5.000 viviendas de la Comunidad de Madrid fueron vendidas a fondos de inversión

La venta en octubre de 2013 por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas públicas a dos fondos buitre no es un caso aislado. Este tipo de operaciones fueron una práctica repetida por el Partido Popular de Madrid no solo en gobiernos municipales , sino también en el de la comunidad autónoma a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).

El caso más parecido se produjo también en 2013, cuando el organismo autonómico vendió 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos repartidos por la capital (más de un tercio) y otros 16 municipios. Los compró un fondo de inversión vinculado al grupo Goldman Sachs a través de una empresa instrumental creada específicamente para esta operación. Pagó 210 millones por todo el lote. Fuentes socialistas estimaron el precio de mercado del conjunto en más de 400 millones.

Un juzgado anuló en mayo pasado esta venta, pero la Comunidad recurrió la decisión, pese al compromiso adquirido por el actual presidente regional, Ángel Garrido, (PP) de que jamás se volvería a realizar una operación similar. Este caso está además siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid a raíz de una querella presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de la comunidad. El juzgado mantiene como investigados por prevaricación a la ex directora gerente del Ivima Ana Gomendio y a su antecesor, Juan Van Halen, pero la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid acaba de pedir que se archive el caso.

En el municipio de Tres Cantos se ha dado también una casuística parecida con la venta de 1.000 viviendas de protección oficial promovidas con dinero privado en suelo público y bajo un régimen de alquiler con opción a compra. Antes de que se cumplieran los siete años de alquiler acordados, las viviendas fueron vendidas al fondo de inversión Fidere, que no ha respetado las condiciones pactadas con los adjudicatarios. Los inquilinos tienen ahora que decidir si compran o siguen en alquiler con un precio superior o se marchan.

Esta operación llevó a Tres Cantos, a principios de diciembre, a declarar non grato al fondo de inversión Fidere. Se convirtió así en el segundo municipio que adopta esta medida. El primero fue, en octubre pasado, San Sebastián de los Reyes. En este caso el fondo reprobado era Lazora, al que los vecinos reprochan prácticas abusivas por incumplir una petición institucional que le instaba a negociar con las 37 familias que vivían de alquiler en su propiedad. Los vecinos se negaban a pagar un aumento mensual de hasta un 68% para seguir en las casas, que dejaron de estar protegidas en 2016. La decisión fue simbólica y no acarreaba consecuencias económicas ni jurídicas para la empresa, pero sirvió para dar ejemplo.

Fuera de Madrid, apenas se han producido episodios similares. En Valencia, el fondo británico Anacap Financial Partners compró el pasado septiembre a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la comunidad autónoma —entidad financiera encargada de avalar a las pequeñas y medianas empresas y participada por la Generalitat valenciana— una cartera de más de 700 activos inmobiliarios por cerca de 29 millones de euros. Eran pisos, naves industriales, garajes, suelos o, incluso, un chalé con piscina. Constituían los activos más tóxicos derivados de avales dados sin excesivo rigor por la sociedad en la etapa del anterior Gobierno del PP y que la SGR, que ha tenido que ser rescatada por el actual Ejecutivo autónomo, debió ejecutar, informa Cristina Vázquez.