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Los ‘fondos buitre’ siguen comprando vivienda protegida en Madrid

De las 31.100 viviendas protegidas edificadas de 2005 a 2016, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente

Asamblea de vecinos de una urbanización de Torrejón afectados por la venta de sus pisos a un fondo buitre. Ampliar foto
Asamblea de vecinos de una urbanización de Torrejón afectados por la venta de sus pisos a un fondo buitre.

Los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. No es el único caso. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

“Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta [Cristina Cifuentes] se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros”, explica José María García Gómez, director general de Vivienda en la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social, un organismo público.

De hecho, tras la venta en la pasada legislatura de viviendas protegidas a un fondo buitre, el Gobierno regional tiene únicamente 1.100 viviendas de alquiler con opción a compra de titularidad pública procedentes de estos 12 años. A estas habría que sumar otras 22.413 viviendas de titularidad pública construidas en años anteriores. El compromiso de Cifuentes, por tanto, solo se refiere a estas 23.513 viviendas; el resto, las otras 30.000 edificadas de 2005 a 2016, pueden acabar en manos de fondos buitre.

Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz, que en 2008 fueron beneficiarios de un sorteo para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que puedieran ejercer su opción de compra. “Hercecam [filial de Hercesa] ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone.

Asamblea de los vecinos afectados por la venta en Torrejón. ampliar foto
Asamblea de los vecinos afectados por la venta en Torrejón.

Los vecinos temen que la nueva propietaria les exija el precio máximo por sus viviendas, dificultando así que puedan pagarlas, para ponerlas luego en alquiler a un precio mayor. “Pedimos a la Consejería de Vivienda, que ha autorizado esa venta, que no se desentienda de esta promoción y nos ayude para poder comprar nuestras viviendas a un precio razonable”, explican Inma y Patricia, dos de las inquilinas que han puesto en marcha la Asociación de Afectados por Fondos Buitre Soto del Henares.

Se da la circunstancia de que el actual consejero de Vivienda regional, Pedro Rollán, era el alcalde de Torrejón de Ardoz cuando las viviendas se edificaron. Por eso, piden que Rollán medie con la nueva propietaria. “Desde la Consejería nos encargaremos de comprobar que el precio de venta es el que corresponde al decreto y no supera el límite máximo”, responde el director general de Vivienda. “Hay que garantizar que quien compra las viviendas respete los derechos de los vecinos”.

Condiciones con Fidere

Nota en el buzón mediante la cual Fidere informó a los vecinos. ampliar foto
Nota en el buzón mediante la cual Fidere informó a los vecinos.

Cuando se cumple el periodo de siete años de contrato, los vecinos pueden optar por ejercer su opción de compra sobre sus viviendas. Si no lo hacen, Fidere tiene obligación de mantenerles las condiciones del contrato, esto es, tres años más de alquiler. Aunque si antes pagaban un alquiler a precio protegido, ahora esa cantidad puede ser mayor. "Nunca más cara que el precio del mercado", explica un portavoz de Vivienda.

Una portavoz de Fidere explica que el precio final de las viviendas "está fijado conforme el decreto de aplicación (Decreto 11/2005) de la Comunidad de Madrid". Muchos vecinos, en cambio, optan por prorrogar el alquiler. "La inmensa mayoría de los vecinos están renovando los arrendamientos. En Torrejón, Fidere gestiona cinco edificios que tiene en propiedad (1.154 viviendas), antes de que se ejerciera ninguna opción de compra. En cuatro de ellos, a unos 810 inquilinos les vence de aquí a octubre el plazo de siete años en los que deben elegir entre mantener el alquiler, comprar o marcharse", dice la portavoz de la empresa.

El negocio de Blackstone en Madrid

En 2013, el fondo buitre Blackstone, del que es filial Fidere, compró 1.800 casas de la Empresa Municipal de la Vivienda en la capital.

Fidere es una socimi, es decir, es una empresa inmobiliaria obligada a cumplir una serie de características, entre ellas cotizar en Bolsa y tener el 80% de sus activos destinados al alquiler. A cambio, obtiene ventajas fiscales. La mayoría de las socimis se dedican a la adquisición de oficinas; Fidere es de las pocas que compra viviendas, muchas protegidas.

Según estimaciones de Fidere, un 80% de los inquilinos firmarán un nuevo contrato de arrendamiento con esta empresa, es decir, unos 650 inquilinos. Durante este verano, cada semana se han firmado unos 30-35 nuevos contratos de arrendamiento de media. Un 10% prefiere no continuar  porque decide no contratar de nuevo con Fidere (unos 80 inquilinos) y otro 10% decide ejercer la opción de compra (unos 80 inquilinos).

"Para a Fidere, es esencial seguir alquilando todas estas viviendas dado que es su actividad principal de negocio", señala la portavoz. "El vaciamiento de edificios o viviendas no supone ningún beneficio para la empresa. De hecho se establecen rentas por debajo del tope de vivienda protegida para facilitar el alquiler". Así mismo, la empresa manifiesta que "está en contacto permanente con los vecinos y cualquier duda concreta se responde por escrito. Muchos vecinos nos han remitido sus consultas y todas han sido respondidas".

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