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Madrid intenta recuperar las 1.860 viviendas sociales malvendidas por Botella a fondos buitre

El Consistorio estudia la posibilidad de presentar un recurso para que los 25,7 millones de euros que se exigen a la exalcaldesa y su equipo se eleven a 127 millones

Marta Higueras, alcaldesa en funciones, junto a Francisco López, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. En vídeo, declaraciones de Higueras.

El Ayuntamiento de Madrid celebró este viernes la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de 1.860 viviendas a dos fondos buitre durante el mandato de Ana Botella (PP). La corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compraventa y recuperar la titularidad de los inmuebles. El fallo considera a Botella, junto con su equipo, “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado 18 promociones inmobiliarias y les condena a resarcir de su bolsillo a las arcas públicas con 25,7 millones de euros.

A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento de la capital valora volver a presentar un proceso de nulidad, según anunció este viernes la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras. El Consistorio ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó en abril, después de que el Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo. Los servicios jurídicos municipales estudian también recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella, a seis de sus ediles —Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González— y al ex consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé. Estiman en 127 millones de euros el perjuicio a las arcas públicas, en lugar de los 25,7 millones exigidos por la justicia.

Los dos fondos del grupo Fidere que compraron 18 promociones inmobiliarias municipales a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 —que comprendían 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales—, formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas del Tribunal de Cuentas, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000 euros, un precio que el Tribunal de Cuentas considera por debajo del de mercado y que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por 151.211.518 euros.

Cuatro de los condenados siguen en cargos políticos

Dos de los ocho condenados del equipo de gobierno de Botella son miembros del actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido (PP). Se trata de Diego Sanjuanbenito, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, y de José Enrique Núñez, viceconsejero de Justicia. Pedro Corral sigue en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerce como presidente de la Comisión de Cultura y Deportes. María Dolores Navarro Ruiz es concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

La exalcaldesa Botella está retirada de la política y el exconsejero delegado de la empresa municipal de vivienda Fermín Oslé trabaja en el sector privado, como director de desarrollo de negocio en Velasco Grupo Empresarial. Concepción Dancausa dejó la corporación local en 2015 cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid. Paz González fue diputada en la Asamblea madrileña pero dimitió al aparecer mencionada en la investigación del caso Lezo sobre supuesta corrupción.

Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. Tras analizar los datos, el tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Les condena a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) porque los miembros del equipo de Gobierno eran a la vez “integrantes de la junta de accionistas de la EMVS”. A Fermín Oslé, antiguo responsable de la empresa de vivienda, el Tribunal le condena a abonar otros tres millones.

La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento, tras la llegada de Manuel Carmena a la alcaldía, presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas —el tribunal de cuentas autonómico— alertara en 2016 sobre irregularidades en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMVS les negó la condición de interesados”. La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal y gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente de las empresas estrictamente particulares.

Recurso de Botella

La exalcaldesa y sus antiguos ediles anunciaron que recurrirán el fallo. En un comunicado, manifestaron que “la anterior junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas”. Los condenados alegan que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.

La teniente de alcalde, Marta Higueras, mano derecha de Carmena, señaló: “El problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, añadió. Higueras quiso transmitirles que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.

La alcaldesa en funciones recordó que el Ayuntamiento está personado en otra causa judicial iniciada por el grupo socialista municipal en 2013 y reabierta en 2017 tras ser archivada, en la que se exigen responsabilidades penales por la operación de compraventa. Purificación Causapié, portavoz municipal socialista, recordó que el PP, con “el apoyo de Ciudadanos” bloqueó la creación de una comisión municipal para investigar el caso. A la vista de la sentencia, Higueras confió en que Ciudadanos “reconsidere esta postura y apoye el proceso penal”. La portavoz municipal de este último partido, Begoña Villacís, ya cambió de postura tras conocer este viernes el fallo y declaró: “Fue un procedimiento absolutamente chapucero en el que se malvendió patrimonio de todos los madrileños, basándose en recovecos legales”.

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