Colau multa con siete millones de euros a FCC por el fraude de la basura

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, multará con siete millones de euros a la empresa FCC por el fraude cometido en la recogida de basura entre los años 2013 y 2015. Unas irregularidades que reveló este diario en noviembre del año pasado y que consistían en falsear datos de los residuos retirados para hinchar sus ingresos a costa del consistorio. Está previsto que la multa se apruebe en el pleno del próximo viernes y la empresa podría interponer recurso de alzada. La sanción se votará en el pleno porque fue el pleno quien, en su día, aprobó el contrato de la recogida de la basura. El Gobierno municipal prevé tener apoyo.

Al conocer el presunto fraude, el Ayuntamiento abrió una investigación interna cuyo resultado trasladó a la Fiscalía, que a su turno investiga penalmente si FCC incurrió en los delitos de estafa y falsificación. El consistorio cifró en 3,3 millones el fraude de FCC: del total, 1,2 millones corresponden a irregularidades en los servicios prestados, al sacar a la calle un número inferior de trabajadores del previsto; y los otros 2,1 millones corresponden a la penalización prevista por no informar de no prestación del servicio.

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El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha explicado este martes que siete millones de multa es el máximo que permite la ley de acuerdo con el contrato de FCC. Cinco millones corresponden a la sanción propiamente dicha dos al resarcimiento por los servicios no prestados, lo que se conoce como daños y perjuicios. “Estamos ante una trama organizada para burlar los controles internos que ha saqueado los recursos públicos en un ámbito tan sensible como es el servicio publico de limpieza”, ha vuelto a decir Asens, como en otras ocasiones.

Asens ha afirmado que el gobierno quiere mandar dos mensajes: "Uno, contundencia, no toleraremos fraudes; y dos, confianza, de que hemos tomado medidas para que no vuelva a ocurrir”. “Si se producen, seremos implacables”, ha advertido y ha explicado que, por ahora no, el Ayuntamiento no se plantea rescindir el contrato. “Los servicios jurídicos lo han estudiado y siendo un 0,7% del volumen de residuos gestionados y con la jurisprudencia existente, han llegado a la conclusión de que la rescisión no resulta procedente, podríamos perder”, ha relatado y ha explicado que el consistorio “no cierra la puerta a la rescisión, la espera de la investigación penal de la Fiscalía”.