Pilar de Lara declara durante más de tres horas ante el Poder Judicial

Desde las 12 en punto hasta las tres y media de la tarde. El promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial tenía previsto que la magistrada Pilar de Lara, titular de Instrucción número 1 de Lugo, declarase durante una hora, pero su pormenorizado relato de la situación de colapso que sufre su juzgado se alargó tres horas y media. De tal manera que la declaración por videoconferencia de otra funcionaria que trabaja con la juez ha tenido que ser aplazada. Y sobre la mesa de los magistrados que instruyen el expediente disciplinario contra De Lara han quedado unos 700 folios de alegaciones y varias carpetas cargadas de documentación, además de fotos del juzgado desbordado por los macrosumarios.

El abogado de la magistrada cuyas investigaciones mantienen en vilo desde hace años a políticos, empresarios, proxenetas, traficantes de personas, narcos y agentes de los cuerpos de seguridad del Estado cree que De Lara ha logrado desmontar los argumentos de la inspección realizada en el juzgado. El expediente le atribuye "desatención o retrasos injustificados" y la toma de decisiones que generan "ficticios incrementos" de la carga de trabajo. "Tenemos muy buena sensación porque contestó con firmeza, de memoria y con todo lujo de detalles" sobre cada una de las macrocausas (en Lugo ha llevado hasta 202 procedimientos de los que todavía están pendientes de cerrar 47), ha comentado a la salida su defensor, Agustín Azparren. “Los retrasos que puede haber no son imputables a ella”, ha asegurado. “Todo el mundo sabe que trabaja muchísimas horas al día; dedica mucho tiempo con gran rendimiento al juzgado”.

Según el abogado, De Lara ha justificado los retrasos y ha explicado que en lo que de ella depende directamente, resuelve "el mismo día o en dos o tres días, con muy poco margen". Ha atribuido las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, entidades bancarias o incluso países extranjeros, en investigaciones a escala internacional como son la Carioca o la Cebra. Pero sobre todo, la magistrada ha aclarado al promotor de acción disciplinaria, Ricardo Conde, y al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que entre su juzgado en Lugo y los que en Madrid asumen macrocausas como las suyas hay un mundo. Según ella, la escasez y precariedad de los medios materiales y humanos ahogan unas dependencias de provincias donde se desempeñan funciones propias de un juzgado central de instrucción.

La magistrada ha defendido que muchas de las afirmaciones del acta de los inspectores que visitaron el juzgado lucense durante 10 días de mayo son falsas, erróneas o sesgadas, entre otras cosas porque no recogen documentos clave, omiten información y le achacan cuestiones que dependen de otros funcionarios y no del instructor. "En ninguno" de los casos señalados, afirma su abogado, las supuestas dilaciones fueron por su responsabilidad, sino que obedecían en unos casos a trámites pendiente de informe, diligencias pendientes de periciales, exhortos o recursos de apelación que aún no se habían resuelto.

En 2013, tras otra inspección, el propio CGPJ concluyó que el juzgado de Lugo necesitaba al menos cuatro funcionarios de refuerzo y un segundo juez de refuerzo mientras no se concluyesen la Carioca y la Pokémon, pero de todo esto la Dirección Xeral de Xustiza (responsable de facilitar los medios) solo puso una trabajadora. Según fuentes de los juzgados, la Xunta tampoco ha cubierto bajas, alguna de ellas de hasta 14 meses, ni renovó con continuidad el puesto de la persona encargada de digitalizar esas macrocausas. Por no tener, durante mucho tiempo el juzgado no tuvo más que una impresora multifunción, con frecuencia atascada, para escanear, enviar faxes o fotocopiar. La máquina servía para las grandes investigaciones y los asuntos ordinarios que también se atienden en Instrucción 1; y según el personal ni los ordenadores ni el propio programa informático del juzgado están previstos para asimilar los cientos de miles de folios de los sumarios en marcha. La inspección de 2018 llegó justo después de los tres meses de huelga de los funcionarios que mantuvo paralizada buena parte de la justicia gallega.

Según Azparren, "casi todas" las objeciones se refieren a la Operación Carioca, la mayor investigación judicial sobre prostitución que se ha instruido en España. Se trata, defiende el abogado, de una causa aún más voluminosa que la de los atentados del 11-M: "Tiene 272 tomos, unos 130.000 folios y 10 fiscales asignados" frente a una sola instructora que además debe atender muchas otras operaciones. "La causa del 11-M constaba de 241 tomos y 43.000 folios" y un juez asignado en exclusiva.

Ante el magistrado del CGPJ responsable de instruir la acción disciplinaria y el fiscal, Pilar de Lara también ha relatado las presiones sufridas a lo largo de los últimos 10 años (desde que abrió la diligencias de la Carioca) por tocar ámbitos tan sensibles como el de los cuerpos de seguridad y la política. Los ataques a la juez y su familia; a los investigadores que trabajan a sus órdenes y a testigos de las causas; la violación de precintos judiciales o la misteriosa desaparición de archivos de la Carioca son algunos de los episodios denunciados hace tiempo ante el Tribunal Superior de Xustiza. Pero la juez de Lugo también ha recibido amenazas de muerte (contra ella y su hija) y ha sufrido un intento de agresión (que todavía está judicializado) e insultos y acoso a través de foros. En varias ocasiones ha visto amanecer Lugo con pintadas difamatorias contra ella y su marido.

A esto, según su abogado, se ha sumado la "presión" de la inspección y el expediente disciplinario. “Con todo el trabajo que la juez tiene de por sí, un expediente siempre afecta, y es una presión más a la que habitualmente tiene que hacer frente”, ha comentado Azparren. “Si los equipos de inspección se dedicaran a ir a todos los juzgados de España probablemente encontrarían retrasos en el 80%”. “El trabajo que existe en los juzgados es superior al que pueden desarrollar normalmente los jueces”, reivindica. Cuando acabe la primera fase de pruebas en el proceso disciplinario, si el fiscal no pide que se efectúen más el caso podría archivarse o derivar en un pliego de cargos contra la magistrada que acabaría desembocando en la Comisión Disciplinaria del Consejo para determinar una sanción.