Las presiones políticas que llevaron al límite la integración de las listas de candidatos a la elección judicial

Los Comités de Evaluación que integraron las listas finales de candidatos para la elección judicial no solo tuvieron el reto del tiempo, teniendo que revisar miles de perfiles en cuestión de semanas. También estuvieron sometidos a la presión de jueces y políticos que intentaron asegurar la llegada a la boleta de sus allegados, de acuerdo con funcionarios con conocimiento del proceso de selección. Los intentos de influir en los listados finales provinieron de ministros de la Suprema Corte y de legisladores de Morena, el partido gobernante, según los funcionarios consultados. Enterada de las maniobras para presionar a los integrantes de los Comités, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dio su respaldo a los evaluadores y les instruyó examinar los perfiles con objetividad y no dejar pasar a ningún aspirante que no cumpliera los requisitos, no importando su cercanía con Morena. Otro elemento que jugó a favor de los Comités fue la tómbola, que permitió, por sorteo, excluir a varios aspirantes con padrinos políticos. Azar mata dedazo.

La polémica reforma judicial impulsada por Morena sacará el primero de junio a los mexicanos a las calles a votar a todos sus jueces. Tras varias semanas de cribado, los nombres que aparecerán en la boleta ya están prácticamente decididos. Sin embargo, las listas finales han sido muy criticadas por la oposición, que advierte a numerosos candidatos cercanos al oficialismo, y también por los aspirantes que quedaron fuera del proceso de selección. Muchos de los señalamientos apuntan a un sospechoso habitual, Arturo Zaldívar, que fue cabeza de la Suprema Corte y del Poder Judicial y preside el Comité de Evaluación del Ejecutivo. Sus críticos sostienen que Zaldívar jugó como juez y parte y aprovechó su posición para colar a la boleta a candidatos cercanas a él.

El panista Roberto Gil, que aspiraba a togado de la Corte y no pasó el cribado del Comité de Evaluación del Ejecutivo, ha presentado una denuncia contra Zaldívar por presuntamente haber incurrido en un conflicto de intereses en su doble rol de exministro y evaluador. Zaldívar rechaza los señalamientos y sostiene que no participó en el filtrado final de las candidaturas. Una fuente de la presidencia, que ha pedido reservar su nombre, también acota la supuesta influencia del ministro retirado. “Había mucha cargada política de todos los frentes, además de las listas de Zaldívar. Si lo que ven ahora [en las listas de candidatos] les asusta, no tienen idea de cómo era antes de la tómbola”, sostiene.

Intervención desde el Supremo

Hay varios ejemplos de intentos de influencia en el Comité del Ejecutivo. Uno es el caso de Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de Ciudad de México y quien aspiraba a ministro de la Corte. El magistrado no cumplía con uno de los requisitos más elementales establecidos en la Constitución: haber sacado promedio de ocho en la licenciatura de Derecho (obtuvo el grado con 7,4). Con todo, según las fuentes consultadas, “hubo mucha presión” para pasarlo y se intentó “hacer una interpretación conveniente” en torno a su promedio (redondearlo a ocho). El criterio de no ignorar su incumplimiento se impuso en el Comité y ello lo sacó de la jugada.

Las fuentes afirman que ministra Yasmín Esquivel buscó reunirse con los integrantes del Comité del Ejecutivo mientras estaban en los trabajos de cribado, después de que dos de sus colaboradores no pasaran la revisión de idoneidad para el cargo, fase en la que se calificaba la trayectoria y la buena fama pública de los aspirantes. Se trata de Eduardo Andrade, que ha sido abogado de Esquivel en la polémica sobre el plagio de su tesis de licenciatura y que buscaba ser ministro de la Corte; y de Juvenal Carbajal, que fue jefe de su ponencia en el Supremo y aspiraba a convertirse en magistrado del Tribunal de Disciplina. Otro perfil cercano a la jueza que no pasó la fase de idoneidad es Alfredo Sánchez Castañeda, exabogado de la UNAM, removido de ese cargo por su cuestionado manejo de la crisis en torno al caso de la tesis de Esquivel.

