El abogado de Pilar de Lara: “No hay juzgado en España con más macrocausas”

El abogado de la juez Pilar de Lara en la acción disciplinaria abierta por el Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren, ha afirmado hoy que “no hay juzgado en España con más macrocausas” que el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. El expediente disciplinario se abre por la supuesta comisión de una falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere a la “desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales”.

Agustín Azparren ha apelado a que “sí examinamos en que juzgados de España, dejando aparte los juzgados centrales de instrucción que por razones de competencia es normal que tengan macrocausas, yo creo que ahora mismo en toda España sería imposible encontrar alguna capital de provincia, u otros ciudades con más población que Lugo, en la que haya tanta macrocausa, con tantas piezas y en un solo juzgado”.

“Eso también influye, porque no son los mismos medios, ni las mismas condiciones trabajar en la Audiencia Nacional por ejemplo, que en Lugo. Hay muchos factores que influyen en posibles retrasos, retrasos que se dan también en muchos juzgados de España. Es habitual”, justifica. Y es que la jueza Pilar de Lara tiene abiertas distintas macro operaciones, como la Carioca, sobre redes de prostitución, la Pokemon, sobre adjudicaciones públicas irregulares, sobre el Garañón, la urbanización a los pies del parque Rosalía de Lugo, o la Operación Pulpo, centrada en la diputación, y la Condor sobre la empresa Monbus, que están por cerrar. Todas ellas tocan cuerdas especialmente sensibles, ya que afectan a cargos o excargos políticos y, en el caso de la Carioca, a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Respecto a la acción disciplinaria, Azparren se ha aferrado a que la jueza Pilar de Lara, “todo el mundo que la conozca profesional y personalmente, sabe que de tener un defecto es el contrario, el exceso de celo y exceso de dedicación a todas las causas”. “Desde ese punto de vista creemos que no tiene mucha base la calificación (de la acción disciplinaria) por retraso vinculado a la dejadez o a una actitud pasiva de la jueza”, argumenta.

Seguidamente aclara que “una vez que se incoa el expediente disciplinario hay un plazo máximo de seis meses; pasados seis meses caduca”. “Sí en seis meses el Consejo General del Poder Judicial no ha resuelto que sea archivado el expediente o sancionado con falta grave, muy grave o leve, el plazo expira”, ha insistido. El día que se ha sabido que el gobierno de los jueces será para el conservador Manuel Marchena tras llegar a un acuerdo PSOE y PP, Azparren recuerda que “nos vamos a encontrar con cambios en el Consejo General del Poder Judicial que puede afectar, a lo mejor, al promotor de la acción disciplinaria”, es decir, el magistrado que ha decidido incoar expediente a De Lara. El 21 de noviembre, a las doce del mediodía, la juez ha sido llamada a declarar ante el consejo acompañada de su letrado.