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La guerra por Airbnb se calienta

Vecinos, hoteleros y plataformas digitales chocan en sus propuestas para regular las viviendas de alquiler turístico. El Gobierno prepara una mesa negociadora

Turistas en el centro de Madrid / En vídeo, entrevistas con el responsable de Políticas Públicas de AirBnB en España y Portugal y Asociación Vecinal del distrito Centro de Madrid

El curso político comienza como terminó el anterior: caliente por la polémica de la vivienda de alquiler turístico. Después de que en agosto irrumpiera en el debate la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con un ataque a las normas restrictivas de Madrid, Bilbao y San Sebastián y con un controvertido informe que ponía en duda el efecto en el precio de la vivienda del boom de Airbnb, el Gobierno ultima una mesa negociadora con los actores involucrados de cara a una futura regulación.

Exigencias como que las viviendas en alquiler cuenten con una entrada independiente, la creación de un registro único para toda España, reformas que otorguen más poder a las comunidades de propietarios o el papel de estas plataformas en los disparados precios del alquiler dividen a vecinos, plataformas digitales y al sector turístico tradicional. Desde la reclamación de los vecinos de que las viviendas se usen solo como viviendas y no como negocio hasta las plataformas digitales, que piden más seguridad jurídica, EL PAÍS ha hablado con ellos.

Marco legal

Una de los escasos puntos en los que coinciden los consultados es en la necesidad de un marco general que dé claridad a este sector con multitud de iniciativas municipales y autonómicas. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) reclama al Gobierno central que unifique el tratamiento de asuntos como la fiscalidad, la seguridad ciudadana y los derechos del consumidor. “Son normas básicas de competencia estatal”, asegura Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM.

Almudena Ucha, presidenta de la recién creada Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT) –con empresas como HomeAway y Rentalia pero sin la participación del gigante Airbnb- pide a las administraciones una definición única del alquiler vacacional. “Queremos una regulación clara y acorde con lo que hacemos: alquilar viviendas. Y sin requisitos de imposible cumplimiento”, asegura Ucha, en una mención a regulaciones como la de Madrid, que exigirá a los pisos turísticos un acceso independiente, lo que dejaría fuera al 95% de la oferta actual del centro de la ciudad.

Más poder a la comunidad

La FRAVM quiere reforzar a las comunidades de propietarios para decidir si en un inmueble se admite un piso de alquiler turístico. Ahora, ese poder es prácticamente nulo, ya que para evitarlo los vecinos deben votar todos a favor. “Reclamamos una reforma de la ley de propiedad horizontal que obligue a una mayoría o, incluso, la unanimidad de toda comunidad”, asegura Pérez. “Debe haber un mínimo común denominador para toda España, y que cada comunidad autónoma incorpore sus especificidades”, añade José Luis Zoreda, de Exceltur, vicepresidente del lobby del sector turístico.

Registro único

“Lo primero es que los pisos turísticos estén en un registro nacional regulado”, dice el representante de Exceltur, que achaca a las plataformas digitales falta de colaboración. “Esto es un tsunami que se nos ha ido de las manos. Dejémonos de buenismos y de economías colaborativas. Este es un negocio que ha crecido exponencialmente. Las plataformas tienen que ser corresponsables en el cumplimiento de la ley. Todo lo demás es papel mojado. Si quisieran colaborar, el problema se resolvía de un día para otro. El problema es que entonces perderían gran parte de su negocio”, añade Zoreda. Pese a la distancia que le separa de los postulados de Exceltur, Ucha, de la PAT, también reclama un registro único, que sea online, rápido y sin trabas administrativas

Quejas vecinales

Los vecinos madrileños se quejan de cómo Airbnb ha dañado la convivencia en muchas comunidades. En la FRAVM hablan de ruidos por las noches con fiestas habituales, turistas que llegan a altas horas de la madrugada con el traqueteo de las maletas, borracheras, bolsas de basura en las escaleras, enfrentamientos o roturas de elementos comunes. “Es muy raro encontrar una comunidad con viviendas de uso turístico en la que los vecinos estén contentos”, asegura Pérez.

Fuego cruzado en la CNMC

El informe de la CNMC ha recibido el aplauso de las plataformas digitales y las críticas más encendidas de Exceltur y los vecinos. “Han actuado porque han visto que las normas municipales iban contra la libre competencia. No se lo sacan de la chistera”, aducen en la PAT. “La CNMC ya nos tiene acostumbrados a ponerse del lado de los más débiles”, responde en la FRAVM. “¿Cómo que no está contrastado que haya externalidades negativas? Es manifiesto que las hay en París, Nueva York o Berlín. Al igual que en España”, protesta el representante de Exceltur.

Sobre el informe en el que Competencia decía no haber constatado que Airbnb hubiera inflado el precio de la vivienda, el representante de los vecinos es aún más crítico. “Decir que eso era un informe es un insulto a la inteligencia. Era tan solo un conjunto de afirmaciones ideológicas sin ninguna base”, concluye Pérez. A raíz de este informe, las asociaciones de vecinos han solicitado la comparecencia en el Parlamento del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.

Una mesa sectorial para “poner orden”

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convocará a finales de este mes una mesa de trabajo para abordar el sector de la vivienda de alquiler vacacional. A esta reunión acudirán las comunidades autónomas y todos los actores relevantes, como patronales hoteleras, federación española de Municipios y Provincias, las plataformas digitales, sindicatos y asociaciones de vecinos y consumidores. Una portavoz ministerial explica que se está revistando la normativa estatal para elaborar una propuesta que la ministra Reyes Maroto pueda presentar a comunidades y resto de implicados. La idea es presentar unas líneas generales maestras “para poner un poco de orden” en el sector.

Una vez puesta esta base, serían las comunidades, las competentes en turismo, las que establecerían sus normas, y los Ayuntamientos, responsables de urbanismo. “Queremos dar voz a todos los implicados”, aseguran en el ministerio. En Exceltur valoran positivamente que por primera vez el Gobierno esté aunando sensibilidades en distintos departamentos para presentar una propuesta común al fenómeno de Airbnb.