Colau cobra una mínima parte de las multas impuestas a empresas

Al portal turístico Airbnb por pisos sin licencia; a los bancos por pisos vacíos durante más de dos años; a FCC por irregularidades en la recogida de la basura; a compañías de suministros por cortar luz o gas a familias sin recursos... El Gobierno de Ada Colau ha optado en su mandato que acaba por la multa como arma para que las empresas privadas cumplan con la legalidad. La última, la semana pasada, con 2,8 millones de multa a dos fondos de inversión por fincas vacías. “No nos temblarán las piernas”, afirmó Colau al anunciarlas. El Ayuntamiento, sin embargo, ha cobrado solo una mínima parte de las sanciones impuestas.

Fuentes municipales recuerdan que el objetivo de estas sanciones no es tanto recaudar, como ha repetido la alcaldesa al anunciarlas, sino modificar actuaciones de los privados para ajustarse a la legalidad. “Está comprobado que son disuasorias y a veces han tenido efecto boomerang”, celebran las mismas fuentes, que recuerdan cómo, tras la multa a Airbnb, el Consistorio se sentó con otros portales y estos se comprometieron a retirar la oferta ilegal. Sobre el hecho de que apenas se hayan cobrado, recuerdan que las sanciones son garantistas y siempre dan la opción a la persona o empresa multada a recurrir. Las que siguen son las principales multas impuestas y su recorrido.

25 expedientes por luz y gas. El Ayuntamiento ha tramitado 25 expedientes sancionadores (de entre 30.000 y 70.000 euros, 870.000 en total) por incumplir la Ley 24/2015 de pobreza energética al cortar luz o gas a familias que tenían informe de Servicios Sociales acreditando su situación vulnerable. Del total de multas, que suman 870.000 euros, 17 son contra Endesa, cuatro contra Gas Natural, dos contra Iberdrola y otras dos contra otras empresas. El Ayuntamiento no ha cobrado ninguna porque todas han sido recurridas. Endesa asegura que le constan solo 12 y que cuatro fueron archivadas. Sobre las 8 restantes, confirman que las han recurrido.

Multa millonaria a FCC. La Oficina por la Transparencia abrió un expediente sancionador por siete millones de euros tras revelar este diario un presunto fraude en la recogida de basura entre 2013 y 2015. La empresa, explican fuentes municipales, presentó recurso contencioso contra la multa y pedía, como medida cautelar, la suspensión del pago de la sanción. El juzgado denegó la suspensión y FCC tiene cuatro años para pagar, aunque no lo ha hecho todavía. Un portavoz de la empresa indica que la firma siempre ha rechazado los motivos de la multa y “la improcedencia de las sanciones propuestas, motivo por el que se presentó el recurso contencioso administrativo”. “Igual que ocurrió con la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía de Barcelona, que resultó finalmente archivada”, la empresa confía en que su “pretensión sea estimada y las sanciones revocadas”.

Pisos vacíos: 8 multas cobradas. Una de las cruzadas de Colau es el derecho a la vivienda y tres meses después de llegar al Gobierno anunció multas a bancos por tener 12 pisos vacíos. El Ayuntamiento abrió 514 procedimientos a grandes tenedores por utilización anómala de la vivienda (permanecer más de dos años vacíos) que acabaron en 166 expedientes que emplazaban a las entidades a utilizar los pisos o a cederlos a la administración o a pagar multa. El Ayuntamiento cobró siete multas de entre 5.000 y 15.000 euros, pero una sentencia del TSJC suspendió el resto de casos por un recurso del Banco Santander. Desde entonces el consistorio optó por los expedientes sancionadores por desocupación permanente. Se han abierto 28 expedientes y otra sanción ha sido ejecutada con el pago de 7.200 euros de los que se perdonó el 85% porque la propiedad cedió el piso.

Vivienda social. Aparte de los grandes tenedores, Colau también ha perseguido el fraude con las viviendas pagadas con el dinero del contribuyente y en enero anunció que tras inspeccionar 1.500 viviendas del parque público ha abierto 13 expedientes y ha puesto dos multas que suman 180.000 euros a un propietario que alquiló su piso y lo tuvo vacío. En este caso, la resolución no es firme porque no se han agotado todos los plazos y posibilidades de recurso.

Pisos turísticos. Las amenazas del equipo de Colau contra los portales turísticos que anunciaban pisos ilegales se materializaron primero en verano de 2016 con sanciones de 30.000 euros y luego en noviembre de 2016 al hacer pública la imposición de una multa de 600.000 contra las dos principales empresas, Airbnb y Homeaway, la máxima que prevé la Ley de Turismo de Cataluña. Ambas fueron recurridas.