La FAVB pide la retirada de la ordenanza de terrazas
Las entidades vecinales acusan al gobierno de Colau de ceder espacio público a los intereses privados
La Federación Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) y diversas plataformas arremetieron ayer con dureza contra la ordenanza de terrazas pactada por el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau con la mayoría de la oposición y el Gremio de Restauración y exigieron que se detenga el proceso de tramitación del nuevo texto para hacer un “proceso participativo justo”.
La presidenta de la entidad vecinal, Ana Menéndez, consideró que la ordenanza que la semana pasada presentó el ejecutivo “no contempla las demandas de la ciudadanía”. En la misma línea se manifestó el vicepresidente de la Federación, Joan Balañach, que aseguró que el texto pactado supone una “pérdida del uso de un derecho colectivo como es el espacio público”, cuya ocupación por parte de sillas y mesas incluso se amplía, dijo.
La FAVB entiende que Colau ha “cedido” a los intereses privados y los representantes vecinales lamentaron que el texto se haya negociado en despachos, sin contar con ellos. Aseguraron que ni siquiera han visto el texto y anunciaron que dejarán de participar en la comisión técnica de terrazas, que consideran que ha quedado deslegitimada.
En la rueda de prensa también participaron la Plataforma Carrers per Tothom y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS). Montserrat García, de la Plataforma, criticó casos como el Espai Barça, que dijo que ha cedido un espacio vial por intereses económicos y privados, como son la construcción de hoteles y oficinas. Desde la Asamblea, Dani Pardo, acusó al consistorio de haber cedido a la presión de los lobbies. “Barcelona en comú ha consentido un pacto sin la participación vecinal” y lo consideró una injusticia y una violación de los derechos civiles.
Las entidades aseguraron que la ordenanza pactada no recoge demandas ciudadanas respecto al derecho a la salud o a la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad. García aseguró que el texto “viola” la Constitución y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que establece un mínimo de 1,80 metros entre fachada y terraza ya que con la nueva ordenanza estos metros ponen en riesgo mobiliario urbano como bancos para personas mayores o aceras habilitadas para personas ciegas.
