Una madre logra sacar de la elección judicial a un aspirante vinculado con el asesinato de sus hijos

El Congreso de San Luis Potosí se preparaba para perfilar las listas de candidatos a la elección judicial, cuando cortó el auditorio la voz de una mujer. Rosalinda Ávalos, madre de dos hijos asesinados, policía investigadora y ahora —por obligación— activista, dijo en alto hacia los legisladores: “Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ¿Cómo lo evaluaron?”, preguntó antes de que la voz se le quebrara. El aspirante era Sabas Santiago Ipiña, a quien la mujer acusa de estar relacionado con el crimen organizado y con el homicidio de sus dos hijos en 2020. El expolicía había sido seleccionado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo como candidato al puesto de juez de oralidad penal para los comicios del 1 de junio. Tras las protestas de Rosalinda, el Congreso del Estado ha decidido sacarlo de las listas.

Ávalos se ha convertido en San Luis Potosí en una voz reconocida en la búsqueda de justicia. En 2020, la mujer investigaba al llamado Cartel de la Ministerial, una presunta red de policías ministeriales que trabajaba en colaboración con el crimen organizado. Dentro de la Fiscalía estatal, la agente había sido asignada a la delegación de La Pila, una de las zonas más conflictivas de la capital San Luis Potosí, donde se habían disparado el robo de vehículos y de asaltos con violencia. Allí durante un rondín de rutina, encontró una camioneta con reporte de robo y tras una breve persecución logró detener a los tripulantes: eran sus propios compañeros de la Fiscalía. A partir de ese momento comenzó la pesadilla.

Ella trató de escalar el caso a sus superiores, sin éxito, y empezó a recibir amenazas. El 11 de noviembre de 2020, tres hombres entraron por la fuerza en su casa, en el municipio Soledad de Graciano Sánchez, al este de la capital. Dentro de la vivienda dispararon contra sus hijos. Murieron Carlos Aguilar, de 20 años, que estudiaba para ser chef, y Daniela, estudiante de arquitectura de 18 años. En el ataque también resultó herida la hija mayor de Ávalos, quien recibió una bala en el brazo mientras se protegía la cabeza. “Llegaron hasta mi domicilio, ¿quién les dijo dónde yo vivía? Pues los mismos policías, él [Sabas Santiago Ipiña]”, afirmó la mujer ante los legisladores.

La investigación apunta a que policías ministeriales a bordo de una patrulla indicaron cuál era la casa y otros dos civiles en motocicleta vigilaron mientras se producía el ataque. La Fiscalía estatal, de la misma de la que proceden algunos de los implicados, abrió carpetas de investigación por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Rosalinda, que cuenta con medidas de protección, lleva años pidiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga su caso.

“Por hacer bien mi trabajo, mataron a dos de mis hijos. Sabas Santiago Ipiña participó”, declaró Ávalos en el Congreso, el pasado 12 de febrero: “Él es compadre de uno de los imputados, que está en el penal de Sonora, Miguel ‘N’. Se le han encontrado nexos con la delincuencia”. La agente ha narrado que Ipiña se ha presentado como abogado defensor de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y que este grupo organizado patrocina incluso sus equipos de fútbol. “Por eso quiere entrar [en la elección judicial], para poder manipular el proceso y dejar en libertad a los que mataron a mis hijos”, afirmó.

Ipiña, alias Mexqui, trabajaba en la Dirección General de Métodos, donde fue jefe del grupo de combate al narcomenudeo. Se inhabilitó por una lesión por arma de fuego tras un enfrentamiento en 2021. El año pasado se presentó a dos de los procesos de selección en San Luis Potosí para ser juez. El del Poder Ejecutivo lo rechazó por no cumplir con el requisito de haber sido abogado litigante al menos durante cinco años, pero el comité del Legislativo lo colocó como uno de los mejor evaluados, por lo que obtenía pase directo a la elección, sin pasar por la tómbola.

Así era hasta que el 12 de febrero, Ávalos interrumpió la sesión de insaculación en el auditorio Manuel Gómez Morín del Congreso y presentó sus documentos de queja, entre los que incluía la copia de la denuncia. La presidenta del Comité de Evaluación, Esther Maldonado Castillo, le pidió al secretario técnico y al notario que daba fe de la tómbola, que le recibieran los escritos. “Esto no puede quedar impune. Queremos justicia para nuestro país, justicia para mis hijos. No puede seguir él ahí en el proceso, no pueden permitirlo”, pidió Ávalos, “y si va en la boleta pido que no voten por él”.

Esta semana, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado recibió a la mujer y le comunicó que Ipiña había sido eliminado de la lista. En las enviadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), no aparece efectivamente el nombre del expolicía. Todavía hay un período de impugnaciones, que el expolicía podría utilizar. “No es elegible, porque mi caso sigue en proceso, pero lo que sí se puede comprobar es que no cumple con el requisito constitucional de ser litigante con más de cinco años de experiencia”, ha explicado la mujer, que reconoce saberse en “mucho riesgo”: “Si algo me pasa, hago responsable a él y toda la delincuencia organizada y al Cartel de la Ministerial”.

La polémica reforma judicial, aprobada en noviembre del año pasado, lleva a México a la elección directa de miles de juzgadores, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados hasta los jueces locales. Mientras en el ámbito federal ha habido un mayor escrutinio público hacia las listas de candidatos, en el que se han encontrado un aluvión de irregularidades e inconsistencias, las elecciones locales se habían mantenido más en la sombra. El caso de San Luis Potosí ilustra la que es, para expertos y organizaciones de derechos humanos, la mayor amenaza de la próxima reforma judicial: la penetración directa de jueces vinculados al crimen organizado.