Colau multa con casi tres millones de euros a dos fondos por tener pisos vacíos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha multado con 2,8 millones de euros a dos fondos de inversión por tener dos fincas vacías desde hace más de seis años en las calles de Aragó y Pau Claris, en pleno distrito del Eixample. La fórmula concreta empleada para multar a estos “fondos buitre”, como los ha definido la edil, es la ley del derecho a la vivienda de 2007, que contempla sanciones por “mal uso” de la vivienda, que tiene una función social y debe estar habitado. Si permanece vacío más de dos años, puede ser sancionado su propietario, dice la ley. En total, los edificios suman 24 viviendas.

“No ha sido fácil y no lo habíamos hecho nunca [sancionar], solo lo había aplicado el Ayuntamiento de Terrassa”, ha explicado Colau durante una entrevista en el programa Aquí Cuní, de Ser Catalunya. “No son multas que impongamos para recaudar, sino para que entiendan la lógica de la necesidad de poner un bien de primera necesidad en uso”, ha argumentado y ha asegurado que sería partidaria de medidas incluso más drásticas, como la expropiación del uso de las viviendas vacías que figuró en borradores de la ley pero que finalmente no se aprobó.

Colau ha defendido su política en materia de vivienda y ha recordado medidas como la construcción de 70 promociones, la imposición a los promotores privados de hacer un 30% de pisos soiales, o condicinar ayudas a la rehabilitación a mantener el precio de los alquileres. “A nosotros no nos tiemblan las piernas, no como al gobierno socialista, que ha cedido a la presión y no se ha atrevido a limitar el precio del alquiler como habíamos pactado”, ha lamentado.

Las sanciones a los dos propietarios de fincas del Eixample han sido posibles tras la puesta en marcha de la “Unidad de disciplina en la vivienda” del Ayuntamiento, que busca corregir comportamientos que vulneran la legislación en materia de vivienda. Las multas previstas por mantener viviendas desocupadas más de dos años oscilan entre 90.000 y 900.000 euros cuando se produce “utilización anómala de las viviendas” o “desocupación permanente”.

Las sanciones, con todo se podrían rebajar si la propiedad accediera a ceder los pisos al Ayuntamiento para que los incluyera en su bolsa de vivienda social. De hecho, explican fuentes municipales, en el caso de la finca de la calle de Aragó el Ayuntamiento ya emplazó a la propiedad a ceder las 17 viviendas, si obtener respuesta. La propiedad solicitó en 2015 hacer un hotel pero la licencia fue denegada y está tramitando una licencia para hacer pisos. También en el caso de la calle de Aragó el consistorio el Ayuntamiento ha ofrecido alternativas a la propiedad para que los pisos tengan un uso social.