Mataron a sus hijos, pero la policía Rosalinda Ávalos sigue peleando contra el cartel

Cuando Rosalinda Ávalos saltó a los focos nacionales hacía más de cuatro años que habían matado a sus hijos y que peleaba, sola, contra el crimen organizado. Esta policía de San Luis Potosí irrumpió a mitad de febrero en el Congreso del Estado y logró que quitaran de la lista a la elección judicial a Sabas Santiago Ipiña, quien había trabajado con ella en la Fiscalía durante años. Ávalos enseñaba en su denuncia que el candidato tenía vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y quería ser juez penal para influir en el proceso por el asesinato de sus hijos, en el que hay detenidos otros cuatro policías ministeriales. El caso ejemplificaba todos los miedos a esta reforma a la justicia, pero sus raíces eran algo más: un recorrido por el fango de la corrupción, por los nexos infatigables entre el Estado y el crimen, por la soledad de una mujer que batalla a diario contra sus tentáculos.

Rosalinda Ávalos desgrana con cuidado la cadena que la trajo hasta aquí, a una guerra incansable. Hay algunos eslabones claros: no encontraba trabajo de enfermera y decidió meterse a policía; no quería que la movieran a la delegación de La Pila, una de las más violentas de San Luis Potosí, y tuvo que acatar las órdenes; encontró las conexiones de sus compañeros de la Fiscalía con el crimen organizado y las denunció. Pero son otros momentos, pequeños, los que la hacen llorar. Es el Día del Policía de 2019, cuando llevó a sus tres hijos (Yajaira, Carlos y Daniela) a la Fiscalía porque ella iba a recibir un reconocimiento por su investigación de una violación en grupo: “Ellos estaban bien orgullosos, en un video se oye a mi hijo decir ‘¡es mi mamá!’ bien contento, pero ahí es cuando mis compañeros los identifican”. Es el 11 de septiembre de 2020 cuando decide meterse en una avenida de La Pila, en una indagación por robo, y se encuentra con agentes ministeriales a bordo de una camioneta robada. Es el 29 de octubre cuando les espeta que tiene pruebas de lo que han hecho y le contestan: “La vas a pagar”.

En una conversación de varias horas con EL PAÍS, Ávalos relata con precisión lo que ya ha contado en sus procesos judiciales, el primero por el homicidio de dos de sus hijos y el segundo por su denuncia contra 21 servidores públicos de la Fiscalía de San Luis Potosí. Recupera los días y las horas, los nombres y los alias; aporta documentos, imágenes y mensajes que respaldan sus acusaciones. Hace un resumen: “El Cartel de la Ministerial, dentro de la Fiscalía, funcionaba desde hacía años. Yo fui la única que los enfrenté. Estoy pagando las consecuencias”.

Bienvenida a La Pila

Hace 26 años que Rosalinda Ávalos es policía. En ese tiempo se ha licenciado como abogada, se ha formado en Estados Unidos y ha sido jefa de varias unidades que investigaban feminicidios, robos, delitos sexuales o desapariciones. “A mí me encantaba mi trabajo, me gusta mucho investigar, se me da bien”, dice todavía ahora. Durante mucho tiempo, cuenta, fue la única mujer que ejercía de jefa de la policía dentro de esta Fiscalía: “Hay hombres que no pueden ver eso”. A la par, la agente criaba sola a sus tres hijos, buscaba cómo llevarlos a piano y a guitarra, a natación, a la escuela. Lograba con su salario de policía que Yajaira terminara Nutrición, Carlos se formara como chef y Daniela empezara Arquitectura. En 2019 pudo pedir un préstamo para que se fueran los cuatro a conocer Cancún. Estaba, en definitiva, orgullosa de su familia.

Fueron dos cuerpos desmembrados encima de un puente los que le dieron a Ávalos la bienvenida a La Pila en julio de 2020. Llegaba a su nuevo destino después de cinco años en el área rural que rodea a la capital, con base en Mexquitic. “Sabíamos que La Pila estaba bien caliente porque ahí está metida la delincuencia organizada de Los Jaliscos”. En solo unas semanas su vida empezó a girar en torno a robos a escuelas y a viviendas, asaltos con violencia y narcomenudeo. Se desplazaba con un Sedan viejito entre colonias que hacía mucho que no veían patrullaje de policía.

