Cuatro de los condenados por malvender pisos públicos ejercen cargos públicos en Madrid

La sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (Partido Popular) y a siete ex altos cargos de su gobierno municipal, por vender por debajo del precio de mercado pisos públicos a dos fondos buitres del grupo Fidere, dentro del conglomerado de Blackstone. Entre ellos, aparecen dos cargos de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, así como dos concejales populares: uno de Madrid y otra de Torrejón.

Dos de los siete condenados desempeñan actualmente su trabajo en el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido. Se trata de Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, y de José Enrique Núñez, viceconsejero de Justicia. En el Gobierno de Botella, Sanjuanbenito fue delegado de Medioambiente mientras que Núñez estuvo al frente del área de Seguridad y Emergencias, además de ejercer como portavoz del Gobierno municipal y, posteriormente, como primer teniente de alcalde.

Entre los condenados, que ya han anunciado su intención de recurrir el fallo, también hay responsables municipales como Pedro Corral, que actualmente ejerce de presidente de la Comisión de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento de Madrid, y María Dolores Navarro Ruiz, concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Ambos políticos son ediles por el Partido Popular. Los ocho condenados han recordado que la sentencia no es firme y que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable en la venta de las viviendas públicas.

El resto de condenados no ostentan en la actualidad cargos públicos. La exalcaldesa Botella está retirada de la política y el exconsejero delegado del EMVS, Fermín Oslé trabaja en el sector privado, como director de desarrollo de negocio en Velasco Grupo Empresarial, según escribe él mismo en sus redes sociales. Por su parte, Concepción Dancausa dejó el Ayuntamiento en 2015 cuando pasó a ejercer como delegada del Gobierno en Madrid, con Mariano Rajoy en Moncloa, cargo que ostentó hasta junio de este año. Paz González fue diputada en la Asamblea hasta 2003, después fue concejala de urbanismo con Botella y en 2017 fue imputada en el caso Lezo. Tuvo que dimitir al aparecer mencionada en una conversación, dentro de la investigación del caso Lezo.

La sentencia del Tribunal de Cuentas surge a raíz de la demanda presentada en noviembre de 2017 por el Ayuntamiento, liderado por Manuela Carmena (Ahora Madrid). El Consistorio consideró que la venta realizada a Fidere generó un perjuicio a las arcas municipales que el equipo de Carmena cifró en 127 millones. La primera en alertar sobre el asunto fue la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que en 2016 observó ciertas iregularidades en la venta. Entre otras cosas, la Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero como fueron vendidas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición de interesados".