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El Poder Judicial pide cuentas a la Xunta de los medios que puso para apoyar a De Lara

La juez, expedientada por retrasos por el CGPJ, sostiene que el gobierno de Feijóo niega reforzar su juzgado, colapsado por macrocasos que salpican al PP

La juez Pilar de Lara.
La juez Pilar de Lara. EFE

Tan solo un día después de que acudiese a Madrid la juez de Lugo Pilar de Lara para declarar ante sus superiores por el expediente abierto por "retrasos injustificados", el Consejo General del Poder Judicial decidió enviar una misiva destinada a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia. El mayor órgano de poder de los jueces requiere a este departamento que depende del vicepresidente Alfonso Rueda, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, que informe sobre los medios humanos y materiales facilitados a De Lara para dar salida a sus macrocausas.

Por preguntar, el promotor de acción disciplinaria que instruye el expediente a la magistrada incluso pregunta por la seguridad que ofrece Minerva, el programa informático que se está utilizando en los juzgados, a la hora de digerir sumarios tan sensibles como los de las operaciones Carioca y Pokémon. La gran mayoría de las causas que desbordan actualmente el juzgado de Instrucción 1 de Lugo implican a políticos y expolíticos y dos de ellas salpican a miembros del PP, la Pokémon y la Cóndor.

En el oficio remitido a la Xunta, el promotor de acción disciplinaria pregunta "qué personal ha sido nombrado y destinado al juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, como refuerzo, en los últimos cinco años" (a lo largo de 2012 se levantó el secreto sumarial de la Pokémon, que puso fin a bastantes carreras políticas en Galicia). El escrito exige, además, que la Dirección Xeral de Xustiza "precise" la "experiencia" de estos trabajadores. Pilar de Lara aseguró el pasado día 21 al CGPJ que el Gobierno gallego no colabora con el juzgado para paliar los problemas de personal. Explicó, entre otros muchos pormenores, que las bajas no se cubren o se hace con mucha demora, y que se nombran funcionarios sin cualificación en materia jurídica.

Tras una inspección en 2013, el propio CGPJ propuso nombrar cuatro funcionarios con experiencia para atender los trámites ordinarios del juzgado mientras De Lara instruyese los casos Carioca y Pokémon, y también solicitaba la creación de un juzgado bis de refuerzo. Pero lo que según la defensa de la magistrada ocurrió fue que varios meses después la Xunta solo nombró una funcionaria interina. Esta, tal y como recoge otra inspección en 2015, tenía una "cualificación muy baja" para aquel puesto. Posteriormente, la trabajadora estuvo enferma unos 15 meses sin que, según la declaración del día 21, Xustiza cubriese su vacante. La plaza de otro funcionario en comisión de servicio estuvo igualmente sin cubrir un año, y cuando se ocupó fue por una licenciada en químicas.

El promotor del expediente, el magistrado Ricardo Conde, también se interesa por "qué medios materiales, al margen de los ordinarios, se han prestado" a De Lara "en atención a su volumen de trabajo" y "qué peticiones ha recibido" la Xunta "para reforzar dicho órgano judicial, ya sea con medios personales, ya con medios materiales, y quiénes las han formulado". En su declaración ante el promotor y el fiscal del expediente disciplinario, la juez denunció la situación de "abandono" que supuestamente padece su departamento y entregó documentación que demuestra las veces que ha reclamado medios a la Dirección Xeral de Xustiza.

También explicó los problemas con los que se encuentran día a día los funcionarios para escanear, digitalizar, almacenar o entregar a las partes los archivos que componen los sumarios porque la maquinaria está obsoleta y los ordenadores no tienen la capacidad que requieren las macrocausas. Para la digitalización en exclusiva de la Carioca y la Pokémon, tras llegar a un acuerdo la Xunta puso a disposición del juzgado un funcionario pero de forma intermitente; el resto de las grandes operaciones que investiga Instrucción número 1 fueron asumidas por el personal que trabaja a las órdenes de De Lara.

Por último, la Dirección Xeral de Xustiza debe responder "si existe algún pronunciamiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos que afecte al sistema procesal (Minerva) utilizado por dicha Administración Autonómica como soporte para la tramitación de los expedientes judiciales en los juzgados y tribunales de su respectivo ámbito". El gobierno de los jueces quiere que la Xunta precise si hubo denuncias y cuáles fueron las causas, ya que durante la instrucción de la Operación Carioca desaparecieron archivos. En 2017 se detectaron errores del programa en los principales juzgados de Galicia y la Administración gallega tuvo que reinstalar una versión diferente del Minerva. El sindicato CSIF denunció que un fallo en la aplicación daba acceso al contenido íntegro de cualquier proceso a cualquier juez, letrado de la Administración de Justicia o funcionario, y además permitía modificar contenidos de las resoluciones y las declaraciones.

El próximo paso que dará el promotor de la acción disciplinaria abierta a la magistrada de Lugo será tomar declaración a la Letrado de Administración de Justicia (LAJ) que trabaja en Instrucción número 1. Este interrogatorio por vídeoconferencia estaba previsto para el pasado día 21, pero se aplazó para el jueves 29 a las 11 porque la declaración de Pilar de Lara, prevista para solo una hora, se extendió tres horas y media. Ricardo Conde ha reclamado a la LAJ una copia íntegra de los señalamientos fijados por el juzgado desde 2017. El CGPJ pretende comprobar si, tal y como informaron los inspectores, existe "dejadez" por parte de la magistrada o se mantienen inactivos sin justificación algunos macrosumarios durante largos periodos de tiempo.

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