La Fiscalía cita a los operarios de Metro con asbestosis

La Fiscalía ha citado, la próxima semana, a los trabajadores de Metro afectados de asbestosis —enfermedad laboral originada por la manipulación del amianto— así como a los familiares de otros dos operarios con la dolencia reconocida y que fallecieron a causa de la misma. La Inspección de Trabajo investiga a Metro por negligencias con el amianto desde octubre de 2017: considera que no se protegió a los trabajadores y propuso una sanción de 191.000 euros a la empresa pública. Además, en marzo del año pasado, la Fiscalía Provincial abrió diligencias penales. Es decir, que un juez investiga si en la crisis del amianto de Metro se ha cometido un delito.

Los trabajadores afectados por asbestosis tendrán que describir en su declaración las condiciones en las que trabajaban con el amianto. Específicamente sobre la relación con su salud y la prevención de riesgos por parte de la compañía. Actualmente hay cuatro casos reconocidos. La Fiscalía quiere escuchar las historias de todos ellos: aunque dos de los trabajadores han fallecido por la enfermedad, sus familiares han sido citados. El amianto es un mineral fibroso muy apreciado y usado en el pasado, pero tóxico cuando se manipula: si se corta, genera microfibras que penetran en los pulmones. Por ello, para manipularlo hay que tomar una serie de medidas de protección como mascarillas, trajes especiales, guantes…

Aunque Metro sabe desde al menos 1991 que en su red hay amianto, nunca puso las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores, en base al testimonio de estos. Tampoco les informó sobre la presencia del material hasta 2017 —el mismo año que se le reconoció asbestosis a un operario— o de sus posibles riesgos aunque desde 1984 las empresas que usasen el material estaban obligadas a ello. Esta información ha sido valorada también por la comisión de investigación iniciada hace casi un año en la Asamblea de Madrid y que hoy tiene previsto aprobar sus conclusiones, muy duras con la gestión por parte de Metro de la crisis del amianto.

La Inspección, que también participó en la comisión de investigación, considera que Metro no tomó las medidas suficientes para evitar la exposición al amianto de su plantilla. Razón que inició el expedeinte en octubre de 2017: desde entonces se han cursado más de 30 requerimientos y al menos cuatro actas de infracción. Esta última figura se utiliza cuando hay indicios de incumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales. La Inspección también ha propuesto una sanción de 191.000 euros.

Santos Román, uno de los trabajadores enfermos, declaró en la comisión que nunca le informaron sobre la presencia del material y que tampoco le dieron ningun tipo de formación. Además, explicó que la compañía tardó casi dos años en reconocerle la enfermedad. La asbestosis siempre es una enfermedad laboral.