Okupas en su propia casa

“Solo dormimos tranquilos los fines de semana, que no hay correo”, lamenta Marisol Morago. Espera la orden de desahucio que ya han recibido muchos de sus vecinos de la calle de Villaluenga de la Sagra, en Madrid. Algunos ya fueron desahuciados, otros se marcharon por decisión propia. “Da igual que pagues o que no, nos quieren echar igual. Nos sentimos okupas en nuestra propia casa”, afirma la mujer, de 49 años. El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le adjudicó un piso de dos habitaciones en 2007. Comenzó pagando 350 euros mensuales, pero al quedarse sin trabajo le redujeron el alquiler a 90. Todo cambió en 2013, cuando la Comunidad de Madrid decidió vender 2.935 viviendas públicas, entre ellas la suya, al fondo de inversión estadounidense Azora, controlado por Goldman Sachs.

“Cuando se venden ya había renovado la reducción del alquiler dos años más. Pero el fondo me pedía 600 euros. Yo sigo pagando los 90 hasta hoy. Dicen que todo lo que falta es deuda”, explica Morago. Muchos de sus vecinos obraron igual. Algunos han recibido una misiva en la que Encasa Cibeles, empresa que gestiona las viviendas de Azora, les solicita entre 17.000 y 21.000 euros por los retrasos acumulados. El problema no es aislado. Lo sufren cientos de personas de 16 municipios madrileños, entre los que se repartían las 32 promociones públicas que la Comunidad de Madrid vendió en 2013 por 201 millones de euros. Una cantidad muy inferior a lo que costó construirlas (283 millones) y a su valor de mercado, que el PSOE estimó en más de 400 millones.

Alejandra Jacinto, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), considera que existe “un quebranto patrimonial a las arcas públicas”, por lo que su organización llegó a judicializar el caso por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. “La venta está repleta de irregularidades. En primer lugar, se hizo a través de un concurso restringido. Solo se llamó a participar a determinadas sociedades y todas ellas estaban intervenidas por Goldman Sachs”, subraya Jacinto. No obstante, un portavoz de Azora afirma que en la subasta participaron 13 compañías, “todas competidoras entre sí”. En opinión de Jacinto existen otras anomalías en el proceso, como la propia venta, que fue “opaca” para los inquilinos.

Antonella Serrano, de 43 años, conoció la venta gracias a una carta. El Ivima le adjudicó en 2007 una vivienda en Parla, una localidad del sur de Madrid. Comenzó pagando 420 euros, pero el precio subió a 500 cuando cambió de dueños. Serrano, trabajadora de ayuda a domicilio, apenas cobraba 750 euros, por lo que dejó de pagar un año. Contrajo una deuda de 14.000 euros, pero llegó a un acuerdo con el fondo para abonar 300 euros al mes hasta que cambiara su situación. Por el camino ha sufrido tres intentos de desahucio. Ahora tiene dos trabajos, pero como su contrato de alquiler acabó en noviembre Azora no ha vuelto a pasarle ninguna factura.

Los afectados nunca se han rendido. Comenzaron a interponer denuncias y han salido victoriosos en dos ocasiones. En mayo un juzgado de lo contencioso-administrativo le dio la razón a un afectado de Navalcarnero y, en septiembre, otro juzgado anuló la venta de siete viviendas de Leganés. A pesar de que el presidente regional, Ángel Garrido, admitió que la venta fue “un error”, la Comunidad recurrió ambas resoluciones. Ahora debe pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace unos días la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid pidió archivar la venta de las 32 promociones del Ivima.

“Dos juzgados ya dejaron sin efecto la venta. Eran casos particulares, pero nuestra esperanza es que los tribunales nos den la razón a todos los afectados, porque todos hemos sufrido el mismo fraude”, indica José Luis Ferrer, de 47 años. Le adjudicaron una vivienda en Móstoles en 2011 pero las condiciones cambiaron dos años después, cuando la compró Azora. “Seguí pagando un tiempo, pero los mediadores nos dijeron que no serviría de nada, que nos echarían igual. Incluso nos ofrecen dinero para irnos, hacernos la mudanza y hasta meternos en otra casa como okupas. Pero de aquí no nos vamos a mover”, insiste Ferrer. Un portavoz de Azora resalta que Encasa Cibeles ha realizado más de 590 análisis de situaciones familiares a través de mediadores sociales y que mantuvo “inalteradas todas las reducciones de renta acordadas por el Ivima” hasta la finalización de los contratos.

Para Alejandra Jacinto, de la PAH, la situación de estas personas es muy similar a la de las viviendas a las que se refería la sentencia del pasado viernes del Tribunal de Cuentas, que ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete altos cargos del Ayuntamiento por la venta de 1.860 pisos en la capital por debajo de su valor de mercado. “Esto nos hace pensar que vamos en la buena dirección. Nuestra intención no es solo que se haga justicia, también que estas viviendas vuelvan a ser públicas”, reconoce Jacinto.