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El ultimátum de Airbnb a sus clientes dispara el registro de viviendas turísticas en Andalucía

La empresa ha retirado 18.000 ofertas ilegales. Otras plataformas han comenzado a implantar medidas obligatorias similares para favorecer la transparencia del servicio

Víctor Tarifa, propietario y gestor de viviendas de alquiler en Sevilla / EPV.

Un cartel furtivo enganchado en un balcón, en una farola o en un poste de la luz. Ese número de teléfono heredado del verano anterior o del boca a boca de familiares y amigos. De esas formas primitivas y clandestinas con las que se alquilaban apartamentos de veraneo en Andalucía hace más de una década poco o nada queda. La mayor parte del negocio lo han devorado plataformas digitales.

En este tiempo, esas empresas de alquileres turísticos se han sumado, además, a la senda de favorecer la transparencia y las buenas prácticas de sus clientes en las ofertas que se publican en sus portales. El gigante Airbnb fue el primero en abrir el camino al anunciar en mayo que ponía a disposición de sus clientes un sistema online para facilitar el registro de sus casas o pisos de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación de Andalucía de 2016. Este portal, además, daba de plazo hasta el 30 de septiembre a sus anfitriones para regularizar su situación o si no los eliminaría de la plataforma. La herramienta que han generado supone un mecanismo de colaboración entre Airbnb y la comunidad autónoma, un sistema pionero en España, ya que hasta ahora la plataforma solo había creado sinergias similares con el Ayuntamiento de Barcelona. Otras compañías han seguido su estela obligando a sus usuarios a cumplir con la normativa. Una iniciativa que ha puesto cerco a la oferta ilegal en esta comunidad.

El ultimátum de Airbnb ha provocado un incremento notable de las inscripciones de viviendas con fines turísticos, de acuerdo con los datos de la Junta de Andalucía: se ha pasado de 35.000 viviendas inscritas en mayo a 41.616 a finales de septiembre. “Hacemos una valoración muy positiva de la colaboración de las plataformas para impulsar la regularización de las VFT [viviendas con fines turísticos]. En estos meses ha subido mucho el número de registros, lo que demuestra la voluntad del sector de estar regularizado”, explica Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.

El negocio del alquiler turístico movió en Andalucía 9.300 millones de euros en 2017, según datos del V Barómetro del alquiler en Andalucía, elaborado por la Universidad de Salamanca. La oferta se concentra con diferencia en la Costa del Sol, donde se han registrado 24.119 VFT, según los datos de la Junta, con cabida para 122.969 plazas. Marbella es la localidad donde se concentra el mayor número de estas viviendas, de acuerdo con un informe de la Universidad de Málaga. No obstante, según sus conclusiones preliminares, el sector hotelero tiene un impacto casi 10 veces mayor en la creación de empleo que las viviendas con fines turísticos.

Airbnb ha cumplido su palabra y el 1 de octubre eliminó de su portal 18.000 anuncios de viviendas destinadas a viajeros en Andalucía, una criba que implica un duro golpe para la oferta clandestina. De acuerdo con los datos de la compañía, en la comunidad cuenta con 40.800 anuncios. Isabel López ha visto cómo dos de sus cuatro casas en el centro de Conil de la Frontera (Cádiz) han pasado a la ilegalidad, debido a las condiciones que establece la legislación andaluza, entre ellas obtener una licencia de ocupación. López ha conseguido sin problema su número de VFT para dos de sus viviendas, ubicadas en fincas históricas pero con licencia de segunda ocupación gracias a unas reformas previas. Sin embargo, peor le ha ido las con otras dos casas, sin reformar y, por tanto, sin licencia. El pasado 30 de septiembre Airbnb descolgó de la plataforma sus otras dos casas, sin reformar y, por tanto, sin licencia. “Eso me resta ingresos”, dice López, que va a hacer obras en una de ellas para cumplir con el Plan General de Ordenación Urbana de Conil y conseguir la ansiada cédula. “El otro apartamento no se puede adaptar, así que lo dejaré en standby hasta que la normativa no cambie”, reconoce la propietaria.

La amenaza de la saturación turística

La legislación de la Junta deja a la discrecionalidad de los Ayuntamientos la concesión de las licencias de obra, lo que ha provocado que muchos consistorios, como el de Marbella o Cádiz, hayan paralizado el otorgamiento de estas cédulas a la espera de los resultados de los informes que han encargado para medir el impacto de las viviendas turísticas en las ciudades. “Queremos buscar un equilibrio y evitar la saturación y una nueva burbuja”, explican desde el gobierno local marbellí. “El decreto tiene una buena intención, pero supedita todas las condiciones a una normativa de planeamiento que es dispar, dependiendo de la ciudad”, reconoce Víctor Gómez, responsable del estudio gaditano Doble G Arquitectos. A él ya han acudido más de 30 propietarios de la provincia en los dos últimos años para que les intente dar una solución.

Víctor Tarifa se dedica profesionalmente a la gestión de viviendas turísticas. En la actualidad, se ocupa de 10 pisos en Sevilla. Él no entiende que las plataformas hayan tardado tanto de exigir a sus anfitriones que cumplan con la legalidad. “No hacer nada les perjudica, porque están fomentando que se abran a tu lado pisos ilegales que lo que hacen es tirar a la baja de los precios”, sostiene.

La irregularidad, sin embargo, sigue siendo una realidad que amenaza al sector. La Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT) (que agrupa a Niumba, Rentalia, Spain Holiday y Homeaway) tiene en total 60.000 viviendas anunciadas en la comunidad, si bien en ese cómputo la misma vivienda puede estar anunciada en varias de sus empresas asociadas. Al no existir exclusividad entre los clientes, los mismos apartamentos pueden publicitarse en varias plataformas, pero la cifra que ofrece la PAT, comparándola con el registro de la Junta, demuestra que aún existe mucha oferta ilegal.

Esta asociación también está comprometida con la regularización del sector. “Desde hace tres semanas hemos anunciado a nuestros clientes que va a ser obligatorio que incluyan su número de registro tal y como estipula la Junta “, explica Almudena Ucha, presidenta de PAT, que asegura que están trabajando en buscar “soluciones y herramientas” para extender la imposición del registro a toda su oferta en Andalucía. No obstante, de momento, si no cumplen, no tienen previsto eliminarlos de sus páginas web.

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