Colau refuerza su presión al sector inmobiliario

La alcaldable por Barcelona, Ada Colau, ha presentado este sábado las nuevas medidas que quiere imponer para aumentar el parque de viviendas sociales y reforzar la presión para combatir la especulación inmobiliaria en la ciudad. Respaldada por la concejal de urbanismo, Janet Sanz, y la diputada de En Comú Podem, Lucía Martín, la alcaldesa ha anunciado que aplicará tres nuevas medidas si consigue revalidar la victoria en un segundo mandato, tras las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo. 

En el acto de presentación de las propuestas de BComú en materia de vivienda, Colau ha prometido aumentar la producción de vivienda asequible a una ratio de 1.500 viviendas anuales: "Hemos puesto la maquinaria en su máxima capacidad de producción, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación estaba en una producción anual de 300 viviendas asequibles cuando nosotros llegamos, durante nuestro mandato lo hemos situado en 1.000 viviendas anuales, pero después de décadas de incentivar la especulación, claramente estas medidas son insuficientes".

El plan de vivienda de Colau, aprobado en 2016 con los votos de PDeCAT y Ciutadans, prometía 18.500 pisos hasta 2025 sumando promoción, compras y movilizados de bancos. Aseguran que durante este mandato han entregado 2.600 llaves (pisos promovidos, comprados, movilizados y de rotación) y recuerdan que el Estado ha dejado de invertir un 65% desde 2008 y la Generalitat, un 50%. Al inicio de su mandato, Colau prometió 8.000 (4.000 construidos y 4.000 comprados o cedidos) y acabará el mandato con 1.400: 700 y 700. 

La alcaldable ha explicado que su formación prevé también constituir un centro municipal contra la especulación y el acoso del sector inmobiliario. Según la alcaldesa, este centro trabajaría de la mano de las entidades sociales y de los barrios para asesorar a los ciudadanos. "Si tenéis en mente el centro LGTBI de Sant Antoni, que se ha hecho colaborando con las entidades, pues la idea sería la misma. Hacer un centro de referencia de la vivienda codo a codo con las entidades sociales", ha matizado. 

La alcaldesa ha defendido la necesidad de obligar a los promotores de viviendas a pasar del 30% al 50% de sus promociones para promover viviendas de protección oficial: "Hemos visto que la medida del 30% era insuficiente y por eso proponemos que una de cada dos viviendas pasen a ser de protección oficial en los barrios más amenazados por la especulación, como Poblenou", ha señalado. En un acto de precampaña electoral celebrado precisamente en ese barrio, Colau ha recordado que el parque de viviendas sociales se sitúa en torno al 1%, cuando en las principales ciudades europeas es del 30%.

Por su parte, Janet Sanz, actual número tres en la lista para las elecciones municipales, ha concretado que la medida actual de las promociones destinadas a viviendas de protección oficial afecta a edificios con un techo edificable de hasta 600 metros cuadrados, mientras que la nueva propuesta también implicaría a las de 400 metros cuadrados: "Esto nos permitirá llegar al 75% de la población de Barcelona y que los ciudadanos paguen alrededor de 500 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados". La concejal ha asegurado que estas medidas se aplicarían de manera prioritaria en todos los barrios de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí. Además, ha criticado al PSC y ERC por retardar la entrada en vigor de las propuestas para potenciar las viviendas de protección oficial: "Con la suspensión de licencias hemos perdido la oportunidad de tener 1.000 viviendas de protección oficial".

Finalmente, la diputada Lucía Martín, que concurrirá en el número cinco de la candidatura de Barcelona en Comú, ha destacado que el 80% de las nuevas promociones de viviendas serán de alquiler: "Esto quiere decir que permanecerán en el parque público y no se perderán" y ha añadido que Barcelona es la ciudad española donde más personas viven de alquiler (un 38% según la diputada), por ello, "es necesaria una reforma legislativa que permita acabar con la especulación de los fondos buitre en nuestra ciudad". En este sentido, Martín ha insistido en la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los ayuntamientos puedan limitar los precios del alquiler.