Un tribunal archiva la venta de vivienda pública a fondos buitre realizada por Botella

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas. Los beneficiarios fueron dos fondos buitre de Fidere, parte del conglomerado de Blackstone. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluía la sentencia del Tribunal de Cuentas, que el pasado diciembre condenó a Botella y a otros siete miembros de su equipo a abonar un total de 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública con esa venta. Esa investigación concluyó, además, que la operación se hizo aportando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.

Ayer, el juzgado 38 de Madrid publicó un dictamen sobre esa venta, pero concluyó que “no existen elementos suficientes” para continuar el procedimiento. El juez considera, en la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que no está “debidamente justificada la perpetración del delito” y por ello pide el “sobreseimiento provisional” y el “archivo” de la causa.

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El juzgado 38 estaba investigando este asunto a raíz de una denuncia presentada al poco de realizarse la venta. El grupo municipal socialista, al frente del que estaba Jaime Lissavetzky, y la Asociación de Afectadas y Afectados por la venta de viviendas de la EMVS (AAVVE), denunciaron a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS cuando se hizo la operación (y condenado por el Tribunal de Cuentas). También, a Alfonso Benavides, apoderado de Fidere (dos de sus filiales se repartieron todos los inmuebles). Ambos estaban acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El escrito del juez concluye que “para solventar una angustiosa situación económica” —la que vivía la EMVS en plena crisis económica—, el máximo responsable del organismo [Oslé] ideó “un plan que contemplaba, entre otras cosas, medidas como la venta de inmuebles”. Aunque el magistrado reconoce la presencia de irregularidades —“se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores”—, considera que durante la operación se “respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia, adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresas cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas”.

Tanto la AAVVE como el PSOE recurrirán el fallo. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando la decisión judicial: “En función de eso, se tomarán las medidas adecuadas”.