Gil Zuarth ha denunciado que 18 personas que llegaron a la boleta “trabajaron directamente” con Zaldívar. Al menos tres candidatas a ministras del Supremo son identificables en su círculo: Fabiana Estrada Tena, que fue su coordinadora de asesores en la Corte; Ana María Ibarra, que fue su secretaria de ponencia; y Marisol Castañeda, a quien Zaldívar postuló en su momento al Consejo de la Judicatura. Sin embargo, otros allegados al exministro quedaron fuera gracias al sorteo de la tómbola. Por ejemplo, Arturo Bárcena, que fue secretario en su ponencia, y Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura, que votó a favor de dar carpetazo al expediente en el que se acusaba a Zaldívar de haber coaccionado a jueces para que resolvieran asuntos de manera favorable al Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El ministro retirado afirma a este periódico que conoce a las ahora candidatas, pero destaca su trayectoria profesional y honestidad al margen de su relación personal con él. “Hay mucha gente que conozco, pero es falso que las listas estén integradas por gente cercana a mí. También hay mucha gente que no conozco”, sostiene. Zaldívar agrega que, además, una enfermedad le impidió asistir a las reuniones en las que se integraron las listas de aspirantes que entraron a la tómbola.

Injerencia en el Legislativo

El proceso selectivo conducido por el Comité de Evaluación del Legislativo fue más vulnerable a las presiones externas. Ese órgano revisó casi 27.000 expedientes de aspirantes vinculados a decenas de diputados, senadores y gobernadores de Morena. Para agilizar el trabajo, pero también para filtrar con perspectiva política, un equipo de abogados afines al oficialismo ayudó a los evaluadores a revisar los perfiles. Legisladores del bloque gobernante y fuentes cercanas al Comité de Evaluación refieren visitas constantes a las oficinas del órgano evaluador de parte de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Adán Augusto López, coordinador de Morena en esa Cámara. “No hubo otro senador en esas reuniones, solo ellos dos”, afirman las fuentes.

También, aunque en menor medida, señalan la intervención en el proceso de parte de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y de Ricardo Monreal, jefe de la bancada morenista en San Lázaro. Las fuentes mencionan que Zaldívar se mantuvo vigilante del proceso e hizo visitas en momentos decisivos, como cuando trascendían supuestas irregularidades en el cribado. El exministro niega haber intervenido. “Si los comisionados pudieran hablar, dirían que todo fue un cochinero”, refiere un colaborador del Comité.

El tamaulipeco Andrés García Reper, integrante del órgano evaluador, reconoce los movimientos de parte de legisladores para abogar por sus allegados. “En estos casos nunca estás ajeno a una llamada, a una recomendación”, afirma en entrevista. “Para ser claro: de parte del Ejecutivo yo no recibí absolutamente nada [de presiones]. En cambio, del Legislativo, de Tamaulipas, muchos diputados y senadores: ‘Hola, ¿qué tal, Andrés? Te encargo a…‘. Y no pasaron y nadie me reclamó nada. A mí me dijeron que no había la menor intención de meterse con nadie, que teníamos absoluta libertad”, sostiene.

Otro aspecto criticado a lo largo del proceso de selección de candidatos ha sido la integración misma de los Comités de Evaluación. El del Poder Legislativo resalta por los ejemplos de posibles conflictos de interés de sus integrantes. Caso de Patricia Briseño, que fue diputada local suplente —en Sonora—; de Diana Barrera, esposa del diputado Gutiérrez Luna y reemplazo de Guadalupe Taddei como titular del Instituto Sonorense de Transparencia cuando Taddei, cercana a Morena, pasó a presidir el INE. Maday Merino fue presidenta del Instituto de Transparencia de Tabasco en el Gobierno estatal de Adán Augusto, por lo que se le relaciona cercana al coordinador de Morena. Maribel Concepción Méndez, por su parte, fue propuesta en 2020 por López Obrador como magistrada del Tribunal Superior Agrario. El propio García Reper es abiertamente morenista. Además de fungir como representante del partido gobernante ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, ha resultado sorteado como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial en ese Estado.

Reper reconoce las reuniones del Comité con Adán Augusto y Noroña, pero rechaza que hayan ejercido presión sobre su trabajo. “Teníamos comunicación porque eran nuestros anfitriones, nos prestaron las instalaciones del Senado. El senador Noroña fue a visitarnos un par de veces cuando estábamos haciendo las entrevistas. Iba a darnos el espaldarazo, porque había críticas desde la Corte. Ellos venían para decir: ‘El comité está haciendo bien su trabajo’. Estuvieron muy pendientes”, narra. Los cuestionamientos en torno a la reforma judicial no han frenado un ápice el avance del proceso. Pronto los aspirantes finalistas pasarán a la etapa de campañas e irán al encuentro de los votantes, a ofrecerles su idea de justicia.