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Entidades vecinales y de discapacitados impugnan la ordenanza de terrazas

El recurso, ante el TSJC, asegura que la norma incumple la legislación ambiental y en materia de accesibilidad y participación

Un camarero sirve a varias mesas en una terraza de Barcelona
Un camarero sirve a varias mesas en una terraza de Barcelona

La ordenanza de Terrazas del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por el pleno el pasado mes de junio tras dos años de culebrón, vuelve a ser objeto de controversia. Y esta vez el foco se desplaza nada menos que al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJC). La sala de lo contencioso administrativo del tribunal ha recibido dos recursos, idénticos, de entidades vecinales y de discapacitados (más de 50, en total), que impugnan la norma que la alcaldesa Ada Colau pactó con el poderoso Gremio de Restauración y toda la oposición, salvo la CUP. Las entidades aseguran que la impugnación no obedece a un debate sobre si debe o no haber terrazas, sino que la Ordenanza vulnera legislación en materia de accesibilidad, medioambiente y que el trámite se saltó los mecanismos de participación ciudadana. La alcaldesa ha respondido que la ordenanza se ajusta a la ley.

Las entidades han asegurado este martes en rueda de prensa que los incumplimientos son flagrantes y están convencidas de que el tribunal tumbará la ordenanza. También se han mostrado indignadas al recordar las sucesivas advertencias al gobierno y a los grupos municipales: "Les avisamos, presentamos enmiendas a los dos procesos, sabían perfectamente que incumplían y siguieron adelante pese a que sabían que sería ilegal", ha asegurado Montse García, de la Federación ECOM, que aglutina a entidades de discapacitados. García ha insistido en que la ordenanza incumple y vulnera derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. "No es un debate sobre si terrazas sí o no, sino de incumplimiento del marco normativo y nos preguntamos si gobiernan los partidos u otros intereses económicos", ha dicho en referencia al Gremio de Restauradores.

El representante de Carrers per Tothom, José Ángel Carrey ha asegurado que en materia de accesibilidad la Ordenanza "incumple toda la normativa vigente de rango superior, cuando los Ayuntamientos tienen la obligación de cumplirlas". Incumplimientos, ha enumerado Carrey, como las distancias entre las mesas y sillas y las fachadas, que los invidentes emplean para orientarse. "La ordenanza no solo considera las distancias como orientativas, cuando le ley dice que son obligatorias, sino que permite modificarlas en función de las características del local que solicita la licencia", ha alertado.

Por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), su presidenta, Ana Menéndez, ha detallado cuestiones sobre las que las entidades argumentan la impugnación: como el uso discrecional de estufas en las terrazas o los horarios de apertura, sobre los que ha recordado que también ha protestado el Síndic de Greuges. "Las entidades defendemos el derecho al descanso, al espacio público, a la igualdad, la accesibilidad, la vivienda... en resumen, el derecho a la ciudad", ha resumido. Sobre la participación, la tramitación se saltó plazos, ha añadido. El representante de la Asociación de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS), Dani Pardo, ha recordado que "hay precedentes de normativa urbanística tumbada en Barcelona por falta de participación", y ha recordado el caso del Plan de Usos de Ciutat Vella.

La alcaldesa Ada Colau ha contestado al anuncio del recurso defendiendo la legalidad de la Ordenanza. "Defendemos que es un buen acuerdo fruto del consenso y de escuchar a todas las parte. La ordenanza respeta la legalidad vigente como no podía ser de otra forma, coincidimos con la FAVB en la necesidad de cumplir la ley", ha despachado.

La ordenanza de terrazas fue durante dos años un quebradero de cabeza para el gobierno de Colau. Al llegar al gobierno en 2015 se encontraron con que tenían que aplicar la ordenanza que en el mandato anterior aprobaron CiU y el PP. Era mucho más restrictiva que la que estaba vigente y hubiera obligado a retirar miles de sillas y mesas, clamó el Gremio de Restauración. Con el apoyo de estos dos partidos, y una campaña de presión constante el gremio logró flexibilizar de nuevo el texto y que se aprobara en verano pasado. E incluso después de aprobarse el nuevo texto, han recordado las entidades, sus locales no han dejado de manifestarse.

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