San Sebastián de los Reyes, primer municipio que declara ‘non grato’ a un fondo buitre

San Sebastián de los Reyes se convertirá este jueves en la primera localidad española que declara “non grato” a un fondo de inversión. Todos los partidos han decidido reprobar a Lazora por prácticas abusivas e incumplir una petición institucional que le instaba a negociar con las 37 familias que viven de alquiler en viviendas de su propiedad. Los vecinos se niegan a pagar un aumento mensual de hasta un 68% para seguir en las casas, que dejaron de estar protegidas en 2016. La decisión es simbólica y no acarrea consecuencias económicas ni jurídicas. Lazora ha enviado una carta a los grupos políticos para mostrar su rechazo.

El edificio afectado está situado en la calle de Juan Gris, en una urbanización conocida como la Dehesa Vieja que colinda con el casco urbano y está próxima al Hospital Infanta Sofía. Los vecinos se quejan de que la mayoría de sus 156 pisos, que corresponden al Plan Regional de Vivienda 2005-2008, están vacíos. Las primeras llaves se entregaron en 2006, en un acto al que asistió Esperanza Aguirre (PP), entonces presidenta regional. Los inquilinos comenzaron pagando un alquiler cercano a los 400 euros. El precio aumentó hasta los 650 euros cuando el fondo adquirió el bloque, en diciembre de 2008. Lazora explica en su misiva que desde entonces “ha respetado escrupulosamente las condiciones fijadas por ley” y que “ha mantenido las condiciones de protección a los contratos firmados antes de ser vivienda libre”.

Los inquilinos de Juan Gris recibieron en verano un burofax de la empresa advirtiéndoles del próximo vencimiento de su contrato de arrendamiento. En caso de querer renovarlo, el precio del alquiler se dispararía de los 650 euros de media que pagaban hasta los 1.050. Los vecinos lo consideraron un aumento abusivo y se movilizaron para tratar de renegociar las condiciones. El fondo de inversión consideró que, pasados los 10 años que marca la ley, las viviendas dejaban de estar protegidas y se convertían en libres, por lo que podía solicitar la cantidad que estimara oportuna. Aun así, la empresa considera que sigue ofreciendo precios “por debajo del mercado”.

“Es legal, pero no moral”

Presionados por los vecinos, que se movilizaron para exigir soluciones, todos los partidos aprobaron una petición institucional el 19 de julio instando al fondo a negociar, pero afirman que esta no se ha respetado. Belén Ochoa, de Izquierda Independiente, subraya que “Lazora no ha querido llegar a ningún acuerdo. Cuando ha ofrecido una solución al afectado, ni siquiera ha permitido la asistencia de un abogado para que lo asesorara”. En su opinión el aumento del precio del alquiler “es legal, pero no moral” y destaca que los vecinos “solo piden un precio ajustado a sus ingresos”.

Iván Cardador, de Sí Se Puede, considera que “Lazora hace un negocio abusivo y trata de desahuciar a familias que están en riesgo de exclusión”. Y añade: “Los fondos buitres deben saber que aquí no son bienvenidos. La vivienda es un derecho y no se puede especular con ella”. Ciudadanos afirma que “lo importante es apoyar a los vecinos”, motivo por el que también se ha sumado a la declaración institucional el PP. "Lo apoyamos porque es la propuesta nace de las familias, pero el equipo de Gobierno no ejerce su responsabilidad y ni siquiera conoce a sus interlocutores de Lazora", admite Lucía Fernández, portavoz del PP. El texto que aprobará el pleno este jueves ha sido redactado por los propios afectados, que habían reunido más de 3.000 firmas para forzar a los partidos a debatirlo, algo que no ha sido necesario.

“Lazora sobra en Sanse. No hay que olvidar que el suelo de las viviendas fue en su día público y que debe prevalecer el interés social. El fondo ha realizado prácticas abusivas y amedrentado a nuestros vecinos. No podemos consentirlo”, sostiene Javier Heras, de Ganemos Sanse, partido que forma gobierno junto al PSOE. La socialista Tatiana Jiménez reconoce que declarar “non grato” a Lazora solo es un gesto político: “La declaración no tiene consecuencias jurídicas ni económicas, es una forma de afear públicamente su actitud. La Corporación se compromete también a incluir cláusulas sociales en los contratos para que no se vuelvan a producir malas prácticas”. Jiménez apunta como responsable de esta situación a la Comunidad, que “legitimó esta situación con sus leyes y vendió miles de pisos protegidos a fondos buitres”.