Era septiembre y llovía cuando le tocó investigar un boquetazo a dos empresas a las que le habían robado miles de pesos en llantas. Ella y sus compañeros de patrulla buscaban la manera de evitar las calles enlodadas, cuando enfilaron en la avenida en la que apareció la camioneta blanca. Era la pieza que descalabraría el puzzle.

Detrás de una camioneta blanca

El vehículo tenía un reporte de robo y circulaban videos de cómo dos personas armadas se lo habían arrebatado a una mujer. “Yo iba enfocada a seguir a la camioneta y ya con las señales audibles, la torreta, les advertí a los compañeros: ‘Pónganse listos”, relata Ávalos. Pero una mano tatuada salió por la ventanilla y pidió tregua. La camioneta frenó. Se bajaron Ulises ‘N’, alias El Kiko, y Miguel Ángel ‘N’, alias El Micky, compañeros de la Fiscalía y hoy detenidos por el asesinato de sus hijos. La vieron y dijeron tranquilos: “Somos nosotros, güera”.

La historia de cómo llegó un vehículo robado a los dos agentes y cómo el caso fue tapado por los jefes operativos y comandantes se convirtió en la obsesión de Ávalos. La agente identificó a partir de ese encubrimiento una red mucho mayor. Así la relata ahora, después de cuatro años de investigación: en la Fiscalía de San Luis Potosí, algunos de sus compañeros avisaban a los líderes del CJNG cuando iban a haber un cateo; una ministerio público hacía de aval para el departamento de lujo del jefe de plaza del cartel, mientras su esposo representaba legalmente a aquellos que ella decía perseguir; los decomisos no solían llegar a disposición judicial y las órdenes de aprehensión no se cumplimentaban mientras se hicieran bien los pagos.

Como si se tirara de una manta, la camioneta blanca se había convertido en la prueba que destapaba al llamado Cartel de la Ministerial. Pero ni los policías ni el Cartel Jalisco iban a permitir tan fácil que el negocio se acabara.

Ávalos recibió el 21 de septiembre la primera amenaza, un mensaje de texto que le advertía que iban a dejar los cuerpos de sus hijos en la puerta de su casa. La segunda le llegó el 5 de noviembre, a través de un WhatsApp de un abogado de la Fiscalía —que ahora representaba a miembros del CJNG—. Afirmaba que iban con todo contra ella, que iban a destrozar a sus hijas, que uno de sus compañeros la había señalado.

Una y otra vez, Ávalos dio aviso a sus superiores de sus averiguaciones sobre la camioneta, de los nexos con el cartel, de las amenazas que recibía. Hoy dice sin dudas que ni su comandante directo Juan Alejandro Menchaca (hoy comisario), ni el entonces comisario José Guadalupe Castillo Celestino hicieron nada por protegerla: “Por ser mujer no les importé. Entre los hombres sí se protegieron, pero a mí no me protegieron”.

“Mamá, ven a casa, nos dispararon”

La agente recuerda a la perfección la mañana del 11 de noviembre de 2020. Se le rompió el pantalón, de viejito, al ir a recoger unas llaves y fue a enseñárselo a su hija Dani, de 18 años, que riendo la mandó callar porque estaba con clases virtuales, no la fueran a ver; su hijo Carlos, de 20 años, le llamó porque no le había dejado un dinero que necesitaba; se fue a patrullar a La Pila. A las 15.30 horas recibió la llamada de Yajaira: “Mamá, ven a casa, nos dispararon, nos dispararon”.

Cuando Ávalos llegó a la puerta de su vivienda se encontró a dos de sus hijos muertos dentro de su coche. Habían sido acribillados. Yajaira estaba herida, pero viva. “Ella lloraba, no se quería bajar del coche sin sus hermanos. La tuvieron que cargar para subirla a la ambulancia y llevarla al hospital. A mí me encerraron dentro de la casa para que no viera cómo levantaban los cuerpos de mis hijos”.

