fallo que marcará el paso para las otras 146 piezas de la macrocausa aún en instrucción.

Sin conclusiones claras ni sorpresas, más allá de la exculpación de uno de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados —el ex secretario general de Hacienda andaluz Antonio Estepa—, el proceso ha evidenciado las tesis enfrentadas de Anticorrupción y las defensas. Mientras que las acusaciones sostienen que la antigua cúpula del Ejecutivo autonómico orquestó un contubernio para eludir los controles de la Intervención General y conceder ayudas millonarias a empresas afines al PSOE, las defensas alegan que no existe evidencia de tal complicidad.

Al concluir el juicio, Chaves y Griñán han sido este lunes la excepción en el banquillo de los acusados para añadir unas frases en su turno de última palabra. Ambos fueron escuetos: “Nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento del tribunal. Las intervenciones de los abogados y fiscales han sido un cúmulo de conocimiento e información, y una experiencia vital”, sintetizó Chaves. A continuación, Griñán añadió: “Tengo el pleno convencimiento y apoyo a lo dicho por mi abogado en su informe”.

La clave del juicio, que ha contado con 120 testigos y nueve peritos, reside en si hay o no pruebas que certifiquen esta presunta confabulación de la veintena de ex altos cargos de la Junta andaluza, y en tal caso su peso jurídico. Las defensas han esgrimido que la acusación solo ha achacado a la antigua cúpula que, en función de su responsabilidad, “debió conocer” las irregularidades constatadas en la concesión de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo, pero no se han acreditado correos electrónicos, llamadas o pruebas por escrito que demuestren el conocimiento de las irregularidades por parte de la antigua cúpula de la Junta.

Anticorrupción sostiene que desde San Telmo [sede del Gobierno autonómico] se permitió la concesión arbitraria de ayudas por parte de Empleo para beneficiar a ciertos empresarios. “Fue una decisión política (...). Las ansias de agilidad y rapidez trastocaron todo el sistema legalmente establecido para conceder subvenciones excepcionales antes del año 2000”, concluyeron los fiscales en su informe final, antes de acusar a la antigua cúpula de la Junta de crear un sistema “totalmente opaco”. Mientras, las defensas de los 21 acusados pidieron su absolución por la “vaguedad, imprecisión y falta de concreción” de los hechos que se les imputa. Para los letrados, los fiscales y el PP ejercieron “acusaciones genéricas y con conductas delictivas sin individualizar”, lo cual les generó “indefensión”. La tercera acusación, el pseudosindicato Manos Limpias, retiró su acusación por malversación y la redujo a prevaricación, sin penas de cárcel.

Como balance del juicio, este lunes el letrado Alfonso Martínez del Hoyo vio el vaso medio lleno: “Las acusaciones no han acreditado un concreto desvío de la finalidad pública legalmente atribuida a los fondos analizados. Al contrario, consta que en su mayor parte éstos se destinaron a la finalidad pública legítima de auxiliar a más de 6.000 trabajadores [que hoy día perciben pólizas como prejubilados]. No hay pruebas en cuanto a esa acusación, sino solo proclamas y juicios de valor”.

Para la acusación del PP, la prueba pericial de la Intervención General del Estado (IGAE) ha sido fundamental para corroborar sus tesis. “Las acusaciones hemos conseguido acreditar la ilegalidad del sistema implantado, y para ello ha sido clave la prueba pericial de los interventores del Estado. Conforme a esa evidencia, si el procedimiento era contrario a la ley porque no existía ese procedimiento, la utilización de los fondos de la 31L [partida de los ERE] ante la ausencia de control, tuvieron finalidad distinta del interés general que debe ser la finalidad última del gasto público”, destacó Luis García Navarro, letrado de la acusación popular.

Antes de finalizar, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, ha agradecido a los abogados y fiscales el esfuerzo para acudir “incluso estando enfermos” y lograr celebrar “este complejo juicio” sin suspensiones para no alargar más de un año la vista oral. Durante meses, en la sala sobrevoló el fantasma de una coincidencia temporal entre la sentencia y las elecciones andaluzas. Pero a medida que la vista oral avanzaba y se consumaba el adelanto electoral para diciembre, dicho temor se esfumó. Ahora los tres magistrados prevén tener lista el próximo verano la sentencia, que será muy probablemente recurrida por alguna de las partes ante el Tribunal Supremo.