La Xunta ignora a De Lara y defiende los recortes al juzgado de la Pokémon
Rueda lo achaca a “criterios objetivos” y el director de Xustiza no atiende a la juez
El Gobierno gallego no ofrece argumentos sobre la retirada de medios que ha llevado a cabo en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo —en el que se instruye la Operación Pokémon, la mayor causa sobre corrupción política de Galicia— tras retirarle dos funcionarias y dejarlo, “sin justificación alguna”, en una “absoluta situación de desamparo”, según expuso el jueves su titular, la magistrada Pilar De Lara, en un escrito dirigido a la Xunta. Ayer, tras el acto de inauguración del nuevo edificio judicial ourensano en el que el presidente Feijóo se felicitó por el aumento de un 6% con respecto a 2014 en los presupuestos de la Xunta, que destina este año 120 millones a un “servicio público esencial como es la justicia”, el vicepresidente, Alfonso Rueda, fue incapaz de explicar a los periodistas las razones por las que la propia Xunta ha decidido limitar los medios en el juzgado lucense ni de anunciar alguna medida reparadora.
Mientras tanto, el director general de Xustiza, Juan José Martín, da la espalda a la magistrada, que intentó repetidas veces, entre el jueves y el viernes, que el alto cargo se le pusiera al teléfono para obtener alguna explicación del drástico y repentino tijeretazo en personal. El director siempre estaba ausente de su despacho y tenía una apretadísima agenda. Otra responsable de su departamento se comprometió el viernes con De Lara a que el lunes (por ayer), Martín le devolvería la llamada. Pero, de nuevo, no lo hizo.
El viernes pasado, sin embargo, la Consellería de Presidencia, que dirige Rueda, explicó que las dos funcionarias, con orden (recibida por teléfono) de marchar del juzgado a finales de esta semana, cesan porque formaban parte de algo que la Xunta definió como “juzgado paralelo”, un equipo encabezado por una juez de refuerzo que daba apoyo a De Lara. Esta juez, Hortensia Bouso, consumió la tercera y última prórroga de seis meses en ese puesto el pasado 1 de enero. Había sido nombrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que una inspección en 2013 determinara la necesidad de respaldar a la titular del 1 de Lugo con otro juez, un secretario y cuatro funcionarios. A la Xunta le correspondía poner a estos últimos, pero en su lugar solo designó un funcionario. Ahora retira dos, y asegura que están vinculados a ese “juzgado paralelo”, pero, según fuentes de los juzgados, se da la circunstancia de que una de las dos trabajadoras que cesa lleva en el puesto desde 2011, es decir, dos años antes del nombramiento de la juez de refuerzo.
Rueda respondió a los medios emplazado por Feijóo, que, inusualmente, prefirió que hablara su número dos. Pero el conselleiro se aferró a una única frase: la retirada de las funcionarias “no es en absoluto un castigo” al juzgado y obedece “a criterios objetivos” que no fue capaz de precisar. Tampoco aclaró si esa supresión de medios —justo cuando se indaga la supuesta trama de financiación ilegal del PP de Ourense y Aduanas informa sobre facturas falsas que salpican al consistorio coruñés— pone en riesgo la investigación considerando que la juez ,que instruye también la Carioca, se encarga además de todas las causas ordinarias. “La valoración de la repercusión le corresponde a quien se está haciendo cargo de la instrucción [en alusión al CGPJ] y no a la Xunta”, esquivó.
Por su parte, el vocal del Consejo en Galicia, Juan Manuel Fernández, comprometió que “en el menor tiempo posible” este órgano buscará una solución a la ausencia de la juez de apoyo que le fue retirada, dijo, porque “la medida no fructificó”. Fernández sostiene que están “reflexionando”, y admite que una opción es la de designar un juez de adscripción territorial. Estos, un pequeño grupo itinerante para cada provincia, son nombrados por el Tribunal Superior. El vocal del CGPJ señaló que había hablado “en las últimas horas” con la Xunta y aseguró que tiene su compromiso “para colaborar” cuando el Consejo decida reforzar el juzgado de De Lara.
“Jornadas maratonianas” en el juzgado del ‘caso Zeta’
Tanto los trabajadores del Juzgado número 1 de Lugo como los sindicatos han salido al paso de la polémica para denunciar la obstrucción que provoca la falta de medios de la Xunta en las macrocausas contra la corrupción. UGT habla de la “mezquindad” de la Dirección Xeral y del “cinismo” de Rueda. Considera que el caso del juzgado de Pilar de Lara “es especialmente clamoroso y sospechoso” porque “puede esconder una intencionalidad descarada, ya que nada le convendría más a la clase política que los macroprocesos que en este juzgado se llevan se retrasaran, o por causa de dilaciones indebidas pudieran terminar siendo nulos”. “Otro tanto”, continúan, “estaría sucediendo en el 6 de A Coruña, donde se sigue la Operación Zeta”. Allí, “desde hace un mes se están recibiendo declaraciones en jornadas maratonianas de mañana y tarde sin recibir la menor medida de apoyo”, describe el sindicato. En la Zeta, recuerda UGT, “nos encontramos nuevamente con implicaciones políticas”, ya que involucra a cargos del PP.
El cese de las funcionarias de Lugo, según CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), lo aboca “al más absoluto colapso”. La falta de medios y de espacio en este juzgado se refleja en el “hacinamiento de los funcionarios”, “con los expedientes amontonados en mesas y suelo”.
En un escrito a Rueda, las siete funcionarias del Juzgado de Lugo, incluidas también las firmas de las que cesan, expresan su “malestar” y se preguntan si “el verdadero deseo” de los políticos no será “retrasar la tramitación de expedientes que, en algunos casos, les puedan afectar directamente”. “No en vano, a la vuelta de la esquina habrá elecciones”, terminan: “Considerarán conveniente poner alguna piedra en el camino y ver si pueden pasar estas citas sin más sobresaltos”.
