“¿No os fiais de mi palabra?” Y se hizo el silencio
El fondo buitre Lazora intentó convencer a los partidos políticos de San Sebastián de los Reyes antes de ser reprobado
El fondo de inversión Lazora desplegó sus alas a primera hora de la mañana. Y todos sus encantos. Tenía un objetivo: frenar por todos los medios que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se convirtiera en el primer municipio en nombrar non grato a un fondo de inversión. El suyo.
El contexto es fácil de explicar. Lazora compró en 2008 las 156 viviendas de la calle Juan Gris y en el momento en que dejaron de estar protegidas, en 2016, subió el precio a sus inquilinos. De los 350 euros iniciales por una vivienda de protección oficial pasaron a pagar 625, y en el último reclamo, de agosto pasado, ascendió a 1.050, una subida del 68%. En consecuencia, de los 156 pisos, más de 50 están vacíos y 36 familias que todavía pagan su renta no pueden asumir la nueva subida.
Tras protestas infructuosas, intentos de negociación en vano o negativas a recibir a los inquilinos junto a sus abogados, llegó una especie de milagro. Llámenlo el espíritu integrador de la campaña electoral que se avecina. Sea como fuere, todos los partidos políticos, sin excepción, se posicionaron junto a los votos, es decir, junto a las personas que luchaban por el derecho a una vivienda digna. Hasta ese momento, Lazora se había mantenido firme, agarrado a su derecho como empresa privada a seguir la estela más conveniente que dicta el mercado. Y los partidos, en aras de la justicia social, se unieron para nombrar a los buitres non gratos en San Sebastián de los Reyes.
Y aquí empieza el lío. El pasado miércoles se anuncia públicamente el acuerdo, que no tiene efectos jurídicos, pero afecta a la imagen de la empresa, teniendo en cuenta que cotiza en Bolsa. Horas después, durante la noche, llega otro milagro: los 25 concejales del municipio reciben un correo del fondo de inversión con unas inesperadas ganas de negociar.
El lío se amplifica ayer por la mañana. Los pasillos del Ayuntamiento se convierten en un hervidero. Llamadas telefónicas de unos y otros en línea directa con Aitor García Bilbao, representante del fondo de inversión. Conversaciones con el manos libres, llamadas cruzadas. Empiezan las amenazas veladas. Aparece enseguida la clásica frase de emprender “acciones legales” si se seguía adelante con el comunicado, previsto para el pleno de las 16.00 horas. La empresa se agarra a su derecho a negociar cada caso individualmente y, qué honor, protegiendo los datos de los afectados. Algunos concejales, ante el revuelo, se lo piensan. ¿Querrán negociar de verdad?
A las 13.45 se anuncia una junta extraordinaria y urgente. En ella están todos los representantes políticos y hablan todos juntos en amor y compañía con el representante de Lazora, es decir, con el manos libres. Esta vez con todas las cartas sobre la mesa. El fondo insiste en su buena voluntad para negociar, los otros le piden medidas concretas y entonces llega el as debajo de la manga, su jugada maestra: “¿No os fiais de mi palabra?”. No hubo risas. Pero sí se hizo un silencio sepulcral. Y, entonces, llegó la exigencia de que mandara por escrito sus propuestas.
A las 15.14 llegó el correo. 46 minutos antes del inicio del pleno. Un fiasco. “Si continúan con la decisión nos invitaría a replantearnos nuestra apuesta por una vivienda justa y accesible”. La primera, en la frente. “Reiteramos nuestro ofrecimiento de colaborar pero no podemos acceder a presiones de intereses personales”, continúa. De compromisos concretos, nada.
Ningún concejal dudó. El fondo buitre no atrapó su presa. Por el momento. Por ahora ya tiene el honor de convertirse en el primer fondo de inversión non grato.
Primera reprobación pública
San Sebastián de los Reyes siguió adelante ayer con la reprobación pública de la empresa Lazora como non grata, “por su actitud y falta de compromiso social”, según el comunicado leído ayer en el pleno por el portavoz de Ganemos, Javier Heras. “Por incorporar en el marco de adjudicación, ejecución y venta de suelo público, vivienda residencial u otro patrimonio público, cláusulas sociales vinculadas al objeto del contrato y acordes a la Ley 9/2017 que transpone las directivas europeas en la materia, de forma que se pongan garantías de protección contra las malas prácticas empresariales”, continúa. Y finaliza con el compromiso de “dar traslado de lo aprobado a la Comunidad de Madrid y a la Federación de Municipios de Madrid, en aras a un marco de protección contra las malas prácticas de Lazora o cualquier empresa que no integre el fin social de la vivienda al gestionar vivienda de protección pública”.
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