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PSC y ERC fuerzan una comisión sobre el freno a las ayudas sociales

Los sindicatos han alertado de que Colau ha ordenado limitar las nuevas ayudas

Varias personas hacen cola en servicios sociales de Nou Barris.
Varias personas hacen cola en servicios sociales de Nou Barris.

Los grupos municipales del PSC y ERC en el Ayuntamiento de Barcelona han solicitado la celebración de una comisión de Derechos Sociales extraordinaria para pedir explicaciones sobre la orden que ha dado el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau de que los centros de servicios sociales frenen la concesión de nuevas ayudas sociales.

La limitación de nuevas ayudas sociales (en cuestiones como transporte, material escolar, alimentación o salud) y del pago de pensiones a familias desahuciadas ha sido denunciada por los sindicatos CC OO, UGT y CGT, informó ayer EL PAÍS. El ejecutivo municipal respondió que Barcelona es la ciudad española que más gasta en servicios sociales, pero advirtió de que “los recursos no son infinitos”.

La comisión se puede convocar durante las próximas dos semanas, pero el PSC, impulsor de la iniciativa, confía en que el resto de grupos aprecien la urgencia y accedan a convocarla antes de la sesión prevista para el próximo martes día 16. En el texto que firman PSC y ERC para solicitar la comisión piden que comparezca el responsable de los servicios sociales “para informar del alcance, en detalle, de los recortes de las ayudas sociales para colectivos vulnerables”.

“Noticias de recortes”

El PSC insistió ayer, como antes del verano, en asegurar que el equipo de la alcaldesa Ada Colau se ve obligado a aplicar recortes debido a la menor recaudación por impuestos, sobre todo las plusvalías derivadas de las compraventas de pisos y otros bienes inmuebles. “Volvemos a tener noticias de recortes”, lamentó Collboni sobre unas medidas que el gobierno evita calificar con la misma palabra y habla de “reajustes”.

Desde el PDeCAT, la concejal Sònia Recasens, alertó también de ajustes y aseguró que se están produciendo y aseguró que “se está reteniendo el pago de partidas para evitar hacer déficit”. También afirmó que el interventor municipal ha alertado de que los 17 millones de coste del nuevo convenio de los empleados municipales “se han sacado de otras partidas”.

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