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Un tribunal archiva la venta de vivienda pública a fondos buitre realizada por Botella

El Tribunal de Cuentas concluyó en diciembre que la exalcaldesa y parte de su equipo fueron "responsable directo" de malvender activos públicos y les condenó a pagar más de 25 millones de euros

El expresidente del Gobierno, José María Aznar junto a su mujer, y exalcaldesa de Madrid Ana Botella, en la Convención nacional del PP.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar junto a su mujer, y exalcaldesa de Madrid Ana Botella, en la Convención nacional del PP. GTRESONLINE

La presunta venta irregular de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), realizada en 2013 por el Ayuntamiento, fue archivada por el juzgado 38 de Madrid. Tanto Ana Botella (PP), alcaldesa en ese momento, como otros siete miembros de su equipo fueron condenados el pasado diciembre por esta venta a dos fondos buitre (parte de Blackstone): el Tribunal de Cuentas consideró que el Consistorio vendió por debajo del precio de mercado.

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas. Los beneficiarios fueron dos fondos buitre de Fidere, parte del conglomerado de Blackstone. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluía la sentencia del Tribunal de Cuentas, que el pasado diciembre condenó a Botella y a otros siete miembros de su equipo a abonar un total de 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública con esa venta. Esa investigación concluyó, además, que la operación se hizo aportando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.

Ayer, el juzgado 38 de Madrid publicó un dictamen sobre esa venta, pero concluyó que “no existen elementos suficientes” para continuar el procedimiento. El juez considera, en la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que no está “debidamente justificada la perpetración del delito” y por ello pide el “sobreseimiento provisional” y el “archivo” de la causa.

El juzgado 38 estaba investigando este asunto a raíz de una denuncia presentada al poco de realizarse la venta. El grupo municipal socialista, al frente del que estaba Jaime Lissavetzky, y la Asociación de Afectadas y Afectados por la venta de viviendas de la EMVS (AAVVE), denunciaron a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS cuando se hizo la operación (y condenado por el Tribunal de Cuentas). También, a Alfonso Benavides, apoderado de Fidere (dos de sus filiales se repartieron todos los inmuebles). Ambos estaban acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El escrito del juez concluye que “para solventar una angustiosa situación económica” —la que vivía la EMVS en plena crisis económica—, el máximo responsable del organismo [Oslé] ideó “un plan que contemplaba, entre otras cosas, medidas como la venta de inmuebles”. Aunque el magistrado reconoce la presencia de irregularidades —“se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores”—, considera que durante la operación se “respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia, adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresas cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas”.

Tanto la AAVVE como el PSOE recurrirán el fallo. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando la decisión judicial: “En función de eso, se tomarán las medidas adecuadas”.

Semejanzas con los 2.935 pisos del IVIMA

El mismo año (2013) que la EMVS vendía parte de sus activos inmobiliarios a fondos, su homólogo regional, el IVIMA, hacía lo mismo: vendió 2.935 viviendas públicas a Azora Gestión, fondo controlado por Goldman Sachs, por 211 millones de euros. Los inquilinos de los pisos denunciaron: dos sentencias les han dado la razón y han anulado parte de la venta. A pesar de esas condenas la Fiscalía de Madrid —tras cambiar de criterio— pidió el pasado diciembre al juzgado 48 de Madrid el archivo de la causa penal por la venta, realizada cuando Ignacio González (PP) era presidente regional. Los inquilinos se manifestaron en contra de ese cambio de parecer.

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