Un tribunal federal ordena a la UNAM enterrar el dictamen sobre el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel

La ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel ha conseguido que un tribunal federal le dé una enorme victoria en su guerra judicial contra su alma máter, la UNAM. La casa de estudios mexicana tiene desde hace más de un año preparado un dictamen en el que se resuelve si Esquivel cometió plagio en su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho. La investigación nunca ha podido ser publicada por la dura ofensiva judicial emprendida por la jueza. El pasado viernes, el Quinto Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa confirmó una resolución que frena cualquier procedimiento de la UNAM que ponga en duda el título de la ministra, según se advierte de la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los magistrados dieron validez a un oficio interno que envió el anterior abogado de la universidad, Alfredo Sánchez Castañeda, en el que afirmaba que no se podía retirar el título a un exalumno. La justicia federal, que convalida ese documento como “un acto administrativo” y defiende que no se puede quitar un derecho ya otorgado, obliga a la UNAM a enterrar su dictamen.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado un comunicado este lunes en el que critica el fallo judicial, que, señala, “constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y la legislación universitarias”. La casa de estudios ha indicado que dictar prohibiciones a los órganos universitarios —como el Cuetica— desde fuera de la academia “representa también un atentado a la libertad de expresión y al derecho a saber de la comunidad universitaria y de la sociedad en general”. La universidad agrega que “agotó” todos los medios legales a su alcance” contra los numerosos recursos de Esquivel y con la finalidad de que el Comité de Ética “cumpliera con su derecho y con la obligación moral y legal de hacer público el resultado de su trabajo”. La resolución de la justicia federal corona la batalla judicial de Esquivel, que aspira a convertirse en presidenta de la nueva Suprema Corte surgida de la elección de ministros por voto popular en 2025. La ministra ha afirmado en un comunicado este lunes que “ha sido injustamente difamada” por las autoridades de la UNAM y ha añadido que “el tiempo y las sentencias judiciales le han dado la razón” y que todo “se trató de un infundio”.

Hace justo dos años que una investigación periodística desveló que la tesis con la que Esquivel había conseguido su título de abogada en 1987, Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A, era idéntica a otra presentada un año antes por otro alumno, Édgar Ulises Báez. La de Esquivel no incluía el trabajo de campo que sí tenía el otro alumno. Ante el escándalo y la presión de la comunidad universitaria, la UNAM pidió al Comité Universitario de Ética (Cuética) que analizará el caso para determinar qué trabajo era la original.

Desde el primer momento, Esquivel desplegó una intrincada estrategia judicial para evitar que ese análisis se publique y para mostrarse como la autora original de la tesis. La jueza se ha movido siempre en varios frentes: desde conseguir que una jueza civil resolviera que ella no plagió el trabajo basándose en testigos que la vieron escribir y peritajes de la antigüedad del papel, hasta ampararse por daños morales. Una de las batallas de la ministra estuvo centrada en una comunicación interna, el oficio AGEN/09/2023, del 10 de enero de 2023.

En ese documento, el entonces abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, respondía a una consulta de Enrique Graue, quien fungía como rector. Ahí afirmaba que la casa de estudios no tenía facultades legales para anular o retirar un título otorgado a un alumno. El abogado, que fue removido por el cuestionado manejo del caso Esquivel, señalaba en su oficio que, en todo caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) era la instancia que podría hacerse cargo del asunto. Sánchez Castañeda argumentaba que, más de 30 años después de que se le confirió el título, la ministra había adquirido calidad de egresada, y que las autoridades universitarias solo tienen potestad sobre los alumnos. Incluso, el abogado afirmaba que, si la UNAM inscribe a un alumno “con violación” en el ciclo escolar, permite que curse todas las materias, lo somete a examen profesional y aquel lo aprueba, “tal irregularidad es atribuible única y exclusivamente a la universidad, no así al estudiante”.

