El rechazo a las cuentas de Sánchez compromete mejoras en el transporte público

El veto al presupuesto del Gobierno español tendrá un fuerte impacto sobre el transporte público en el área de Barcelona. La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) contaba con 41 millones de euros de aportación extraordinaria al transporte público: una inyección pactada por el presidente Pedro Sánchez y Podemos y los comunes, que suponía un incremento del 38% respecto al año pasado. El Ayuntamiento y el Área Metropolitana forzaron destinar 25 millones a congelar las tarifas y el resto debía gastarse en mejoras del servicio. Sin los 41 millones, la expectativa es recortar inversiones o generar déficit.

A seis meses de las elecciones, en diciembre pasado el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) aprobó congelar las tarifas y mantener el precio de la T-10, el título más utilizado, en 10,20 euros. La decisión, forzada por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau, la tomaron los comunes con el apoyo del PSC, pese a la negativa de la Generalitat, que tiene la mayoría en la ATM. El Govern pretendía aumentar las tarifas un 2% y aumentar las inversiones de acuerdo al plan de mejoras en todo el sistema ATM aprobado en 2017.

Hay que tener en cuenta que las administraciones del área metropolitana deben hacer inversiones para mejorar al transporte público antes de que en 2020 (faltan solo 10 meses) entren en vigor las restricciones de circulación de los vehículos contaminantes dentro de las Rondas de Barcelona. La preocupación no es menor entre los responsables del transporte público. “Había una expectativa para ayudar a la financiación, si no llegan los millones, o buscas otras fuentes, o vas a déficit o recortas, no hay más”, advierte una fuente próxima al ejecutivo municipal.

En diciembre, el consejero de Territorio, Damià Calvet, tachó la decisión de fiar la congelación tarifaria a una aportación solo comprometida de irresponsable y “unilateral” y de “política ficción”. “Supeditar la congelación a la eventual aprobación del presupuesto general del estado no es responsable”, dijo y acusó a los comunes de romper el consenso sobre la necesidad de aumentar la financiación del transporte y revertirla en mantener y mejorar el transporte.

El consejero reveló que congelar tarifas cuesta 25 millones de euros y que si no llegaban la decisión de los comunes podía comprometer futuras inversiones. Calvet alertó claramente de que sin los 41 millones acordados habría que recortar las mejoras previstas, como ampliar la oferta del actual servicio con mayores frecuencias de paso en ferrocarriles o más autobuses.

Otra cuestión es el impacto que la ausencia de presupuestos generales del Estado tenga sobre Barcelona fruto de los 2.400 millones de euros que iba a recibir la Generalitat y que en parte reparte a los Ayuntamientos.

Fondos de la Generalitat

Ni el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello ni el gerente de Economía, Jordi Ayala, pueden detallar partidas concretas que estén en riesgo. “Los 2.400 millones no asegurados afectan al Ayuntamiento, porque tiene muchos vasos comunicantes con la Generalitat: en materia de Mossos y seguridad, de derechos sociales, de vivienda... Barcelona está asumiendo muchas competencias que no le tocan”, apunta Ayala. Y añade: “Más que perjudicar al Ayuntamiento de Barcelona, la situación de la Generalitat comporta que no podemos beneficiarnos de los importes que íbamos a recibir para descargarnos de cuestiones que no nos tocan para poder hacer otras distintas”.

Barcelona está funcionando desde el pasado uno de enero con el presupuesto de 2018 prorrogado. Pero Pisarello presume de que “sigue siendo el presupuesto más expansivo de la historia” en el ejecutivo los concejales recuerdan cada vez que tienen ocasión que Barcelona es la ciudad española con mayor inversión social por habitante. “La filosofía no varía y confiamos en hacer modificaciones presupuestarias”, apunta. El gobierno de Colau asegura desde hace meses que no tener presupuesto de 2019 es menos grave en el Ayuntamiento que en la Generalitat y el Gobierno español, donde trabajan con presupuestos prorrogados desde 2017.

De hecho Colau cerrará su mandato sin haber aprobado ningún presupuesto por la vía ordinaria. En 2016 hizo una modificación de crédito de las últimas cuentas del exalcalde Xavier Trias. En 2017 y 2018 sacó adelante cuentas propias por el mecanismo de la cuestión de confianza (quedan aprobadas automáticamente si la oposición no pacta un gobierno alternativo). Y en 2019, prórroga.