Los afectados por la venta de pisos del IVIMA piden la resolución de su causa

Quieren que la Justicia resuelva lo antes posible, que sus casos no se conviertan en una maraña de decisiones judiciales y, sobre todo, lo que quieren es vivir tranquilos. El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), organismo dependiente del Gobierno regional, presidido en 2013 por Ignacio González (Partido Popular), vendió 2.935 viviendas a un fondo buitre. Los pisos se habían asignado a familias con escasos recursos económicos.

Decenas de personas afectadas por la venta de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) reclaman que la Fiscalía no solicite el archivo de la causa penal relativa a este caso. La Asociación de Afectados por el IVIMA (AVVI) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se han manifestaron en contra de la sustitución del fiscal que investigaba anteriormente el caso, que consideraba que el proceso de venta estuvo “trufado de irregularidades”, por otro de “línea conservadora”, según los denunciantes, que ha solicitado el archivo de la causa.

 Dos exdirectivos del IVIMA: Ana Gomendio, que era directora de la entidad en el momento de la venta, y Juan Van-Halen, que dimitió de su cargo como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado, fueron acusados por el PSOE y la AVVI de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La denunciante Nidia Lilliana García, de 53 años, tiene el juicio fijado para el 16 de enero. Hace 10 años el IVIMA le concedió un piso de alquiler de tres habitaciones para su familia por el que pagaba 235 euros en el Ensanche de Vallecas. En 2013 comenzó su calvario. El fondo buitre le subió el alquiler a 475 euros y le reclamó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Cantidad que paga cada mes para evitar que le desahucien. “Es una pesadilla la que estamos viviendo centenares de familias por una nefasta decisión política”, puntualiza.

Amenazas continúas

Las amenazas de desahucios no han sido las únicas medidas de presión contra los adjudicatarios de las viviendas, los vecinos denuncian correos amenazadores e incluso la entrada de okupas pagados por el fondo buitre.La portavoz de la AVVI, Montserrat González, ha puntualizado que el fondo buitre “están presionando de todos los modos posibles” a los vecinos que aún viven en estos pisos para que los desalojen. Entre estos medios, González ha destacado la dejadez ante las averías de las viviendas que necesitan arreglo. “Ha habido que hacer muchísimo trabajo de campo para que la gente se enterara de lo que estaba ocurriendo”, ha añadido la portavoz, que ha cifrado en 900 las personas que viven en estas viviendas bajo las condiciones acordadas originalmente con el IVIMA.

La adjudicación a Azora- Goldman Sachs fue de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos el 29 de agosto de 2013 por el IVIMA sin justificación alguna y dos meses después se comunicó a los arrendatarios esta transmisión de la propiedad de sus viviendas. El fondo pagó 201 millones de euros por 32 promociones del IVIMA, pese a que una reciente tasación por parte de la Agencia Tributaria, a petición del juzgado que instruye la causa penal, ha situado el valor de los pisos en 209 millones de euros en la fecha en la que se realizó la operación.

Pese a las buenas palabras y las peticiones de perdón por parte del presidente regional Ángel Garrido (PP), según comunicaron ayer varios de los afectados, el Gobierno de la Comunidad del Partido Popular ha recurrido dos sentencias favorables a los vecinos afectados de Navalcarnero y Leganés.