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El precio del transporte en Barcelona no sube a costa de las inversiones

El Ayuntamiento fuerza la congelación de las tarifas pese al 'no' de la Generalitat, que lo considera "irresponsable"

Un usuario del metro en la estación de plaza Espanya.
Un usuario del metro en la estación de plaza Espanya.

Las tarifas del transporte público no subirán el próximo año. El consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) ha tomado este jueves esta decisión forzado por el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona, pese a la negativa de la Generalitat, que ha tachado la maniobra de “irresponsable”. El consejero de Territorio, Damià Calvet, ha revelado que la decisión tendrá un coste de 25 millones de euros que puede poner en peligro futuras inversiones. La alcaldesa Ada Colau fía la financiación al pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los presupuestos, que incluirían una partida de 42 millones para la ATM.

La T-10 seguirá costando 10,20 euros. Pero el mantenimiento de las tarifas que ha salido del consejo de administración de la ATM (en el que no se ha votado porque el Departament de Territori ha renunciado a presentar propuesta por la imposibilidad de sacarla adelante) ha provocado una ruptura entre las distintas administraciones que forman el consorcio. La decisión cuenta con el respaldo de los comunes y con el apoyo de los socialistas, tal y como expresó el alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de Movilidad y Transporte de la AMB, Antoni Poveda. La Generalitat, en cambio, está en contra de esta decisión que considera “unilateral”. La Generalitat participa con un 51% en el consorcio de la ATM, pero para modificar las tarifas hacen falta dos tercios del consejo de administración y el Govern solo dispone de la mitad.

En su comparecencia después de la reunión, Calvet ha recordado que las tres instituciones aprobaron un plan de mejoras en 2017 que incluía inversiones en todo el sistema de la ATM. “Este consenso se ha roto”, ha afirmado. El consejero ha explicado que mantener las tarifas este 2019 (el año pasado incrementaron un 2%, el mismo aumento que defendía la Generalitat esta vez) tendrá un coste de 25 millones de euros. “Por un euro más por usuario al mes nos asegurábamos garantizar las mejoras necesarias, ahora este dinero tendrá que salir de alguna parte”, ha dicho. Las administraciones han pedido a la ATM que elabore una propuesta de control de costes y una revisión del plan de mejoras que “en ningún caso” afectarán al servicio actual, sino a inversiones futuras. En suma, según Calvet, el dinero destinado a mejorar el servicio tendrá que servir para absorber la congelación de las tarifas.

El consejero ha recordado que durante el mandato de Xavier Trias el Ayuntamiento impulsó una reducción de las tarifas, pero que la asumió el consistorio al incrementar su aportación a la ATM. Ahora, Colau confía en la aprobación de los presupuestos generales del Estado y en que se mantenga el pacto entre PSOE y Podemos, que incluye una partida de 42 millones para el transporte de Barcelona. “Es poco creíble”, ha dicho Calvet.

En una comparecencia posterior, la concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Mercedes Vidal, ha afirmado que “el Estado se ha comprometido a mejorar la financiación en los presupuestos”. “Este dinero depende de la aprobación de los Presupuestos, y corresponderá a los partidos políticos que no den apoyo a las cuentas el explicar el porqué”, ha añadido, en referencia a PDeCAT y ERC, y a su negativa a aprobar las cuentas. “Nosotros hemos conseguido incluir esta reivindicación en el pacto político para los presupuestos”, ha dicho Vidal.

Las aportaciones de las administraciones a la ATM para 2019 son: 452 millones por parte de la Generalitat, 177 millones por parte del Ayuntamiento, 160 millones por parte de la AMB y 134 millones de la Administración General del Estado. La decisión de la ATM coincide con el abaratamiento de las tarifas en 18 municipios del área metropolitana.

El consejo de administración también ha aprobado la renovación de 42 trenes de metro afectados por amianto en las líneas L1 y L3. La operación implica una inversión de 555 millones de euros, que asumirá la ATM mediante un crédito del Banco Europeo de Inversiones, que financiará la mitad, y financiación propia a 20 años.

Análisis | La lotería de las tarifas

Dani Cordero

El paro seguirá cayendo el próximo año y se prevé que los ingresos de los hogares crezcan un 4,5%. Esa mejora general de las economías domésticas hace menos entendible por qué este año se congelan los títulos de transporte público mientras que el ejercicio pasado, cuando la salida de la crisis era menos evidente en muchas familias, se subieron un 2%. En los últimos ocho años, la ATM ha subido tres veces las tarifas (2013, 2014 y 2018), las ha bajado una (2015) y ha decidido congelarlas en otras tres ocasiones (2016, 2017 y 2019): la política tarifaria del transporte está a la altura de la errática política educativa, es una lotería. El PSC presionó sin éxito el año pasado a Colau para que mantuviera tarifas y este año, en precampaña electoral, los comunes se han aliado con los socialistas para hacerlo posible.
Barcelona lleva años sin resolver algunos agujeros negros en materia de transporte público —conexión del tranvía y la finalización del tramo central de la línea 9 del metro— y a partir de 2020 la red tendrá que asumir una presión añadida una vez que los coches más antiguos y contaminantes tengan prohibida su entrada a la ciudad. Los 25 millones de euros que costará la congelación —si no llega financiación extra del Estado— podrían destinarse a paliar esos efectos, como defiende el Gobierno catalán. Aunque desde el punto de vista de la financiación, el Ejecutivo de Junts per Catalunya y ERC no debería quejarse mucho. Aprobó una ley de financiación del transporte público en 2015 que abría la puerta a nuevas vías de ingresos —incómodas— que ni ha intentado desarrollar. Lo podría hacer ahora. Pero esa es otra lotería.
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