El nuevo abogado general de la UNAM, Hugo Concha, que tomó en sus manos la contraofensiva judicial, sostuvo ante los tribunales que el oficio elaborado por su antecesor era una “mera opinión interna que no generó ningún alcance fuera o dentro de la UNAM”, un “documento interno carente de definitividad y producto de la libertad de expresión”. Los magistrados rechazaron ese argumento y señalaron que el documento sea una opinión o un documento interno (u ambas) “no desvirtúa que tales oficios tengan existencia legal”. Además, los colegiados Rosana Edith de la Peña, Avelino Carmelo Toscano y Mónica Guadalupe consideraron que la comunicación fue tan oficial que el exrector Graue tomó los argumentos de Sánchez Castañeda para, el 12 de enero de 2023, pedir a la SEP tomar cartas en el asunto, ante la imposibilidad de la UNAM para revocar títulos. La SEP, una dependencia del Ejecutivo, declinó tomar el caso.

Los magistrados federales señalaron en su sentencia que, a pesar de que dos altas autoridades de la universidad —el abogado y el rector— reconocieron inicialmente que la casa de estudios no tenía facultades para procesar el análisis del caso Esquivel, a través del Cuetica se emprendió un procedimiento que iba en el sentido contrario, es decir, en aras de determinar si la ministra había obtenido legalmente su título de abogada. “Sería inaceptable que las autoridades jurisdiccionales —garantes de la legalidad— toleren que una autoridad pueda retractarse libremente de sus actos de autoridad favorables a un particular sin mediar justificación alguna, ya que tal proceder se aproxima a un claro desvío de poder, en virtud de […] el actuar errático y contradictorio de quien se declara incompetente y posteriormente lo niega, sin mediar juicio o recurso alguno”, indica la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ha sido confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado.

La UNAM hizo una reforma a su Estatuto General el 30 de marzo de 2023 que ahora le permite anular grados, títulos, diplomas o certificados si descubre que sus alumnos o exalumnos incurrieron en faltas a la honestidad e integridad académicas. Era el salvoconducto de la universidad para no dejar sin sanción el posible plagio de su exalumna. La defensa de Esquivel impugnó esa reforma por considerar que violaba el principio de irretroactividad de la norma. La casa de estudios argumentó que ese criterio no era aplicable porque aquella fue una reforma administrativa que no estaba dirigida a la ministra. Aunque en su momento un tribunal colegiado dejó en firme la reforma estatutaria de la UNAM, las nuevas facultades de la universidad en materia de sanción del plagio no podrán ser aplicadas para el caso de Esquivel, no por la irretroactividad de la norma, sino en virtud del oficio del exabogado general.

“Esta juzgadora, al reconocer la legalidad y validez del oficio AGEN/09/2023 emitido por el abogado genera de la UNAM, solamente obliga a esa institución a cumplir con lo que sus propias autoridades superiores resolvieron en favor de la actora”, indica la sentencia, “y que se traduce en un derecho adquirido consistente en que carecen de facultades para sujetarla a una revisión valorativa del trámite seguido para la obtención de su título profesional […] por lo que”, continúa el fallo, “deberán dejar sin efectos todos los procedimientos que vulneren la legalidad de los derechos adquiridos derivados de tal documento, o cualquiera otro mecanismo que, sin tener esa finalidad, perturbe la trayectoria académica de la actora y su ejercicio profesional, dada su calidad de exalumna de esa institución educativa”.

Con esta resolución, la ministra se apunta su gran victoria judicial. En la Corte todavía hay varias denuncias contra Esquivel por su supuesta falta de probidad, pero los asuntos se han atorado en el Alto Tribunal, que tampoco cuenta con una norma que le permita sancionar actos indebidos cometidos por sus integrantes años antes de llegar al cargo. A dos años de la revelación de este presunto caso de plagio y de la investigación de EL PAÍS que prueba que también copió en la tesis con la que obtuvo su doctorado en la Universidad Anáhuac, Esquivel ha despejado pacientemente su camino. Quizás hasta la presidencia de la Corte.