“En Madrid, hemos aumentado un 70% el gasto social”

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, aprobó el viernes 21 de diciembre, con el apoyo del PSOE, los presupuestos para 2019, los últimos de la legislatura: 4.823 millones de euros, una subida del 1,1 % con respecto al año anterior y un total de 826 millones en gasto social. “El acuerdo ha sido posible gracias al entendimiento de dos grupos políticos en Madrid y de dos administraciones [Estado y Consistorio]”, dice Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda. “Este es el presupuesto que nos hubiera gustado hacer en el inicio de la legislatura”, reconoce.

Pregunta. ¿Cuál es el balance económico de la legislatura?

Respuesta. Hemos reducido la deuda a la mitad [de 5.630 millones de euros en 2015 a algo menos de 2.703 este año], pero la medida estrella es el gasto social, que desde 2014 se ha incrementado en Madrid un 70%. Y en estos presupuestos lo hemos reforzado.

P. ¿Va a mejorar la ejecución presupuestaria?

R. Vamos a cerrar 2018 muy bien: ya superamos los 510 millones de euros. Además, se trata de una inversión que tiene que ver con proyectos de barrio y no con macroobras para la ciudad.

P. Si la ejecución es buena, ¿por qué genera críticas?

R. A pesar de que PP y Ciudadanos —y algunos medios— han intentado usar la ejecución como arma arrojadiza, la realidad es que toda la legislatura la ejecución ha sido superior a la del equipo anterior. En 2016 fue de 582 millones euros; el año pasado —cuando estuvimos intervenidos por Hacienda, con el anterior ministro, Cristobal Montoro—, 409 millones. Antes, en 2014, con el PP en la alcaldía, se ejecutaron 243 millones. Un año antes fue aún menos: 224 millones. Por otro lado, en septiembre y en octubre, las inversiones reales del Ayuntamiento han sido mayores que las de la Comunidad, gobernada por Ángel Garrido (PP) con el apoyo de Ciudadanos, y que tiene cuatro veces más presupuesto que nosotros.

P. ¿Cómo valora los presupuestos de la Comunidad, que también se aprobaron ayer?

R. La Comunidad ha tenido un incremento de recaudación que no se ha traducido ni en gasto social ni en inversiones. Aligerar los impuestos a las clases más altas ha supuesto una merma de su acción política. Necesitamos una Comunidad fuerte y si no, al menos, que nos cedan competencias para que lo hagamos nosotros.

P. ¿Qué competencias se plantearían reclamar?

R. Tenemos capacidad para gestionar competencias en vivienda, un problema que se concentra en las ciudades. Pero también en la política de renta mínima: el problema es que necesitamos cambios normativos que no dependen de nosotros.

P. Las problemas con respecto a la vivienda ya son graves.

R. Ahora estamos construyendo 2.500 viviendas y esperamos llegar a más. Pero el problema de la vivienda no lo puede solucionar el Ayuntamiento: las principales competencias e instrumentos los tiene la Comunidad, que a día de hoy solo está licitando unas 350 viviendas de protección oficial. No me parece serio. Solo en vivienda estamos ejecutando entre 8 y 10 veces más que la Comunidad. Estamos enfrentándonos a un fenómeno global, que ocurre en todas las grandes capitales del mundo, y lo hacemos con una administración que tiene mucho menos competencias que otras capitales como Berlín, Ámsterdam o Nueva York.

P. La regla de gasto ha planeado toda la legislatura sobre el Ayuntamiento…

R. Más bien sobre la ciudad. En 2019, se van a hacer 43 equipamientos. Muchos de estos, podrían haber estado ya realizados. Hablo de entros deportivos, de mayores, juveniles, culturales, infantiles... O instalaciones de barrio como mercados o bibliotecas. Por suerte, muchos estarán listos antes de las elecciones.

P. Con el cambio en el Gobierno central, ¿cómo ha cambiado la relación con el Ministerio?

R. La relación con [María Jesús] Montero es positiva y leal: este presupuesto no sería posible con la derecha gobernando en España. La regla de gasto —que considero que de alguna manera ha venido para quedarse— ha sido especialmente injusta con Madrid. Encorsetó el gasto de la capital, el gasto no financiero de Madrid es ahora un 20% menor de que hace 10 años. Además, el gasto por habitante es un 40% menor que en Barcelona o Bilbao. Este año damos un paso importante: crecemos un 9% en el gasto no financiero —el de la Comunidad crece en torno al 3%— y la inversión por habitante se ha duplicado, pero necesitamos dar más pasos. Nosotros sin subir los impuestos, tenemos un superávit de 1.000 millones de euros. Con ese dinero queremos intervenir en los problemas de la ciudad.

