Tres Cantos también declara ‘non grato’ a un fondo de inversión

Tres Cantos se ha convertido este jueves en el segundo municipio madrileño que declara non grato a un fondo de inversión. El camino lo abrió en octubre San Sebastián de los Reyes, que reprobó a Lazora por “prácticas abusivas”. Ahora ha sido Fidere, propietario de 1.000 viviendas en la localidad tricantina. Las casas finalizan el periodo de protección pública a finales de diciembre, tras siete años, y sus inquilinos tienen un plazo de 60 días para comprar, seguir de alquiler con un precio superior o marcharse. Los afectados sostienen que las condiciones para quedarse son excesivas y el fondo replica que “cumplen con la ley vigente”.

La moción para declarar non grato a Fidere fue presentada conjuntamente por Ganemos y PSOE, ambos en la oposición, pero recibió el voto favorable de Ciudadanos y PP (que gobierna en minoría esta población de 45.000 habitantes a 22 kilómetros de la capital). El texto señala que el fondo va a conseguir con las casas “un enorme margen de beneficio que la crisis económica y la legislación de la Comunidad de Madrid han permitido”. Fidere las compró en diciembre de 2013 por 72.000 euros y ahora las vende por 180.000 gracias a un coeficiente multiplicador del 1,5% que actualiza el precio y que fue aprobado por el Gobierno regional, del PP, en 2009.

Los partidos también acusan al fondo de imponer unas condiciones abusivas y de negarse a negociar con los inquilinos. La declaración institucional solo es un gesto político: no tiene consecuencias jurídicas ni económicas. No obstante, Fidere ha mostrado su “completo desacuerdo” con la decisión. En la misma nota incide en que “todas nuestras actuaciones cumplen con la ley vigente”; explica que ha establecido un canal de comunicación habitual con el Ayuntamiento y que tiene una “política especial” con los casos de vulnerabilidad social. Sin embargo, Pedro Ayala, de Ganemos, señala que el fondo ha actuado con una “reiterada falta de sensibilidad” y que ningún representante acudió a dar explicaciones en comisión informativa.

“Se deja a 1.000 familias sin sus casas porque las condiciones a las que tienen que hacer frente no son las que en su día les pusieron”, revela Lydia Martínez, del PSOE. En su opinión, muchos de los afectados no van a poder comprar, pero tampoco alquilar, ya que son personas con escasos recursos. “Hay historias muy dolorosas. Fidere nunca ha tenido voluntad de arreglar el asunto. No tienen consideración por quienes viven allí. Lo curioso es que tampoco van a alquilar las viviendas que se queden vacías. Las remodelan y luego las alquilan por un precio superior a otra gente porque hay mucha demanda. Es un negocio redondo”, insiste Martínez.

Wilma González, una jubilada de 64 años, empaquetó dos años de su vida la semana pasada y el domingo se mudó. Pagaba por el alquiler 598 euros al mes, pero con las nuevas condiciones, con las que la vivienda deja de estar protegida, el precio se le disparaba hasta 800 euros dentro de tres años. La cantidad va subiendo exponencialmente. “No puedo pagarlo. Tengo que vivir. Después de 33 años en Tres Cantos me he tenido que mudar a otra localidad lejos de mis hijos. Espero que vuelvan a construir vivienda pública, pero protegida de verdad”, se sincera González. Otra de las afectadas es Noemí Barredo, de 38 años. Ella vive en la urbanización desde que entregaron las viviendas, en diciembre de 2011. A pesar del aumento del precio de alquiler (de 610 a 800 euros), va a permanecer un tiempo, hasta que le entreguen la casa que ha comprado. “Salió una oportunidad y la cogí”.

Beatriz Gómez, presidenta de la Asociación Nuevo Tres Cantos, explica que aún nadie ha firmado la escritura (tienen hasta final de febrero para hacerlo). Según Fidere 200 inquilinos han manifestado ya su interés por ejercer la opción de compra. Los que no lo hagan, como Barredo, pierden todo el dinero que han pagado para ello. En su caso, más de 20.000 euros, aunque sigan de alquiler. Fidere indica que de los 700 vecinos a los que finaliza el contrato de alquiler en diciembre, 230 (un 40%) ya lo han renovado y que otros 70 están en proceso de hacerlo, lo que indica su “satisfacción”. Los afectados sostienen que no hay más viviendas en la zona. Y aseguran: “No tenemos más opciones: o tomamos lo que nos ofrecen, aunque sea abusivo, o nos marchamos”.