Los municipios debaten gestionar la basura después del fraude de FCC

El presunto fraude millonario de FCC en la recogida de basura de Barcelona y Badalona ha abierto el debate sobre la remunicipalització de estos servicios. Castelldefels ya ha aprobado la gestión directa de la limpieza y los residuos. Barcelona lo estudiará. Y Mataró e Igualada, por su parte, han encargado o agilizado las auditorías a la empresa para vigilar que cumple el contrato. En otros municipios gobernados por las confluencias de izquierda todavía no se han planteado asumir la limpieza de las calles y la recogida de residuos, pero sí otros servicios como el abastecimiento de agua o las escuelas cuna.

Castelldefels aprobó en septiembre la remunicipalització de la limpieza viaria y de la gestión de residuos. Es el espejo en el cual se miran todos los consistorios que se plantean hacer el mismo. Municipis del área metropolitana como Ripollet, Cerdanyola o Sabadell firmaron un convenio para avanzar en la gestión directa, pero sólo Castelldefels lo ha conseguido en la limpieza y los residuos. Tenía una ventaja: el contrato con Sersa, una empresa local, expiró el 2014 y todavía no se había adjudicado a otra compañía. Los largos contratos de estos servicios —acostumbran a ser de ocho años más dos de renovación— dificultan una alternativa sin tener que hacer el esfuerzo económico para indemnizar la empresa para rescindirle el contrato.

Candela López, alcaldesa de Castelldefels, aprovechó su oportunidad: “Era nuestra responsabilidad gestionar directamente el contrato más grande del Ajuntament y el más sensible para los ciudadanos”. López explica que habrá una inversión de 2,7 millones en maquinaria y que se subrogarán los trabajadores de Sersa con las mismas condiciones laborales. Calcula ahorrar tres millones en diez años (en no tener que pagar IVA) y otro medio millón anual por el beneficio industrial que se llevaba la empresa. El equipo de Gobierno (Movemos, PSC, ERC y Castelldefels Sí Que Es Pot), CiU y Ciutadans votaron a favor de la propuesta; sólo el PP se opuso.

Los nuevos gobiernos de izquierdas han puesto la lupa sobre el cumplimiento de contratos por las grandes empresas. Si hasta ahora los focos de corrupción aparecían en la adjudicación de contratos, ahora las irregularidades se producen en la gestión. Tal como destapó EL PAÍS, FCC estafó en Barcelona 800.000 euros, lo cual ha hecho saltar las alarmas. Badalona, Sabadell o Igualada ya tenían en marcha auditorías para comprobar que el servicio prestado se ajustaba a los pactos en el contrato.

Empreses bajo vigilancia

Els hechos de Barcelona han agilizado estos informes: en Igualada —donde FCC controla el 66% de la gestión de limpieza y basura y el Consistori , el 33% restante— el Govern local pidió un informe a la Diputació de Barcelona porque los ciudadanos no se mostraban satisfechos con el servicio. “Hemos pedido que salga ya la auditoría. Queremos que el dinero que pagamos se inviertan bien en la ciudad”, dice Jordi Pont, regidor de Urbanismo . Es el mismo caso de Sabadell, que presentará el próximo martes las conclusiones de un estudio sobre la caducidad y el coste de los servicios externalizados. Por su parte, el alcalde de Mataró, David Bote, no sospecha que haya fraude en la gestión, pero después de las noticias sobre Barcelona, considera que tiene que hacerse un informe “para la tranquilidad de la ciudadanía”.

En Badalona, un estudio que ha sido trasladado a la fiscalía concluye que FCC ha defraudado 12,8 millones de euros en cinco años al Consistori . Además, en el informe, al cual ha tenido acceso EL PAÍS, se denuncia también que el Ajuntament , entonces gobernado por el PP de Xavier Garcia Albiol, no multó la empresa por incumplimientos de contrato que implicaban 3,1 millones de euros en sanciones.

El informe de Badalona señala el camino de la rescisión del contrato —que el Consistori todavía no prevé— y pone sobre la mesa la conveniencia de gestionar directamente el servicio. El encargado de la auditoría, Jordi Colomer, es ambientólogo y experto en gestión de residuos, y como ex consejero de la CUP en Arenys de Munt llevó a cabo un proceso de remunicipalització. Dice que es una operación “muy sencilla”. “Económicamente, las ventajas de la gestión directa son evidentes, hay un ahorro del 20%”, dice Colomer, aunque apunta que la dificultad es “que los ayuntamientos están desmantelados”, en alusión a la falta de inspectores que tiene, por ejemplo, Badalona.

El catedrático de Ciència Política Carles Ramió, en cambio, argumenta que “tiene sentido remunicipalitzar servicios que tengan un elevado valor público”, pero cree que los más operativos, como el de la limpieza o los residuos, sólo añadirían al Administració más plantilla y le sacaría flexibilidad. “El que se tiene que hacer es externalizar mejor”, dice Ramió, quien recuerda que un estudio de 2015 del Tribunal de Comptes señala que el Administració contrata un 25% más caro que el precio mediano de mercado. “Es escandaloso, las empresas se han acostumbrado a unos beneficios enormes”, asegura Ramió. “Con estas condiciones”, agrega, “sale por anticipado municipalitzar, pero las administraciones tienen que volver a educar las empresas, que por lógica tienen que operar mucho más barato”.