Cuando el alquiler se dispara un 68%
Un fondo de inversión sube la renta a 37 familias de San Sebastián de los Reyes (Madrid) al finalizar la protección pública
“Tu contrato de arrendamiento vence el 14 de septiembre, pero queremos que te quedes con nosotros”. Las agradables palabras que encabezaban el burofax se convirtieron en una pesadilla para Ana Pérez. Lazora, el fondo de inversión al que pertenece la casa en la que vive, le pide un alquiler mensual de 1.050 euros, un 68% más de lo que paga ahora (625). Las viviendas, situadas en la calle de Juan Gris de San Sebastián de los Reyes, dejaron de estar protegidas en 2016, por lo que la empresa puede pedir por ellas el precio que estime oportuno.
Pérez tendrá que decidir en los próximos días si accede a las nuevas condiciones y se queda a vivir en la Dehesa Vieja, una urbanización de nuevo desarrollo que colinda con el casco urbano. El edificio se encuentra junto al Hospital Infanta Sofía, cuenta con 156 viviendas (la mayoría vacías), zonas ajardinadas y una piscina comunitaria. Hay otras 36 familias afectadas que se resisten a abandonar su hogar, pero también a pagar “cantidades abusivas”.
Las viviendas, de dos y tres habitaciones, corresponden al Plan Regional de Vivienda 2005-2008. Las primeras llaves se entregaron en 2006, en un acto con gran boato al que asistió Esperanza Aguirre (PP), entonces presidenta regional. Entre las afortunadas estaba Elena Posada, una de las primeras inquilinas del bloque. “Cumplíamos los requisitos y nos dieron el piso”, cuenta la mujer, de 48 años. Posada pagaba un alquiler de 350 euros, comunidad incluida, por un piso de dos habitaciones.
Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en diciembre de 2008, desembarcó en sus vidas Lazora. Este fondo, propietario de otros 50 bloques en España, compró las viviendas después de que quebrara su anterior dueño, Levantina Explotaciones Residenciales. “Tengo un hijo, hemos echado raíces en el barrio y no nos queremos marchar. He firmado tres contratos: en el primero me aumentaron el precio a 550 euros y, en 2016, a 600”, explica Posada. Le dieron también la posibilidad de comprar, pero ella desistió porque los 250.000 euros que le pedían por la casa superaban sus posibilidades. Apenas lo hicieron un par de inquilinos.
Las viviendas fueron construidas por un consorcio entre el Ayuntamiento y la Comunidad, que las vendió a Levantina. La duración del régimen de protección se fijó en 10 años según un decreto de 2005. El periodo finalizó en junio de 2016. Cuando ocurrió, las 87 familias que vivían de alquiler en el bloque se encontraron en un laberinto. La mayoría de ellas se marcharon al no aceptar el incremento del precio. Entre ellas Eva Pacheco, de 43 años: “Nos explicaron que las viviendas eran ya de propiedad privada y que los precios que se pagaban no eran competitivos”.
"Es legal, pero no moral"
Ruth Mélida, otra de las afectadas, denuncia: “Nadie nos advirtió de que las casas dejarían de estar protegidas. Iniciamos un proyecto de vida que ahora no podemos continuar. Las personas no caducamos en 10 años”. Su contrato finalizó el mes pasado, así que desde agosto reside en la vivienda sin contrato porque rehusó pagar la subida: de 600 a 999 euros. “Es legal, pero no moral”, insiste. La mujer, que tiene dos hijos pequeños, sostiene que todas las familias a las que se les acaba el contrato son objeto de “un desahucio silencioso” y que las Administraciones “no hacen nada” por evitarlo. Y añade: “Este problema es fruto del robo del suelo público”.
El Ayuntamiento (gobernado por PSOE y Ganemos) admite que se ha reunido en varias ocasiones con Lazora. “Le hemos instado a llegar a acuerdos con los afectados, pero mantiene una postura enconada. No disponemos de herramientas legales para hacer frente a las demandas de los vecinos”, subraya un portavoz municipal. La empresa prefiere negociar directamente con cada cliente. Dice que lo hace ofreciéndoles “ofertas inferiores al precio de mercado” y “las más beneficiosas” para cada caso concreto.
“Cuando fui a negociar quisieron que firmara unas cláusulas abusivas sin que ningún abogado viese el contrato”, señala Mélida, de 41 años. Rafael García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reconoce que la petición de Lazora es legal, aunque “abusiva”. Dos inmobiliarias de la localidad consultadas por este periódico reconocen que el precio actual “es surrealista porque no hay oferta de alquiler suficiente”, pero que la petición del fondo inmobiliario “estaría dentro de lo que marca hoy el mercado”.
