Los servicios sociales de Barcelona dejarán de acudir a los desahucios

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona dejarán de acompañar a las comitivas judiciales en caso de desahucios en los que haya menores de edad, discapacitados o personas mayores. Lo ha anunciado este martes la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz. En Barcelona, la asistencia de trabajadores sociales en los desahucios se produce desde 2013. El entonces alcalde, Xavier Trias, firmó un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Generalitat y los colegios de abogados y procuradores, para que, ante la creciente conflictividad en las ejecuciones hipotecarias, los servicios sociales prestaran "auxilio" a las comitivas judiciales.

Los profesionales de los servicios sociales, cuyo colegio profesional no participó en el protocolo, llevan años rechazando esta asistencia: argumentan que su presencia no es ética, porque la administración no "garantiza un realojo digno de los ciudadanos” afectados por un desahucio, porque no hay suficientes pisos públicos o de emergencia. El anuncio municipal se ha producido coincidiendo con una protesta de estos trabajadores convocada por los sindicatos CC OO, UGT y CGT, que tienen otro frente de protesta: la orden recibida para frenar las ayudas sociales hasta finales de año. Unos 200 empleados se han concentrado a mediodía en la plaza de Sant Miquel y se han producido momento de tensión cuando han intentado entrar en el Ayuntamiento para asistir a la comisión de Derechos Sociales.

"No iremos más [a los desahucios]", ha afirmado Laia Ortiz durante la comisión del área de Derechos Sociales. Ortiz ha explicado que ya ha hablado con la juez decana de la cuestión y en las próximas semanas dará una instrucción clara al respecto a los trabajadores. "Asistir a la comitiva como dice el protocolo, es desvirtuar la función de los servicios sociales, que ya trabajan con las familias previamente y para buscar soluciones si hay desahucio", lamenta Ortiz: "No lo damos por bueno", ha añadido y ha avanzado que quieren "replantear", el protocolo. La edil también ha denunciado que cada vez hay más desahucios "confidenciales", de los que no se informa de la fecha, y que un centro de servicios sociales puede tener varios avisos al día, de forma que resulta "inviable" asistir a todos.

La responsable de los servicios sociales municipales ha recordado que en el momento de los desahucios ya están presentes los equipos SIPHO (Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida y /o ocupación, creado por el actual gobierno municipal). "Hay otros servicios con los que estamos coordinados que tienen presencia allí, la intervención social no tiene sentido en el momento en el que se desahucia a la familia", ha apuntado y ha asegurado que el contacto y atención a las familias se produce antes y después de las ejecuciones. Los sindicatos de los servicios sociales confirman la presencia de estos equipos en los desahucios.

La primera denuncia de los servicios sociales de Barcelona por su papel en los desahucios se produjo en enero de 2015. Aseguran que su trabajo es ayudar a las familias pero que si no pueden ofrecerles una garantía de realojo, se rompe el vínculo con los usuarios. Hace tres años y medio, cuando la alcaldesa Ada Colau llevaba apenas una semana en el poder, le escribieron para recordarle que se les obligaba a hacer este trabajo. Y desde entonces no han parado de denunciarlo.

Durante la concentración de este martes han celebrado el anuncio de la teniente de alcalde, pero han asegurado que no dejarán de asistir hasta tener una instrucción por escrito, y también se han preguntado "por qué se ha tardado tanto", en palabras de la secretaria general de CC OO en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, Victoria García. "Nuestro trabajo lo podemos hacer antes o después del desahucio, no es necesario acompañar a la comitiva judicial", ha añadido. A su lado, Israel Ureña, de CGT, sintetizaba: "Mandar servicios sociales a un desahucio es como mandar a un médico a la guerra sin medicación ni instrumental". Desde UGT, Samuel Llera considera que la presencia de servicios sociales en un desahucio es "cosmética", porque "los trabajadores no pueden evitar el desahucio" y las familias les ven "como cómplices" de la comitiva que acude a echarles de casa.