P. ¿De dónde ha salido el superávit?

R. No hemos subido los impuestos; ha habido una mejor administración de los recursos. A la vez hemos ido amortizando deuda, por lo que los pagos han disminuido. Es complicado explicar a la ciudadanía que, debido a la regla de gasto, aunque haya superávit, este no se puede invertir en la ciudad: el superávit de algunos Ayuntamientos ha ayudado a equilibrar el déficit de otras administraciones.

P. A pesar de ese auge económico, los distritos del sur siguen demandando más atención.

R. El presupuesto de las Juntas de Distrito de los ocho distritos del sur y del sureste se ha incrementado un 40% con respecto al último año del PP, aunque el incremento ha sido mayor si contamos las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Además, se están creando muchos equipamientos en los barrios (como la biblioteca de San Fermín o el parque de La Gavia); el Fondo de Reequilibrio Territorial tiene 30 millones de presupuesto; y los planes integrales de barrio reparten más de 14 millones en 36 barrios. Por otro lado, el gasto social también funciona como política redistributiva.

P. ¿Se han planteado bajar impuestos?

R . Es otro problema de la regla de gasto: que si decides bajar impuestos tienes que bajar el gasto por el mismo importe. Si bajáramos 400 millones la recaudación por el IBI, como han propuesto PP y Ciudadanos, tendríamos que reducir a la mitad el gasto social, que está por encima de 800 millones. Eso es una catástrofe social.

P. Hablando del IBI... ¿ha subido o ha bajado?

R. Hemos bajado un 7% el tipo del IBI y hemos hecho una modificación de los valores catastrales en los 22 barrios que peor se comportaron en la crisis inmobiliaria. Esta última medida solo la puede hacer la Dirección General del Catastro, que la última vez que marcó los niveles fue en 2012, antes de nuestra llegada, y supone que cada año suba un poco. Lo que ha subido el IBI, lo hemos bajado de otros impuestos, tasas y precios de instalaciones públicas o la cuota de escolaridad en escuelas infantiles. 

P. Han recuperado la gestión pública de Funeraria, del sistema de bici pública Bicimad, Teleférico o de algunos aparcamientos… ¿Qué balance hace de ello?

R. Recuperar la gestión pública es infinitamente más difícil que privatizar. Hemos dado pasos importantes y no hemos podido hacer más por el Gobierno del PP. La funeraria es posiblemente la remunicipalización más grande de España en estos años. Con los parkings y con Teleférico hemos visto que la gestión pública mejora su funcionamiento y rendimiento económico, muy necesarios para la EMT, que gestiona esta parte. Algunos parkings pagaban un canon de 20.000 euros y ganaban dos millones de euros al año. El año que viene intentaremos municipalizar otros dos aparcamientos en Chamberí. BiciMad funciona mucho mejor y, ahora que se empieza a desbloquear la querella interpuesta por el PP, que ha intentado evitar que volviese a ser gestionado desde el Ayuntamiento con una comisión de investigación y una querella. La derecha cree que cuando acude a los tribunales, juega en casa. El dictámen del perito judicial nos da la razón en BiciMad: ahora toca retomar la ampliación del sistema.

P. Los choques con el PP y con la Comunidad, gobernada por los populares, se han ido recrudeciendo a medida que avanzaba la legislatura.

R. Hemos recibido más que golpeado. Creo que en Madrid, la derecha nunca pensó que fuéramos a ganar unas elecciones. Han gobernado mucho tiempo en Madrid y tienen una concepción casi patrimonial de la ciudad. La confrontaciones actual tienen más que ver con los problemas internos del PP y con el cambio de enfoque del nuevo secretario general. Con respecto a la Comunidad  y ante la ausencia de proyecto de PP y C´s, ambos han acabado hablando sobre políticas que impulsábamos nosotros. Ha ocurrido, sobre todo, al final de la legislatura: no creo que Garrido y su equipo lo desearan; ni siquiera algunos concejales del PP. En el inicio de la legislatura, intentaron que no tomáramos posesión. Después, echarnos por la vía rápida, que nos dividiéramos, y luego judicializar la vida municipal. No les ha funcionado nada. Creo que eso ha reforzado al gobierno municipal: frente al PP y a Ciudadanos, instalados en la ira, se ha puesto en valor el estilo de colaboración de Manuela Carmena y de todo el equipo.