Los bares y la oposición se alían para flexibilizar la ordenanza de terrazas

El gremio de Restauración de Barcelona está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir una nueva ordenanza de terrazas menos restrictiva. Incluso aliarse con los dos partidos que la redactaron y aprobaron, el PDeCAT y PP. Tras dos años sin conseguir pactar un nuevo texto ni con el gobierno de Ada Colau ni con sus socios del PSC, el Gremio ha optado por hacer la pinza con la oposición. Con el aval de PDeCAT, PP y también de Ciutadans y ERC el Gremio entró esta mañana en el registro que suaviza el actual y que con el aval de los 22 concejales deberá ser admitido a trámite al margen del ejecutivo municipal.

Concretamente, el Gremio entró en el registro del Ayuntamiento una iniciativa ciudadana, el equivalente a una Iniciativa Legislativa Popular: con la mayoría de votos del pleno (22 concejales de 41), consigue que el texto se debata en la próxima comisión de Urbanismo, prevista para septiembre. De prosperar, tendría que pasar el trámite de la exposición pública, pero podría aprobarse al margen del Gobierno municipal.

Los restauradores, que no hicieron público el texto más allá de un resumen, persiguen una ordenanza menos restrictiva. La actual, de aplicarse a rajatabla, supondría la retirada de miles de sillas y mesas, repiten desde hace dos veranos, coincidiendo con la llegada de Colau al poder. El gremio defiende que gracias a la iniciativa ciudadana, prevista en la Carta Municipal, conseguirán arrancar el trámite y que la ordenanza se apruebe a finales de este año.

Y si el lobby de los restauradores presentó ayer, 1 de agosto, la iniciativa fue porque el segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC) anunció en mayo que antes del 31 de julio habría consenso político para tramitar la nueva ordenanza.

La última embestida del Gremio llega tras dos años de intensa campaña contra la ordenanza actual, con acciones en las que han conseguido el apoyo de caras conocidas o establecimientos famosos. “La restauración no puede esperar más”, avaló el director general del Gremio, Roger Pallarols, que fue concejal socialista.

Ante la imposibilidad de aplicar la actual ordenanza a rajatabla, Colau dictó una moratoria de los aspectos más polémicos que finaliza el 31 de diciembre. El actual ejecutivo ya ha dejado claro en multitud de ocasiones que la futura ordenanza tendrá en cuenta la realidad y singularidad de los barrios. En realidad es lo que piden los restauradores, un traje a medida.

Pero pese a la tregua, durante este tiempo ha habido críticas, retiradas de algunas decenas de sillas —la última, la semana pasada en la calle de Mandri—, conversaciones con el gremio de restauradores y con las federaciones de vecinos.

Además de la calle de Mandri, en la zona alta, el Ayuntamiento también ha retirado mesas y sillas de la rambla del Poblenou, con el argumento de que en algunos tramos ocupaban más de la mitad del espacio para los peatones. En la plaza Reial el distrito planteó retirar una cuarta parte de las mesas, pero la medida se paró por la presión de los restauradores. También el célebre café Zurich de la plaza de Catalunya tendría que retirar mesas de aplicarse la ordenanza. O, ya retiradas, en el entorno de la Sagrada Família, por no cumplir las distancias con el mobiliario urbano.

De los cuatro partidos que apoyan la iniciativa ciudadana del Gremio, Esquerra es el más entusiasta. El lunes formalizó un pacto sobre una futura ordenanza de terrazas que recoge los ocho puntos que pide el gremio, como el mantenimiento de los horarios o el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas.

En el caso del PDeCAT, autor de la actual ordenanza, juega a dos bandas. El lunes, su jefe de filas y ex alcalde Xavier Trias se reunió con el teniente de alcalde Jaume Collboni y anunciaron un principio de acuerdo que “podría dar lugar a una nueva normativa antes de que finalice la moratoria”. Collboni alabó el “sentido de ciudad” del líder del PDeCAT. Y éste avisó a su turno de que su partido está también del “lado del gremio”, como ayer quedó patente.

Ayer fuentes del PDeCAT defendieron que “hay margen para la negociación para llegar al máximo de acuerdos entre todos: gobierno, grupos y gremio, y hacer una ordenanza que todos nos sintamos nuestra”. El partido mantiene que apoyará tramitar el texto del gremio si antes no hay acuerdo con el ejecutivo. Desde el PP, lamentaron que el gobierno de Colau “no haya hecho nada y sea el gremio quien tenga que presentar una iniciativa” y recordaron que si la propuesta del Gremio prospera “tendría consecuencias de Gobierno, como si la hubiera aprobado la misma Colau”.

Por parte de Ciutadans, Carina Mejías criticó “la inacción, el inmovilismo y el engaño del gobierno municipal” a quien acusó de “no tener voluntad política para modificar la ordenanza”, mientras “su pasividad municipal sigue arruinando negocios y generando pérdidas de empleo”.