Mil familias contra un fondo de inversión

Beatriz Gómez echa cuentas. El calendario que cuelga de su cocina es un laberinto de anotaciones. El 15 de septiembre está marcado en rojo porque, ese día, está previsto que nazca Isabel, su primera hija. Gómez espera que el bebé llegue con un piso bajo el brazo. La otra fecha señalada es diciembre. Tras siete años de alquiler, finaliza el periodo de protección pública de su vivienda, ahora propiedad del fondo de inversión Fidere. Como ella, otras mil familias de Tres Cantos deben ejercer la opción de compra en unas condiciones que consideran abusivas.

La historia de Nuevo Tres Cantos, un desarrollo urbanístico al norte de la localidad, a 20 kilómetros de la capital, no está exenta de polémica. El PSOE denunció en 2006 en la Asamblea de Madrid que la familia “directa” de Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional, ganó ocho millones de euros por un terreno rústico que vendió como urbanizable 32 meses después de comprarlo en 2001. Tras la venta, el pleno del Ayuntamiento tricantino, con el voto del PP, aprobó los criterios para elaborar un nuevo plan general.

Un escándalo asociado a las plusvalías del crecimiento de la localidad le costó el cargo al concejal Antonio Reino, del PP. Le delató una grabación en la que decía: “De los 30.000 millones yo quiero mi 11%”. El plan general de este municipio de 45.000 habitantes fue atípico porque el Consistorio lo dejó en manos privadas. El sector Nuevo Tres Cantos se adjudicó en 2004 a la constructora FCC en un tiempo récord de diez meses. Lo primero que hizo fue ampliar el número de viviendas hasta las 4.500, la mitad de protección pública.

Cambio de condiciones

Ese cambio de rumbo afectó a 765 pisos protegidos del Plan de Vivienda Joven 2005-2008, que se convirtieron en mil, lo que redujo su espacio útil de 70 a 55 metros cuadrados. “Así la Comunidad pudo hacer un sorteo más grande, ya que coincidía con la campaña electoral (de 2005)”, denuncia Gómez, presidenta de la Asociación Nuevo Tres Cantos, que nació en noviembre de 2014 para dar voz a los más de 3.000 vecinos que viven en sus 14 bloques, de distintos colores y con una zona común ajardinada, aunque seca. De sus balcones cuelgan carteles con los lemas “sueños rotos” o “falsas promesas”.

Todo era felicidad aquel 20 de marzo de 2007, cuando se sortearon las viviendas, que incluyen trastero y plaza de garaje. Participaron más de 4.000 menores de 35 años empadronados en Tres Cantos que por sus ingresos no podían aspirar a una vivienda libre. “Mil jóvenes más han visto hoy solucionado el problema del acceso a la vivienda”, aseguró aquel día Mariano Zabía, consejero de Ordenación del Territorio. La realidad fue bien distinta. Los pisos tardaron años en llegar y, cuando lo hicieron, muchos jóvenes tuvieron que renunciar a ellos por el encarecimiento de los precios. Entonces comenzaron a ocuparlos gente que no cumplía el requisito de la edad.

“El alquiler iba a ser de 440 euros y terminamos pagando 650”, se queja Javier Crespo, uno de los agraciados. Y añade: “El precio de compra se estipuló en 120.000 euros y ahora la cifra es más elevada y no podemos hacer frente”. Los interesados en adquirirlas deben multiplicar esa cantidad por 1,5, según el coeficiente de actualización aprobado en 2009 por el Gobierno regional. El montante final se dispara hasta los 180.000 euros y solo se aminora con el 50% de las cantidades desembolsadas durante el tiempo de alquiler, unos 20.000 euros.

Un portavoz de Fidere aclara que los arrendatarios no tienen la obligación de comprar, si no que cuentan con un derecho de compra recogido por la normativa de vivienda protegida de la Comunidad. “Las condiciones están fijadas en la ley y nosotros la cumplimos escrupulosamente. Creemos que son muy ventajosas para los inquilinos, ya que el precio de mercado para pisos de dos dormitorios en la zona supera los 220.000 euros”, insiste este portavoz. Desde la compañía están convencidos de que el 30% de los inquilinos ejecutará la opción de compra.

Modificar la ley

“Tengo dos trabajos y soy mileurista. No tengo capacidad de ahorro. Si no me dan el préstamo por la cantidad completa no puedo comprar”, reconoce Esther García, una de las primeras personas en llegar a la urbanización, en enero de 2012. Las tasadoras valoran los pisos como vivienda protegida, por lo que los bancos solo conceden una hipoteca por ese montante. “No sé de dónde voy a sacar el resto”, recalca Susana Bachiller, divorciada y con dos hijos adolescentes. Un portavoz de Fidere sostiene que las empresas que realizan las tasaciones son seleccionadas por los bancos, y por tanto les son ajenas. Recomiendan que los arrendatarios inicien el proceso en más de una entidad.

Eva Ayala denuncia que el margen de beneficio que obtiene Fidere supera el 150%, lo que “roza la usura”. El fondo compró las viviendas en diciembre de 2013, después de que el Gobierno regional aprobara un decreto que permitía a estas organizaciones adquirir vivienda protegida. Pagó por cada piso una media de 72.000 euros. David Prieto solicita ahora que el fondo “ajuste el precio a la realidad”. Otra vecina, María Martín, afirma que estarían dispuestos a pagar el aumento del IPC, pero que el coeficiente de actualización es “injusto”.

Los vecinos propondrán una solución a la compañía el jueves en una nueva reunión. Es la tercera vez que se sientan a negociar, aunque por el momento sin éxito. “Fidere no es el malo de la película, solo utiliza las herramientas que le otorgó la Comunidad. Lo que queremos es modificar la ley”, explica Beatriz Gómez, presidenta de la asociación. Estuvieron cerca de conseguirlo en junio, pero la Mesa de la Asamblea, con los votos de PP y Ciudadanos, bloqueó la tramitación de una proposición de ley presentada por PSOE y Podemos para fijar un precio justo en el momento de ejercer el derecho a compra.

La mayoría de los afectados reconoce que no podrá adquirir la vivienda. Si deciden quedarse como arrendatarios, el fondo les ha comunicado que aumentará el alquiler progresivamente en 200 eurosen los próximos dos años, por lo que el precio, en algunos casos, podría rondar los 900 euros. “Lo mismo que una vivienda libre”, asegura Alicia Martín, otra inquilina. Y añade: “Si ejercemos el derecho a compra, una cláusula nos impide vender la vivienda por un precio superior al de la protección durante los siguientes tres años. Sin embargo, Fidere puede hacerlo al día siguiente. En cualquier caso, ganan ellos”.