Las patronales del alquiler turístico, en pie de guerra contra la Ley de Turismo

El desarrollo de la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad ha despertado el enfrentamiento abierto entre el sector del alquiler de viviendas turísticas y la administración autonómica debido a las dificultades que las patronales encuentran a la hora de dar de alta nuevos alojamientos de alquiler.

Ese distanciamiento se ha puesto de manifiesto durante el IV Congreso Nacional de Apartamentos y Viviendas Turísticas que se ha celebrado hoy en Benidorm, cita en las que las principales asociaciones de alquiler turístico han presentado un documento conjunto en el que afirman que el marco regulatorio de la ley “puede suponer en la práctica la asfixia del sector”.

El documento está firmado por seis asociaciones de alquileres vacacionales (APTUR, AEA, ALOGA, AVAEC, VIUTUR y ABTA) y al mismo se ha adherido también el Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA). En él se critica que la “hiperregulación” de la ley supone “un ataque a algunos derechos fundamentales recogidos en la Constitución” y que el desarrollo de la misma va “contra la libertad y contra el signo de los tiempos”.

Para los empresarios del sector el problema reside en que la ley solo permite el alta de nuevos pisos turísticos si se tiene un informe de compatibilidad urbanística, un documento que conceden los ayuntamientos y que deja, por tanto, en manos de la administración local la regulación.

Ocurre que los Ayuntamientos no están otorgando tales certificados porque en muchas ocasiones el uso turístico no viene contemplado en sus Planes Generales de Ordenación Urbana y sería necesario acometer modificaciones puntuales de los mismos. De hecho, las altas de pisos turísticos han bajado de forma significativa en los últimos meses.

“Se avecinan tiempos difíciles” afirmaba José Villanueva, presidente de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (AVAEC), que ha lamentado que los ayuntamientos “no saben qué hacer con los certificados de compatibilidad urbanística”. También Mariano Espinosa, presidente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Viviendas de la provincia de Alicante (AEA) ha cuestionado la utilidad de realizar campañas en favor de la legalización de viviendas turística “si luego llegamos a los ayuntamientos y no podemos declararlas. Ya me dirán ustedes qué hacemos”. Las patronales han reclamado que, al menos, se les concede “una provisionalidad” para poder seguir operando “mientras todo se arregla”.

“Es una locura. No se entiende cómo una comunidad que vive en gran parte del alquiler vacacional se le ocurre frenar la actividad. Es un daño inmenso que hay que corregir. Si no, es la ruina” añadía Espinosa.

Es más, los firmantes del manifiesto creen que el perjuicio que se provocará a la economía no afectará solo a las empresas y propietarios de pisos y viviendas turísticas “sino a otros muchos sectores de la economía de la Comunidad Valenciana”.

Ese mismo manifiesto recoge asimismo la opinión de que hay algún ‘lobby’ “interesado” en atacar a las viviendas turísticas. Solo así se entendería “el continuo bombardeo en los medios de comunicación contra nuestra actividad” sostienen.

En el congreso, la directora general de Turismo, Raquel Huete, ha recordado a las patronales que su sector se comprometió a no comercializar viviendas que no cumpliesen la legalidad y a intercambiar información y ha apelado a la “gobernanza colaborativa” para alcanzar acuerdos para “un futuro juntos”. “Eso es lo que les pido a todos ustedes, ser capaces de construir juntos el modelo, hablando y rectificando y, sobre todo, aportando ideas”.

Huete ha alejado cualquier duda sobre la aplicación retroactiva de la ley, que las asociaciones habían tildado de “ilegalidad” en caso de que se llevase a cabo. “Eso supondría desautorizar a más del 80% de las viviendas turísticas”, según exponían en el manifiesto.

Sin embargo, la directora de Turismo ha insistido en que la regulación de los pisos turísticos es una cuestión urbanística “y eso es potestad de los ayuntamientos”.

En ese punto, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha abogado por un “necesario equilibrio” en la convivencia entre turistas y residentes “que se está empezando a poner en cuestión en algunos destinos”. En su opinión, la lucha contra el fenómeno de la ‘turismofobia’ “no pasa por limitar la actividad, sino por proporcionar a los gestores de viviendas turísticas herramientas legales que permitan ejercer el debido control sobre el uso que los clientes hacen de las viviendas”. Pérez admitía también que el cambio legislativo “ha generado incertidumbre e inseguridad y ello precisa de respuestas”.

Según los datos oficiales, el número de apartamentos y viviendas turísticas registrados en la comunidad era de 62.433 a fecha 31 de diciembre de 2017 (últimos datos disponibles). Esa cifra representa 305.614 plazas, el 57,88% de las plazas totales de toda la Comunidad Valenciana.