Lo siguiente que sigue es solo tristeza y rastreo. El 4 de diciembre de 2020 fue detenido por narcomenudeo Roberto Carlos ‘N’, alias El Meteoro o El Cometa. En febrero arrestaron a Evaristo ‘N’, conocido como El Tolo, que había huido a Ciudad de México. Ambos del Cartel Jalisco, ambos acusados de ser los autores intelectuales, junto a la policía, del asesinato de Carlos y Daniela. Además, pronto se detuvo a los dos sicarios que dispararon y a José Guadalupe ‘N’, por conseguir las armas y resguardarlas después. Los cincos tenían órdenes de aprehensión sin cumplimentar por otros delitos.

La investigación no quedó ahí: los testimonios de implicados y testigos, además del análisis de celulares, situaron a Kiko, a El Micky y a su primo Brallan ‘N’, alias El Brayan, y a Juan Carlos N, alias El Fuerte, como los cuatro policías que acompañaron a los sicarios y les señalaron cuál era la casa de Ávalos. Ha costado varios años y una voluntad de hierro de Rosalinda, pero los cuatro están presos, esperando el juicio. Además, la agente tiene identificados a otros dos policías que también permitieron el ataque. La lista de los que tuvieron vínculos con el cartel, y que ella incluyó en su denuncia, asciende a 21. Uno de ellos es Sabas Santiago Ipiña, alias El Mexqui, quien tenía un nuevo objetivo: convertirse en juez de oralidad penal.

La tómbola

El tanatólogo le recomendó a Rosalinda que hiciera algunas actividades que no pudieron terminar sus hijos. Así que la agente se había apuntado a un curso de repostería en la escuela de su hijo Carlos. Ahí aprendió a hacer galletas, tartas y gelatinas. Le venía bien para tener ocupada la cabeza. El 12 de febrero, aprovechando que pronto se celebraba San Valentín, estaba con eso cuando decidió dar un último vistado a las listas de candidatos para nuevos jueces en San Luis.

Ella sabía, por lo lento que iban sus procesos, que no los terminarían los jueces actuales, sino los que resultaran elegidos en la elección judicial del 1 de junio. Así detectó el nombre de Sabas Santiago Ipiña en la primera lista del Comité de Selección del Poder Ejecutivo. Ipiña fue la primera persona con la que pidió hablar El Meteoro cuando fue detenido por el asesinato de sus hijos. Al ser preguntado de qué lo conocía, el agente afirmó sin pena que el líder del CJNG en La Pila le patrocinaba algunos equipos de fútbol.

Ávalos vio que el exagente no había pasado el primer filtro del comité ejecutivo, lo que la había dejado mucho más tranquila. Pero algo se le había pasado por alto. Al revisar ese 12 de febrero frente a sus pastelitos, la agente tuvo que salir corriendo: Ipiña se había inscrito también en el proceso del poder legislativo y estaba en el número 7. Su posición le garantizaba un pase directo a la elección, sin pasar por la tómbola.

Todo lo que pasó después está grabado: la voz de Rosalinda Ávalos rompe el auditorio del Congreso de San Luis Potosí en el que pide que le reciban las pruebas de que Ipiña tiene vínculos con el cartel y con el asesinato de sus hijos. Las cámaras recogen cómo se quiebra y recompone: “Él es compadre de uno de los imputados, que está en el penal de Sonora, Miguel ‘N’. Por eso quiere entrar [en la elección judicial], para poder manipular el proceso y dejar en libertad a los que mataron a mis hijos”.

Los legisladores recibieron los escritos y decidieron eliminar del proceso a Sabas Santiago Ipiña, porque no cumplía con el requisito de haber litigado cinco años como abogado. El logro ha traído mucha visibilidad, por primera vez, al caso de Rosalinda, quien se siente agradecida y al mismo tiempo vulnerable, como si le hubieran colocado en el pecho una diana. “No sé si intenten algo, porque ellos saben que yo sé todas estas cosas que estoy transmitiendo, que estoy hablando. Pero esto es por ellos, niños buenos que no le debían nada a nadie”.